ANÁLISIS / La receta yemení
Así consiguió el Consejo de Cooperación del Golfo la salida negociada de Saleh para una transición pacífica en el Gobierno de Saná
Ángeles Espinosa
Dubái, El País
El año pasado la revuelta popular puso a Yemen al borde de la guerra civil. A pesar de su fragilidad como Estado, de su pobreza, y de ser el segundo país con mayor número de armas de fuego per cápita, un acuerdo apadrinado por sus vecinos logró reconducir esa realidad hacia una transición política, todo lo imperfecta que se quiera, pero pacífica al fin y al cabo. ¿Valdría su ejemplo para Siria? La pregunta ronda la mente de analistas y diplomáticos desde hace meses. La Liga Árabe incluso llegó a considerar esa posibilidad el pasado enero. Y algunas fuentes aseguraban que era la alternativa en la que Rusia estaba trabajando con discreción.
A la obligada salvaguarda de que no hay dos países iguales, sigue preguntarse cuál fue la clave que garantizó que Ali Abdalá Saleh abandonara la presidencia por las buenas, después de 33 años en el poder. El eje de la conocida como Iniciativa del Golfo fue la garantía de inmunidad que ofreció a Saleh, para él, su familia y sus colaboradores más cercanos, en total unas ochenta personas. Implícito en el pacto, estaba que el proceso respetaría la dignidad del mandatario, que no habría un gesto humillante de renuncia, algo importante en una sociedad tribal donde el honor es un valor irrenunciable.
El acuerdo apadrinado por los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) no era en realidad muy diferente del plan originalmente diseñado por la Embajada de EEUU en Saná. Pero le exoneraba de responsabilidades penales una vez que dejara el poder. Saleh había rechazado la propuesta estadounidense temeroso del largo brazo del Tribunal Penal Internacional y preocupado por el futuro de su hijo Ahmed, y de sus sobrinos Ammar, Yehya y Tarek, todos ellos figuras clave en el control de las fuerzas de seguridad que eran uno de los pilares de su régimen.
Para asegurar ese proceso se estableció que el presidente delegara sus poderes ejecutivos en el vicepresidente, Abdrabbo Mansur Hadi, no a la firma del documento (que finalmente se produjo en noviembre tras medio año de negociaciones), sino 30 días después, una vez que el Parlamento aprobara la prometida ley de inmunidad. Dos meses más tarde se celebrarían elecciones con un solo candidato, el ya presidente en funciones Hadi, con el compromiso de formar un Gobierno de unidad (que incluyera al partido de Saleh y a los de la oposición) e iniciar un diálogo nacional para redactar la nueva Constitución.
La fórmula contó desde el principio con la aceptación (si bien con distintos niveles de entusiasmo) de los partidos opositores que, a diferencia de Siria, mantenían su independencia del partido gubernamental y presencia parlamentaria. Pero sobre todo, con el respaldo unánime de los países de cuya ayuda financiera y militar depende Yemen: EEUU y Arabia Saudí. La coordinación de ambos, bajo el paraguas del CCG para dar una imagen de arreglo regional, fue esencial en lograr que tanto Saleh como sus rivales aceptaran. Pesó también sin duda la división del Ejército y las tribus a lo largo de las mismas líneas que el resto de la sociedad, lo que terminó convenciendo a ambos lados de que ninguno de ellos podía ganar.
Se impuso el posibilismo y la mayoría de los yemeníes respiraron tranquilos convencidos de que se había evitado un nuevo conflicto fratricida. Sin embargo, la salida alienó a los jóvenes revolucionarios que impulsaron la protesta en primer lugar y con los que no se contó para el acuerdo político. Muchos de ellos siguen aún acampados en señal de desacuerdo, pidiendo que se juzgue a Saleh y que cambie no sólo el presidente sino todo el sistema político. Para ellos, los partidos tradicionales son la otra cara de la misma moneda. Quieren hacer borrón y cuenta nueva, pero carecen de organización para llevarlo a cabo.
El precio pagado es que Saleh sigue manteniendo el control más o menos directo de parte del Ejército (a través de sus familiares) y no renuncia a hacer declaraciones políticas que alientan la idea de que va a regresar dentro de dos años, cuando se convoquen elecciones de acuerdo con la nueva Constitución. Incluso quienes apoyaron su inmunidad reconocen que la transición no será completa mientras el ex mandatario no abandone Yemen de forma definitiva, algo complicado porque varios países consultados en su día, entre ellos España, se negaron a acogerle. EEUU le concedió a finales de junio un visado por razones médicas, aunque no está claro cuánto tiempo va prolongarse su estancia allí.
Ángeles EspinosaDubái, El País
El año pasado la revuelta popular puso a Yemen al borde de la guerra civil. A pesar de su fragilidad como Estado, de su pobreza, y de ser el segundo país con mayor número de armas de fuego per cápita, un acuerdo apadrinado por sus vecinos logró reconducir esa realidad hacia una transición política, todo lo imperfecta que se quiera, pero pacífica al fin y al cabo. ¿Valdría su ejemplo para Siria? La pregunta ronda la mente de analistas y diplomáticos desde hace meses. La Liga Árabe incluso llegó a considerar esa posibilidad el pasado enero. Y algunas fuentes aseguraban que era la alternativa en la que Rusia estaba trabajando con discreción.
A la obligada salvaguarda de que no hay dos países iguales, sigue preguntarse cuál fue la clave que garantizó que Ali Abdalá Saleh abandonara la presidencia por las buenas, después de 33 años en el poder. El eje de la conocida como Iniciativa del Golfo fue la garantía de inmunidad que ofreció a Saleh, para él, su familia y sus colaboradores más cercanos, en total unas ochenta personas. Implícito en el pacto, estaba que el proceso respetaría la dignidad del mandatario, que no habría un gesto humillante de renuncia, algo importante en una sociedad tribal donde el honor es un valor irrenunciable.
El acuerdo apadrinado por los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) no era en realidad muy diferente del plan originalmente diseñado por la Embajada de EEUU en Saná. Pero le exoneraba de responsabilidades penales una vez que dejara el poder. Saleh había rechazado la propuesta estadounidense temeroso del largo brazo del Tribunal Penal Internacional y preocupado por el futuro de su hijo Ahmed, y de sus sobrinos Ammar, Yehya y Tarek, todos ellos figuras clave en el control de las fuerzas de seguridad que eran uno de los pilares de su régimen.
Para asegurar ese proceso se estableció que el presidente delegara sus poderes ejecutivos en el vicepresidente, Abdrabbo Mansur Hadi, no a la firma del documento (que finalmente se produjo en noviembre tras medio año de negociaciones), sino 30 días después, una vez que el Parlamento aprobara la prometida ley de inmunidad. Dos meses más tarde se celebrarían elecciones con un solo candidato, el ya presidente en funciones Hadi, con el compromiso de formar un Gobierno de unidad (que incluyera al partido de Saleh y a los de la oposición) e iniciar un diálogo nacional para redactar la nueva Constitución.
La fórmula contó desde el principio con la aceptación (si bien con distintos niveles de entusiasmo) de los partidos opositores que, a diferencia de Siria, mantenían su independencia del partido gubernamental y presencia parlamentaria. Pero sobre todo, con el respaldo unánime de los países de cuya ayuda financiera y militar depende Yemen: EEUU y Arabia Saudí. La coordinación de ambos, bajo el paraguas del CCG para dar una imagen de arreglo regional, fue esencial en lograr que tanto Saleh como sus rivales aceptaran. Pesó también sin duda la división del Ejército y las tribus a lo largo de las mismas líneas que el resto de la sociedad, lo que terminó convenciendo a ambos lados de que ninguno de ellos podía ganar.
Se impuso el posibilismo y la mayoría de los yemeníes respiraron tranquilos convencidos de que se había evitado un nuevo conflicto fratricida. Sin embargo, la salida alienó a los jóvenes revolucionarios que impulsaron la protesta en primer lugar y con los que no se contó para el acuerdo político. Muchos de ellos siguen aún acampados en señal de desacuerdo, pidiendo que se juzgue a Saleh y que cambie no sólo el presidente sino todo el sistema político. Para ellos, los partidos tradicionales son la otra cara de la misma moneda. Quieren hacer borrón y cuenta nueva, pero carecen de organización para llevarlo a cabo.
El precio pagado es que Saleh sigue manteniendo el control más o menos directo de parte del Ejército (a través de sus familiares) y no renuncia a hacer declaraciones políticas que alientan la idea de que va a regresar dentro de dos años, cuando se convoquen elecciones de acuerdo con la nueva Constitución. Incluso quienes apoyaron su inmunidad reconocen que la transición no será completa mientras el ex mandatario no abandone Yemen de forma definitiva, algo complicado porque varios países consultados en su día, entre ellos España, se negaron a acogerle. EEUU le concedió a finales de junio un visado por razones médicas, aunque no está claro cuánto tiempo va prolongarse su estancia allí.
