Investigan en Bolivia a represores en el Plan Cóndor
La Paz, PL
La vinculación de las acciones del represor argentino Luis Enrique Baraldini con el caso Terrorismo en Bolivia, reactivó las investigaciones aquí sobre colaboradores del Plan Cóndor, que sembraron el terror durante pasadas dictaduras militares en Suramérica.
El caso Terrorismo se investiga desde abril de 2009, cuando la policía boliviana desarticuló una célula terrorista en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz (este), encabezada por el boliviano-croata Eduardo Rózsa, quien murió en la acción junto a dos colaboradores, mientras que otros dos miembros de la banda fueron capturados.
Los mercenarios planeaban realizar acciones terroristas y secesionistas destinadas a desestabilizar al gobierno de Evo Morales.
Acusado de violación de derechos humanos cuando fue jefe de Policía en la provincia argentina de La Pampa, durante la dictadura militar de 1976 a 1983 en ese país suramericano, Baraldini fue detenido el sábado último en la boliviana ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y luego trasladado a La Paz.
Baraldini, quien encabezó un grupo de tareas que secuestró y torturó a detenidos políticos, cayó en una redada en compañía de su hija Rossana, cuando salía al aeropuerto de Santa Cruz a esperar a su esposa Olga, y rápidamente Argentina pidió su extradición.
En la madrugada del domingo fue entregado en la fronteriza población de Bermejo, en Tarija, a las autoridades judiciales del vecino país, para responder por más de 300 delitos.
La inteligencia boliviana estaba detrás de la pista del excoronel, de 71 años de edad, quien llevaba cédula de identidad falsa, a nombre de Marco Antonio Aponte, uno de los motivos de Bolivia para expulsarlo del país.
Este prófugo de la justicia argentina desde 2003 tenía orden de captura internacional dictada por la fiscal federal de Santa Rosa, Argentina, Marta Odasso.
El seguimiento de su esposa Olga y su hija Sandra, quien vive en Santa Rosa, fue clave para detener al ex represor, cuya presencia en Bolivia desde 2003 estuvo apoyada en que el esposo de su hija Rossana, Raúl López, es el Director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Santa Cruz.
Ahora los concejales del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) en Santa Cruz exigen al alcalde Percy Fernández la destitución de este funcionario.
Interpol localizó a Baraldini en Bolivia en 2007 y, dos años después, se produjo el intento de asesinato contra el presidente Evo Morales, acerca del cual el Gobierno argentino informó la participación de exmilitares de esa nación en ese movimiento terrorista.
Poco después de la deportación de Baraldini, la derecha boliviana buscó un motivo político para explicar la detención del excoronel argentino, a lo cual respondió el Ejecutivo.
El ministro de Gobierno (Interior), Wilfredo Chávez, explicó que se cuenta con información de los nexos y actividades de Baraldini en el país y se trabaja en ella desde la Inteligencia. Hay investigaciones abiertas sobre el caso y no es el único, sostuvo.
Chávez respondió así a denuncias realizadas por autoridades argentinas de que el ex coronel de policía se alió con grupos de ultraderecha en el país altiplánico para derrocar y asesinar al presidente Evo Morales en 2009 y dividir el país.
La ministra de Seguridad de Argentina, Nilda Garré, reveló que el represor tuvo activa participación en el intento de magnicidio contra el mandatario boliviano.
Consultado sobre la presencia en Bolivia de otros implicados en torturas en épocas de dictaduras, la autoridad mencionó que existen grupos de poder ligados a la derecha nacional e internacional, opuestos a la nueva Constitución Política del Estado y al proceso de cambios en el país, que protegen a este tipo de personas.
El ministro de Gobierno advirtió también que la captura del excarapintada fue legal y muy lejos de ser una jugada política, ante la hipótesis que aún maneja la derecha boliviana.
Existía una orden de captura internacional, que fue cumplida por el Estado a través de las fuerzas de inteligencia en el marco de la cooperación judicial y la policía internacional, recordó el titular de Gobierno.
Es una irresponsabilidad hablar de detención política, afirmó Chávez ante las protestas de la ultraderecha acantonada en Santa Cruz, que durante muchos años protegió a torturadores y masacradores, como el propio Balraldini, Jorge Baldiano y muchos otros.
Aunque el ministro no aseguró que el reo perteneciera a la célula mercenaria de Eduardo Rósza, que tramó fragmentar al país en 2009 a través de una ola de atentados terroristas, la detención del torturador subió el telón a otro capítulo investigativo sobre colaboradores de dictaduras que sembraron el terror de 1964 a 1982.
Tal como sucedió en el gobierno de Hernán Siles Zuazo, entre 1982 y 1985, con la captura y entrega a la justicia internacional del ex jefe de comandos nazis Klaus Altman o Klaus Barbie -el carnicero de Lyon- , sangrientos torturadores ingresaron a Bolivia para huir de procesos judiciales en países donde cometieron crímenes.
Barbie -según cuentan aquí- se sentaba cada tarde en un café, rodeado de guardaespaldas, mientras los gobiernos de turno desoían pedidos internacionales de captura y extradición. Durante años colaboró con las dictaduras latinoamericanas y solo en enero de 1983 fue deportado a Francia, donde fue condenado a cadena perpetua.
En ese sentido, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Eugenio Rojas pidió investigar las acciones y nexos de Baraldini, señalado de conspirar contra el presidente Evo Morales en 2009.
Hay que pedir informes al ministerio de Gobierno sobre este represor que tenía vínculos para organizar actos criminales; investigar y conocer qué pasó, para saber qué medidas tomar para proteger a líderes políticos, sindicales o cualquier otro ciudadano, manifestó Rojas.
Según el senador no se tiene mucha información sobre los actos del ex militar en Bolivia, y por ello exhortó a las instituciones de Inteligencia del país a fortalecer su trabajo.
Recientemente, el ex concejal del MAS Osvaldo Peredo reveló que otro torturador argentino, Jorge Baldián, vive en Trinidad, bajo la apariencia de un empresario agropecuario.
Este otro torturador, también con larga trayectoria como colaborador de gobiernos dictatoriales desde los años 70, es un personaje muy cercano al suspendido gobernador del departamento del Beni, Ernesto Suárez, con quien apareció en diversos actos públicos.
Figura clave en órganos represivos durante la dictadura del general Luis García Meza (1980-1981), su presencia estuvo sujeta a incursiones en centros de detención para extraer confesiones bajo tortura a perseguidos políticos, y torturó al propio Peredo cuando éste estuvo preso entre 1978 y 1979 en las llamadas casas de seguridad, en tiempo de dictaduras.
* Corresponsal de Prensa Latina en Bolivia.
