Guatemala: la masacre que se paga con 6.060 años de cárcel
RedacciónPimentel negó haber participado en la masacre asegurando que ni siquiera estaba en la zona.
Sin embargo, dos exsoldados que participaron en la masacre declararon que sí formó parte del grupo responsable de los hechos, ocurridos durante el régimen militar del general Efraín Ríos Montt.
Los condenados formaban parte de un grupo de soldados de élite que ingresaron en la aldea de Las Dos Erres, asentamiento en el departamento del Petén en el norte del país, en busca de armas desaparecidas.
Según los testimonios recabados en documentos judiciales, allí comenzaron a vendar, estrangular y matar a martillazos a los aldeanos, hombres, mujeres y niños, incluso un recién nacido. A las mujeres las violaban antes de matarlas.
Los cadáveres los lanzaron a un pozo de 15 metros de profundidad.
Extradición
La masacre de Las Dos Erres es una de las 660 cometidas en Guatemala.
Pimentel vivía en California (EE.UU), donde trabajó durante años en una fábrica. En mayo de 2010, fue arrestado por agentes de inmigración. Un año después fue extraditado a su país.
El exmilitar, que se declaró inocente, dijo que el día de los hechos estaba en la capital del país. Antes de la resolución se había mostrado tranquilo por tener la certeza de que no había "participado en ningún delito".
Su abogado había pedido la libre absolución porque, alegó, no se pudo demostrar su presencia en la zona y que nunca se presentó el martillo que emplearon los militares para matar a los campesinos.
Esa no fue la versión de los exmilitares César Franco y Fabio Pinzón, principales testigos del proceso e integrantes de la patrulla responsable de la matanza.
Franco y Pinzón no sólo situaron a Pimentel en el lugar de los hechos, sino que aseguraron que "hizo una demostración de cómo se mata a una persona".
La masacre de Las Dos Erres es una de las 660 cometidas en Guatemala, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH).
Pero el caso es considerado emblemático de la política contrainsurgente que se implantó en el país en los años 80.
"Mataron a mujeres, hombres y niños. Se utilizó un pozo que estaba en construcción como fosa común para enterrar a no menos de 162 víctimas"
Edgard Pérez, abogado de las víctimas
En 2010 la BBC conversó con Edgar Pérez, entonces abogado de las víctimas de la masacre, quien explicó que la misma había comenzado luego de una emboscada a una patrulla del ejército cerca de la población.
"Como consecuencia el ejército realizó un operativo militar y acabó con toda la comunidad. Mataron a mujeres, hombres y niños. Se utilizó un pozo que estaba en construcción como fosa común para enterrar a no menos de 162 víctimas", explicó Pérez entonces.
El caso comenzó a ser investigado en 1994, pero su tramitación fue lenta, al punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado guatemalteco en 2008 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de avances en el proceso.
Y en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana, la Corte Suprema de Guatemala ordenó el 8 de febrero de 2010 continuar con la investigación.
Ríos Montt
La sentencia de Pimentel y la de sus excompañeros, sin embargo, es en buena parte simbólica, pues el tiempo máximo que puede pasar un reo en prisión en Guatemala es de 50 años.
Ríos Montt está en arresto domiciliario a la espera de la resolución de una apelación.
Pero la misma llega en un momento en que el país busca afrontar los hechos registrados durante los 30 años que duró su conflicto interno, en el que murieron o desaparecieron más de 200.000 personas.
Según una comisión de la verdad, las fuerzas armadas fueron responsables de la mayoría de las muertes.
Y en enero, se abrió un proceso en contra del general (retirado) Efraín Ríos Montt, gobernante durante los 17 meses más cruentos del conflicto, entre 1982 y 1983
El juicio por genocidio y crímenes contra la humanidad fue posible después de que un juez se negara a aplicar la amnistía a Ríos Montt y que se encuentra en arresto domiciliar.
El exgobernante, de 85 años, se enfrenta a cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad por ordenar la muerte de al menos 1.700 indígenas en el marco de una ofensiva gubernamental contra la insurgencia izquierdista.
Montt está a la espera de una apelación contra la desestimación de su condición de amnistiado. Además, su defensa alega que no controlaba las operaciones y que los comandantes eran los responsables de las decisiones que se tomaban en el campo de batalla.
"Lo hemos esperado durante más de tres décadas. Es un acto histórico", le dijo a BBC Mundo Rosalida Tuyuc, fundadora de la independiente Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), cuando se abrió el proceso.
"Es una oportunidad para que se conozca la verdad, cómo se dieron las órdenes de las masacres. No pudo haber sido sólo una persona".
