Acusan a varios mafiosos, policías y políticos de mantener negociaciones secretas en Sicilia
Roma, EP
El fiscal de Palermo, Antonino Di Matteo, ha presentado este jueves la acusación formal contra once personas, incluidos miembros de la mafia, agentes de Policía y políticos locales, acusados de mantener negociaciones secretas para acabar con la ola de atentados de grupos mafiosos de principios de la década de 1990.
Según Di Matteo, varios políticos italianos se reunieron con jefes de la mafia siciliana para intentar acabar con los ataques que afectaron a la región entre 1992 y 1993 en los que murieron 21 personas, incluidos los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.
Este caso ha provocado una gran controversia en el país con acusaciones de que el Estado sufrió un claro chantaje por parte del crimen organizado y que la disposición de las autoridades italianas a iniciar negociaciones provocó más atentados.
En total, serán acusados cuatro jefes de la mafia, ya encarcelados, tres políticos, tres altos cargos policiales y el hijo de otro jefe mafioso encarcelado por mantener negociaciones secretas. Los policías y el hijo del mafioso actuaron como mediadores, según Di Matteo.
El juez Piergiorgio Morosini decidirá si ordena abrir el juicio tras escuchar los argumentos de la defensa para no comenzar el proceso, según han informado fuentes judiciales. Estos interrogatorios se realizarán a puerta cerrada.
La mafia siciliana exigió que, para detener los atentados, sus miembros acusados de crimen organizado debían recibir sentencias más leves y mejorar las condiciones en las cárceles de los líderes mafiosos.
Falcone y Borsellino siguen considerándose como héroes nacionales y su muerte supuso el inicio de un movimiento en contra de la mafia que aún hoy se sigue celebrando en algunas partes de Italia.
El fiscal de Palermo, Antonino Di Matteo, ha presentado este jueves la acusación formal contra once personas, incluidos miembros de la mafia, agentes de Policía y políticos locales, acusados de mantener negociaciones secretas para acabar con la ola de atentados de grupos mafiosos de principios de la década de 1990.
Según Di Matteo, varios políticos italianos se reunieron con jefes de la mafia siciliana para intentar acabar con los ataques que afectaron a la región entre 1992 y 1993 en los que murieron 21 personas, incluidos los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.
Este caso ha provocado una gran controversia en el país con acusaciones de que el Estado sufrió un claro chantaje por parte del crimen organizado y que la disposición de las autoridades italianas a iniciar negociaciones provocó más atentados.
En total, serán acusados cuatro jefes de la mafia, ya encarcelados, tres políticos, tres altos cargos policiales y el hijo de otro jefe mafioso encarcelado por mantener negociaciones secretas. Los policías y el hijo del mafioso actuaron como mediadores, según Di Matteo.
El juez Piergiorgio Morosini decidirá si ordena abrir el juicio tras escuchar los argumentos de la defensa para no comenzar el proceso, según han informado fuentes judiciales. Estos interrogatorios se realizarán a puerta cerrada.
La mafia siciliana exigió que, para detener los atentados, sus miembros acusados de crimen organizado debían recibir sentencias más leves y mejorar las condiciones en las cárceles de los líderes mafiosos.
Falcone y Borsellino siguen considerándose como héroes nacionales y su muerte supuso el inicio de un movimiento en contra de la mafia que aún hoy se sigue celebrando en algunas partes de Italia.
