ANIVERSARIO/ Evo Morales, siete años de tiempos difíciles
Juan Evo Morales Ayma cumplirá este 22 de enero siete años como presidente, periodo en el que Bolivia vivió tiempos difíciles de cambios políticos, económicos y sociales. No obstante, a lo largo de estos años de administración estatal, el mandatario no pudo acabar con los problemas de corrupción en el aparato estatal, el narcotráfico y el contrabando en las fronteras ni imponer su control electoral en el oriente boliviano.
El mandatario transformó la institucionalidad del país con una nueva Constitución y dio un vuelco a la economía estatal en su primera gestión (2006-10) mediante la nacionalización de los hidrocarburos (Decreto Supremo 28705 del 1 de mayo de 2006), medida que triplicó el Presupuesto General de la Nación, que era de poco más de 7 mil millones de dólares el año 2005, a 25 mil millones de dólares el 2013, recursos con los que permitieron crear los bonos Juancito Pinto, Juan Azurduy de padilla y la Renta Dignidad y aplacar las protestas sociales.
Si bien el Jefe de Estado ganó todas las elecciones a las que se presentó, incluido un referéndum revocatorio, y logró consolidar su presencia política en los nueve departamentos mediante alianzas con fracciones de partidos políticos “neoliberales”, no pudo imponerse en la preferencia electoral en Santa Cruz, donde la oposición aún le causa problemas.
Morales, de carácter fuerte a la hora de tomar decisiones, se constituye después del Mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumana (1829-1839), en el segundo presidente con más tiempo en el poder y tiene la oportunidad de permanecer en la silla presidencial hasta enero de 2020, si logra ganar, por tercera vez consecutiva, las elecciones generales de diciembre de 2014, ante una oposición política que aún no tiene un candidato de talla para hacerle frente.
Morales, cuyo discurso se vio fortalecido por la bonanza económica, incrementó durante su gestión los presupuestos de los gobiernos departamentales, municipales y universidades públicas mediante el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Asimismo, otorgó aumentos salariales progresivos y fortaleció a las empresas estatales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y ENTEL.
Además, creó 17 empresas estales, de las que pocas generan utilidades a favor del Tesoro General del Estado (TGN). Entre ellas las nuevas empresas figuran Boliviana de Aviación (BoA), Depósitos Aduaneros de Bolivia (DAB), Cartones de Bolivia (Cartonbol), Lácteos de Bolivia (Lacteosbol) y Empresa Boliviana de Almendra y Derivados (EBA).
Morales reconoció en septiembre de 2012 que las grandes debilidades del Estado son la producción de alimentos para abastecer el mercado interno, la subvención a los carburantes que le genera al Gobierno un gasto de un poco más de 1.000 millones de dólares, además de la producción y tráfico ilícito de cocaína, el contrabando de una diversidad de productos en especial por el lado chileno y los altos niveles de inseguridad ciudadana.
VIOLENCIA Y PERSECUCIÓN
Morales vivió en especial los años 2007 y 2008 momentos críticos ante la demanda de autonomía plena por parte de los departamentos de la denominada “media luna” (Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija) y ante la exigencia de la capital, Sucre, para el traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo cuando la Asamblea Constituyente redactaba en esa ciudad la nueva Constitución Política del Estado. Esto pedidos generaron duros enfrentamientos y muertes.
A raíz de esta situación, el Gobierno endureció su posición y convocó el 4 de mayo de 2008 a un referéndum autonómico, donde ganó el No en cinco de los cuatro departamentos, excepto en los de la “media luna”. Pero estos resultados no lograron calmar las protestas sociales que cobraron mayor relieve en los meses de junio, julio, agosto y acentuaron el racismo, la discriminación entre los ciudadanos del oriente contra los del occidente, en especial contra la gente de las zonas rurales.
Las principales calles de las ciudades de Santa Cruz, Sucre y Tarija se convirtieron en “campos de batalla”, donde la Policía no contó con los suficientes elementos para contener el malestar y los destrozos materiales que se cometieron contras las instituciones estatales, que fueron transmitidas en directo por las redes de televisión privados, a los que el Presidente calificó como adversarios del proceso de cambio.
El Gobierno, según analistas políticos, habría tenido responsabilidad en la movilización en septiembre de 2008 de una caravana de campesinos afines al MAS en contra la Prefectura de Pando, marcha que derivó el 11 de ese mes en un enfrentamiento en el Porvenir que dejó 13 muertos, lo que derivó en la detención del prefecto Leopoldo Fernández, por parte del ministro Juan Ramón Quintana, la Fiscalía y un destacamento del Ejército, que se encargaron de trasladarlo hasta la sede de Gobierno para recluirlo en el penal de San Pedro hasta la fecha.
A partir de esta medida gubernamental, los ánimos empezaron a bajar en Santa Cruz y Tarija por lo que se conformó una comisión especial de fiscales para investigar, procesar y encarcelar a los responsables de los hechos de violencia en la capital cruceña, Beni, Sucre, Pando y Tarija.
Desde ese momento comenzó lo que llamaron los opositores la persecución político-judicial, que se consolidó tras la desarticulación del supuesto grupo terrorista de Eduardo Rózsa Flores en abril de 2009.
De acuerdo con la oposición, el Gobierno subordinó a los fiscales y jueces para involucrar a sus adversarios políticos con un movimiento de separatismo y terrorismo, por lo que políticos, cívicos, empresarios privados se vieron obligados a dejar el país ante la amenaza de quedar presos, como ocurrió con Manfred Reyes Villa, quien enfrentó en las elecciones de diciembre de 2009 a Morales y perdió, Branko Marinkovic, Guido Nayar, Ana María Melena, entre otros.
RED DE CORRUPCIÓN
No obstante, esta situación tuvo sus consecuencias negativas, tras el andamiaje de tres años de un eficiente equipo jurídico gubernamental que se habría encargado de allanar el camino político al Gobierno, se conformó lo que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó como la red de extorsión y corrupción, conformada por abogados de esa cartera de Estado, Ministerio de la Presidencia, el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, jueces y oficiales de Policía.
Este escándalo tiene ribetes de una película de Hollywood, donde la víctima es el estadounidense Jacob Ostreicher y los malos están en el poder político y la justicia. Hasta el afamado actor Sean Penn intervino en este lamentable capítulo. No obstante, el presidente Evo Morales después de reprochar estos actos de corrupción y reafirmar que respeta la inversión privada, cambio de actitud y pidió investigar el origen de los millonarios recursos que invirtió “el gringo” en Santa Cruz mediante la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, recluida en la cárcel de mujeres de Santa Cruz por tener nexo con el narcotráfico.
DISPUTAS MASISTAS
El Jefe de Estado mantuvo hasta el año 2011 el apoyo militante y disciplinado de la Asamblea Legislativa Plurinacional a sus programas de Gobierno mediante la aprobación de leyes aunque falta sancionar un paquete de normas para poner en plena vigencia la Constitución Política del Estado. No obstante, tuvo que soportar algunas reacciones ásperas, en especial en la Cámara de Diputados, cuando su titular gestión Rebeca Delgado observó el proyecto de Ley de Dominio de Bienes a favor del Estado, elaborado por el equipo jurídico del ministro Carlos Romero.
Situación que enojó al mandatario y al vicepresidente que señalaron por separado, el primero ante los embajadores de Bolivia en el mundo y el segundo ante los legisladores masistas, que en el Gobierno no hay “librepensantes” que puedan emitir sus criterios a título personal y que, si no se someten al “centralismo democrático”, deben abandonar el instrumento del cambio.
