Guatemala sienta en el banquillo al dictador Efraín Ríos Montt
Ningún militar guatemalteco ha sido condenado por los excesos cometidos en la guerra
Ciudad de Guatemala, El País
Se han necesitado casi tres décadas para que el general retirado Efraín Ríos Montt, que llegó al poder tras un golpe de Estado el 23 de marzo de 1982, haya sido sentado en el banquillo, acusado de crímenes de lesa humanidad. Al viejo militar se le imputa el haber ordenado cerca de 100 masacres de población civil desarmada, las que, de acuerdo al expediente, dejaron como mínimo 1.771 muertos, 1.400 mujeres y niñas víctimas de masivas violaciones sexuales, y el desplazamiento de unas 30.000 personas, la mayoría de las cuales se refugiaron en territorio mexicano.
Los hechos ocurrieron entre 1982 y 1983 en el norte de Quiché, la zona donde los enfrentamientos alcanzaron sus más altas cotas de ferocidad. De acuerdo al informe Guatemala, Nunca Más, del malogrado obispo Juan Gerardi, la guerra civil de 36 años que ensangrentó Guatemala entre 1960 y 1996 se saldó con 250.000 muertos y 50.000 desaparecidos.
El mandato de Ríos, considerado como uno de los más sanguinarios de América Latina, duró solo 17 meses, los que coinciden con el periodo de la represión más violenta que se recuerda en este país centroamericano. Enfrascados en un enfrentamiento con una guerrilla envalentonada por el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, y una guerrilla salvadoreña que tenía en jaque al Estado del vecino país, los militares guatemaltecos aplicaron las tácticas aprendidas en la Escuela de las Américas: las políticas de la “tierra arrasada” y el principio de que “si no puedes atrapar al pez, quítale el agua”.
El hecho de que Ríos Montt fuera llamado a los tribunales monopolizó las agendas de grupos humanitarios. Entre otras razones porque nunca un militar guatemalteco ha sido condenado por los crímenes cometidos durante el enfrentamiento. Entre estas organizaciones se encuentra la Fundación Rigoberta Menchú, que tiene abierta una querella contra el dictador ante el Supremo español; el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), o la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua).
Entre 600 y 700 activistas de estas organizaciones, a quienes se sumaron familiares de las víctimas, realizaron una ruidosa manifestación en las afueras del Tribunal que escucha a Ríos Montt. Una pantalla gigante de televisión permitió a muchos seguir el desarrollo del interrogatorio, que comenzó con 30 minutos de retraso sobre el horario previsto. El defensor de Ríos Montt, Gonzalo Rodríguez, basa su estrategia en una afirmación que el militar ha repetido como un estribillo: “nunca estuve en ningún enfrentamiento con los guerrilleros, como para haber matado a alguien. Tampoco ordené matar a nadie”. La Fiscalía anunció que tiene un expediente con más de 100 folios donde se documentan, con pruebas, los delitos que se atribuyen al exjefe del Estado.
El general retirado ha podido permanecer al margen de la justicia, merced a la inmunidad que le permitía su condición de diputado del Congreso (legislativo, unicameral), y que terminó el pasado 14 de enero, con la juramentación de la nueva legislatura. Con anterioridad, sus abogados demostraron una eficacia particular en la utilización de recursos retardatorios, que impedían avanzar los procesos. Fue esta circunstancia la que provocó que Rigoberta Menchú buscara justicia ante el Tribunal Supremo español.
Particularmente ducho en argucias que le permitieron hasta ayer evadir la ley, en los primeros días de enero Ríos y sus abogados se presentaron ante los tribunales de Mayor Riesgo para saber si el militar tenía denuncias en su contra. Esta acción hace poco probable que al término de la audiencia el juez decida enviarlo a prisión provisionalmente.
Pasado el mediodía de ayer, la audiencia, que empezó con media hora de retraso y en medio de medidas de seguridad visiblemente reforzadas, continuaba. En una entrevista a la radio Emisoras Unidas, el ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, señaló que en caso de ordenarse la prisión del dictador, este sería conducido a un cuartel, como en el caso del expresidente Alfonso Portillo.
Ciudad de Guatemala, El PaísSe han necesitado casi tres décadas para que el general retirado Efraín Ríos Montt, que llegó al poder tras un golpe de Estado el 23 de marzo de 1982, haya sido sentado en el banquillo, acusado de crímenes de lesa humanidad. Al viejo militar se le imputa el haber ordenado cerca de 100 masacres de población civil desarmada, las que, de acuerdo al expediente, dejaron como mínimo 1.771 muertos, 1.400 mujeres y niñas víctimas de masivas violaciones sexuales, y el desplazamiento de unas 30.000 personas, la mayoría de las cuales se refugiaron en territorio mexicano.
Los hechos ocurrieron entre 1982 y 1983 en el norte de Quiché, la zona donde los enfrentamientos alcanzaron sus más altas cotas de ferocidad. De acuerdo al informe Guatemala, Nunca Más, del malogrado obispo Juan Gerardi, la guerra civil de 36 años que ensangrentó Guatemala entre 1960 y 1996 se saldó con 250.000 muertos y 50.000 desaparecidos.
El mandato de Ríos, considerado como uno de los más sanguinarios de América Latina, duró solo 17 meses, los que coinciden con el periodo de la represión más violenta que se recuerda en este país centroamericano. Enfrascados en un enfrentamiento con una guerrilla envalentonada por el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, y una guerrilla salvadoreña que tenía en jaque al Estado del vecino país, los militares guatemaltecos aplicaron las tácticas aprendidas en la Escuela de las Américas: las políticas de la “tierra arrasada” y el principio de que “si no puedes atrapar al pez, quítale el agua”.
El hecho de que Ríos Montt fuera llamado a los tribunales monopolizó las agendas de grupos humanitarios. Entre otras razones porque nunca un militar guatemalteco ha sido condenado por los crímenes cometidos durante el enfrentamiento. Entre estas organizaciones se encuentra la Fundación Rigoberta Menchú, que tiene abierta una querella contra el dictador ante el Supremo español; el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), o la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua).
Entre 600 y 700 activistas de estas organizaciones, a quienes se sumaron familiares de las víctimas, realizaron una ruidosa manifestación en las afueras del Tribunal que escucha a Ríos Montt. Una pantalla gigante de televisión permitió a muchos seguir el desarrollo del interrogatorio, que comenzó con 30 minutos de retraso sobre el horario previsto. El defensor de Ríos Montt, Gonzalo Rodríguez, basa su estrategia en una afirmación que el militar ha repetido como un estribillo: “nunca estuve en ningún enfrentamiento con los guerrilleros, como para haber matado a alguien. Tampoco ordené matar a nadie”. La Fiscalía anunció que tiene un expediente con más de 100 folios donde se documentan, con pruebas, los delitos que se atribuyen al exjefe del Estado.
El general retirado ha podido permanecer al margen de la justicia, merced a la inmunidad que le permitía su condición de diputado del Congreso (legislativo, unicameral), y que terminó el pasado 14 de enero, con la juramentación de la nueva legislatura. Con anterioridad, sus abogados demostraron una eficacia particular en la utilización de recursos retardatorios, que impedían avanzar los procesos. Fue esta circunstancia la que provocó que Rigoberta Menchú buscara justicia ante el Tribunal Supremo español.
Particularmente ducho en argucias que le permitieron hasta ayer evadir la ley, en los primeros días de enero Ríos y sus abogados se presentaron ante los tribunales de Mayor Riesgo para saber si el militar tenía denuncias en su contra. Esta acción hace poco probable que al término de la audiencia el juez decida enviarlo a prisión provisionalmente.
Pasado el mediodía de ayer, la audiencia, que empezó con media hora de retraso y en medio de medidas de seguridad visiblemente reforzadas, continuaba. En una entrevista a la radio Emisoras Unidas, el ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, señaló que en caso de ordenarse la prisión del dictador, este sería conducido a un cuartel, como en el caso del expresidente Alfonso Portillo.
