Europa salva al euro, pero pierde a los ciudadanos
Los gobiernos lograron reconducir la crisis en torno a la moneda común pero el rechazo a las políticas de austeridad aumenta entre los ciudadanos
José Ignacio Torreblanca
Madrid, El País
El euro necesitaba dos cosas para salvarse: una decisión política clara que pusiera fin a las especulaciones sobre su futuro y un instrumento financiero que hiciera creíble esa promesa. En 2012, tras varios años de dudas, torpezas y errores, los líderes europeos hicieron las dos cosas: por un lado, la Canciller alemana, Angela Merkel, aceptó iniciar el camino hacia una unión bancaria; por otro, el presidente del BCE, Mario Draghi, logró la autorización para comprar en los mercados cuanta deuda fuera necesaria para salvar al euro. Estas dos decisiones sacaron al euro del precipicio en el que se encontraba y lo situaron en una senda de estabilidad desconocida durante los últimos años.
De la solidez adquirida por el euro, al menos temporalmente, habla el muy reducido impacto del caos poselectoral italiano. Recordemos el shock que en octubre de 2011 produjo la decisión de Yorgos Papandreu de convocar un referéndum para convalidar o rechazar las políticas de ajuste dictadas por la Troika; su anuncio disparó algunos de los índices de incertidumbre que manejan los analistas financieros hasta cotas superiores a las que siguieron a los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Y no olvidemos tampoco las elecciones griegas de junio de 2012, cuando la perspectiva de una victoria de la coalición de izquierdas representada por Syriza fue planteada en términos de "Armagedón financiero". Sin duda que Italia es un caos, pero el euro resiste, al menos por el momento.
Pero el resultado italiano, a la vez que de la fortaleza del euro, habla de la debilidad política de Europa y señala una crisis de legitimidad que peligrosamente se está abriendo camino de elección en elección. Los datos del Eurobarómetro, el sondeo de opinión que la Comisión Europea elabora semestralmente, indican con toda claridad hasta qué punto la crisis ha deteriorado la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea. En países como España, la confianza "neta" en la UE (una medida que resta el porcentaje los que desconfían de los que confían) era en 2007, antes de que comenzara la crisis, de 42 puntos (65% que confiaban frente a 23% que desconfiaban). Hoy, sin embargo, se ha trasformado en una desconfianza neta de 52 puntos (72% que desconfía frente a sólo 20% que confía). Un desplome espectacular.
Este trayecto desde los 42 puntos de confianza a los 52 puntos de desconfianza obliga a una reflexión en profundidad, especialmente en un país tradicionalmente tan europeísta como España. Pero a tenor de los datos del gráfico adjunto, donde se muestra que el fenómeno se extiende a todos los países de la eurozona, la reflexión la deberemos hacer de forma colectiva, no sólo en clave española. En Grecia, Irlanda, Portugal, Irlanda, Chipre, la UE es vista con una desconfianza tan abrumadora como la que observamos en España. Significativamente, sin embargo, este auge de la desconfianza en la UE tiene lugar no sólo en los países deudores, sino en los países acreedores o en mejor situación financiera: en Alemania, Austria, Francia, Países Bajos o Finlandia la gente tampoco confía en la UE. Claramente, la desconfianza no es sólo sobre la UE sino de unos países y ciudadanos sobre otros. En la situación actual, todos parecen perder y nadie gana.
Nos encontramos pues ante un importante problema de legitimidad. Un sistema político no puede beneficiar a todo el mundo todo el tiempo. Gobernar es elegir, asignar prioridades, tomar decisiones dolorosas, beneficiar a unos a costa de otros. La legitimidad se refiere a la aceptación por parte de los ciudadanos de las decisiones de su sistema político que les son desfavorables. Esa aceptación puede deberse a un sentimiento de pertenencia a un grupo más amplio, a consideraciones de justicia o equidad o bien a la conformidad con el procedimiento de adopción de esas decisiones. En el ámbito europeo, donde la identidad colectiva, los valores comunes y los procedimientos democráticos son todavía muy incipientes, la legitimidad ha venido sobre todo de la mano del desempeño económico: a mayor crecimiento económico, mayor apoyo popular a la integración europea, y viceversa. Eso supone que la reserva de legitimidad del sistema, al estar casi exclusivamente asociada al crecimiento económico es débil y tiende a agotarse rápidamente en situaciones de crisis.
Eso es lo que estamos viviendo ahora. Por un lado, aunque las políticas de austeridad pueden estar teniendo éxito a la hora de controlar los déficits (no así para reducir la deuda), no producen crecimiento ni empleo por lo que no consiguen generar el apoyo ciudadano que necesitan para sustentarse. Y lo que es peor: al forzar a los gobiernos a violar sistemáticamente las promesas electorales bajo las cuales fueron elegidos y gobernar con las mismas políticas independientemente de su color político, socavan también la legitimidad de los sistemas políticos nacionales. Como vemos en los países intervenidos, los sistemas políticos se desgastan (como en España y Portugal), o se descomponen (como en Grecia e Italia). Mientras, al otro lado, en los países acreedores, como tampoco hay crecimiento económico, la sensación dominante es que los países del sur son un pesado lastre que absorbe sus escasos recursos y ralentiza su progreso.
Es con estos mimbres de desafección y desconfianza tan deteriorados con los que la UE debe completar una integración política y económica imprescindible. El euro se ha salvado, pero no sobrevivirá a largo plazo sin una unión bancaria que incluya mecanismos de resolución de crisis y garantías de depósitos paneuropeos. Ni lo hará sin un presupuesto que merezca tal nombre, la mutualización de la deuda y una coordinación mucho más efectiva de las políticas económicas.
Pero esas decisiones requieren exactamente aquello de lo que Europa carece hoy: confianza en la UE y confianza recíproca. Para que Europa funcione, los ciudadanos, del norte y del sur, de países acreedores y deudores, centro y periferia, tienen que estar dispuestos a dotar a las instituciones europeas de los instrumentos financieros adecuados y, en paralelo, de instancias de gobierno eficaces y a la vez legítimas desde el punto de vista democrático. Pero para que los impuestos de un ciudadano alemán respalden los depósitos de un ahorrador español y los impuestos de un ahorrador español los de uno griego o portugués, necesitamos una confianza en Europa de la que hoy por hoy carecemos.
En junio de 2014, dentro de poco más de un año, Europa llamará a sus ciudadanos a las urnas. Si para entonces no se ha restaurado la confianza de los ciudadanos en la UE, la sorpresa puede ser bastante desagradable. Salvar al euro era imprescindible, pero el euro es un medio, no un fin, el fin son los ciudadanos: un euro sin ellos no tiene mucho sentido.
José Ignacio TorreblancaMadrid, El País
El euro necesitaba dos cosas para salvarse: una decisión política clara que pusiera fin a las especulaciones sobre su futuro y un instrumento financiero que hiciera creíble esa promesa. En 2012, tras varios años de dudas, torpezas y errores, los líderes europeos hicieron las dos cosas: por un lado, la Canciller alemana, Angela Merkel, aceptó iniciar el camino hacia una unión bancaria; por otro, el presidente del BCE, Mario Draghi, logró la autorización para comprar en los mercados cuanta deuda fuera necesaria para salvar al euro. Estas dos decisiones sacaron al euro del precipicio en el que se encontraba y lo situaron en una senda de estabilidad desconocida durante los últimos años.
De la solidez adquirida por el euro, al menos temporalmente, habla el muy reducido impacto del caos poselectoral italiano. Recordemos el shock que en octubre de 2011 produjo la decisión de Yorgos Papandreu de convocar un referéndum para convalidar o rechazar las políticas de ajuste dictadas por la Troika; su anuncio disparó algunos de los índices de incertidumbre que manejan los analistas financieros hasta cotas superiores a las que siguieron a los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Y no olvidemos tampoco las elecciones griegas de junio de 2012, cuando la perspectiva de una victoria de la coalición de izquierdas representada por Syriza fue planteada en términos de "Armagedón financiero". Sin duda que Italia es un caos, pero el euro resiste, al menos por el momento.
Pero el resultado italiano, a la vez que de la fortaleza del euro, habla de la debilidad política de Europa y señala una crisis de legitimidad que peligrosamente se está abriendo camino de elección en elección. Los datos del Eurobarómetro, el sondeo de opinión que la Comisión Europea elabora semestralmente, indican con toda claridad hasta qué punto la crisis ha deteriorado la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea. En países como España, la confianza "neta" en la UE (una medida que resta el porcentaje los que desconfían de los que confían) era en 2007, antes de que comenzara la crisis, de 42 puntos (65% que confiaban frente a 23% que desconfiaban). Hoy, sin embargo, se ha trasformado en una desconfianza neta de 52 puntos (72% que desconfía frente a sólo 20% que confía). Un desplome espectacular.
Este trayecto desde los 42 puntos de confianza a los 52 puntos de desconfianza obliga a una reflexión en profundidad, especialmente en un país tradicionalmente tan europeísta como España. Pero a tenor de los datos del gráfico adjunto, donde se muestra que el fenómeno se extiende a todos los países de la eurozona, la reflexión la deberemos hacer de forma colectiva, no sólo en clave española. En Grecia, Irlanda, Portugal, Irlanda, Chipre, la UE es vista con una desconfianza tan abrumadora como la que observamos en España. Significativamente, sin embargo, este auge de la desconfianza en la UE tiene lugar no sólo en los países deudores, sino en los países acreedores o en mejor situación financiera: en Alemania, Austria, Francia, Países Bajos o Finlandia la gente tampoco confía en la UE. Claramente, la desconfianza no es sólo sobre la UE sino de unos países y ciudadanos sobre otros. En la situación actual, todos parecen perder y nadie gana.
Nos encontramos pues ante un importante problema de legitimidad. Un sistema político no puede beneficiar a todo el mundo todo el tiempo. Gobernar es elegir, asignar prioridades, tomar decisiones dolorosas, beneficiar a unos a costa de otros. La legitimidad se refiere a la aceptación por parte de los ciudadanos de las decisiones de su sistema político que les son desfavorables. Esa aceptación puede deberse a un sentimiento de pertenencia a un grupo más amplio, a consideraciones de justicia o equidad o bien a la conformidad con el procedimiento de adopción de esas decisiones. En el ámbito europeo, donde la identidad colectiva, los valores comunes y los procedimientos democráticos son todavía muy incipientes, la legitimidad ha venido sobre todo de la mano del desempeño económico: a mayor crecimiento económico, mayor apoyo popular a la integración europea, y viceversa. Eso supone que la reserva de legitimidad del sistema, al estar casi exclusivamente asociada al crecimiento económico es débil y tiende a agotarse rápidamente en situaciones de crisis.
Eso es lo que estamos viviendo ahora. Por un lado, aunque las políticas de austeridad pueden estar teniendo éxito a la hora de controlar los déficits (no así para reducir la deuda), no producen crecimiento ni empleo por lo que no consiguen generar el apoyo ciudadano que necesitan para sustentarse. Y lo que es peor: al forzar a los gobiernos a violar sistemáticamente las promesas electorales bajo las cuales fueron elegidos y gobernar con las mismas políticas independientemente de su color político, socavan también la legitimidad de los sistemas políticos nacionales. Como vemos en los países intervenidos, los sistemas políticos se desgastan (como en España y Portugal), o se descomponen (como en Grecia e Italia). Mientras, al otro lado, en los países acreedores, como tampoco hay crecimiento económico, la sensación dominante es que los países del sur son un pesado lastre que absorbe sus escasos recursos y ralentiza su progreso.
Es con estos mimbres de desafección y desconfianza tan deteriorados con los que la UE debe completar una integración política y económica imprescindible. El euro se ha salvado, pero no sobrevivirá a largo plazo sin una unión bancaria que incluya mecanismos de resolución de crisis y garantías de depósitos paneuropeos. Ni lo hará sin un presupuesto que merezca tal nombre, la mutualización de la deuda y una coordinación mucho más efectiva de las políticas económicas.
Pero esas decisiones requieren exactamente aquello de lo que Europa carece hoy: confianza en la UE y confianza recíproca. Para que Europa funcione, los ciudadanos, del norte y del sur, de países acreedores y deudores, centro y periferia, tienen que estar dispuestos a dotar a las instituciones europeas de los instrumentos financieros adecuados y, en paralelo, de instancias de gobierno eficaces y a la vez legítimas desde el punto de vista democrático. Pero para que los impuestos de un ciudadano alemán respalden los depósitos de un ahorrador español y los impuestos de un ahorrador español los de uno griego o portugués, necesitamos una confianza en Europa de la que hoy por hoy carecemos.
En junio de 2014, dentro de poco más de un año, Europa llamará a sus ciudadanos a las urnas. Si para entonces no se ha restaurado la confianza de los ciudadanos en la UE, la sorpresa puede ser bastante desagradable. Salvar al euro era imprescindible, pero el euro es un medio, no un fin, el fin son los ciudadanos: un euro sin ellos no tiene mucho sentido.
