La incógnita sobre el Parlamento hunde a Egipto en una crisis institucional

La incógnita sobre el futuro del Parlamento de Egipto, en un vacío jurídico a causa del enfrentamiento entre los militares, la justicia y el presidente islamista Mohamed Mursi, está hundiendo al país en una crisis institucional.
“La batalla por el poder se juega ahora en el sistema judicial”, afirma este miércoles el periódico independiente Al Watan, mientras que otro diario, Al Shoruk, también independiente, asegura en su primera página que “la lucha por el poder se juega en los tribunales”.
El martes, el Alto Tribunal Constitucional decidió suspender un decreto del presidente, que obligaba a restablecer el Parlamento invalidado a mediados de junio por esta misma corte.
“El tribunal ordenó la suspensión del decreto presidencial”, indicó una fuente judicial, y dijo haber pedido “que se aplique el anterior” (es decir, suspender el Parlamento).
El domingo, ocho días después de acceder al cargo, Mursi, de los Hermanos Musulmanes, anuló por decreto la decisión del Alto Tribunal, que había invalidado el 14 de junio el nuevo parlamento salido de las urnas (en el que dominaban los islamistas) argumentando un vicio de forma en la ley electoral.
Desafiando la decisión, la disuelta Asamblea del Pueblo se reunió el martes por la mañana con la presencia de diputados de los Hermanos Musulmanes y de los fundamentalistas salafistas.
Los miembros de otros partidos, como los liberales, boicotearon la sesión y algunos calificaron el decreto de Mursi de “golpe de Estado constitucional”.
En la apertura de la sesión del martes, el presidente de la cámara baja, Saad Al Katatni, de los Hermanos Musulmanes, aseguró que la reunión del Parlamento no violaba la ley e indicó que la Asamblea llevará el caso ante el tribunal de casación.
Miles de personas se reunieron el martes por la noche en la emblemática plaza Tahrir de El Cairo para manifestar su apoyo a Mursi y gritaron consignas contra el ejército, que recibió el poder tras la caída de Hosni Mubarak por una revolución popular en febrero de 2011.
Los partidarios del presidente consideran que el Alto Tribunal Constitucional está en manos del ejército.
Por su parte el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), que se atribuyó el poder legislativo tras la disolución de la Asamblea en junio y desató las protestas de los que quieren que los militares abandonen la política, pidió el lunes que se respete “la ley y la Constitución”.
“El mensaje es claro: el presidente electo no puede ejercer el poder sin los militares”, según el escritor Alaa Al Aswany.
“El Alto Tribunal Constitucional, con jueces designados por Mubarak, suspendió el decreto presidencial y restableció el decreto del mariscal” Husein Tantaui, el jefe del CSFA, explica.
Este decreto, llamado “Declaración constitucional complementaria”, adoptado por los militares el 17 de junio, debilita considerablemente la función de presidente.
Según otros analistas, la decisión del nuevo presidente de restablecer el nuevo parlamento demuestra su falta de respeto hacia la justicia.
“El Tribunal Constitucional devuelve la bofetada al presidente”, asegura el periódico liberal Al Wafd.
Los Hermanos Musulmanes acusan a los militares de haber disuelto el Parlamento para adjudicarse el poder legislativo y denuncian un “golpe de Estado”. Pero el Alto Tribunal recuerda que no participa “en ninguna lucha política” y que su misión es “proteger” la Constitución.
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, que se reunirá con el presidente egipcio el próximo fin de semana, pide por su parte “un diálogo intensivo entre todos los protagonistas”, mientras que el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle, confía en que Egipto supere la crisis.