Año nuevo, nuevo ajuste
Los expertos advierten de que las primeras medidas del Gobierno traerán más recesión a corto plazo
Madrid, El País
Que el nuevo ministro de Economía, Luis de Guindos, haya ofrecido al diario británico Financial Times, referente en el mundo financiero europeo, la primera entrevista a un medio de comunicación escrito es un signo de los turbulentos tiempos que vive la economía española. Como lo es que el Gobierno de Mariano Rajoy, en apenas una semana, haya anunciado un ajuste presupuestario, de 15.000 millones de euros, tan drástico como el que estigmatizó al Ejecutivo de su antecesor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Más aún, se da por descontado que aguarda otro ajuste aún mayor a la vuelta de la esquina -o lo que es lo mismo, de las elecciones autonómicas en Andalucía, el próximo mes de marzo-. Y que todo ello contribuirá a agravar la recesión y el paro.
No parece la mejor carta de presentación para una nueva legislatura, por muy condicionada por la crisis que empiece. Es, además, una apuesta arriesgada: la sucesión de ajustes presupuestarios empujan a otra recaída, sobre todo si el consumo privado sigue bajo cero y el dinamismo exportador renquea por el frenazo de la economía mundial. Y eso puede volverse como un bumerán contra los objetivos del Gobierno. "La experiencia del año pasado en toda Europa confirma que los recortes agravarán la recesión. Es una ilusión esperar los efectos supuestamente expansivos del ajuste fiscal, sobre todo con los niveles actuales de endeudamiento privado, la incertidumbre por las cifras de paro y el contexto europeo. Y lo peor es que esto hace imposible a la vez cumplir unos objetivos tan poco realistas de reducción del déficit, como nuevamente ponen de manifiesto los datos de 2011, no solo en España", explica Jorge Uxó, profesor de economía de la Universidad de Castilla-La Mancha.
El nuevo Gobierno del PP justificó su primer paquete de medidas (9.000 millones de recorte de gasto, 6.000 millones por subidas de impuestos) precisamente en el desvío "inesperado" del déficit público en 2011, del 6% al 8% del PIB. Y, en buena medida, el mecanismo de retroalimentación entre ajuste público y falta de crecimiento ya se ha puesto en marcha: los ingresos públicos flaquean por la caída de la actividad, muy acusada tras el recrudecimiento de la crisis financiera el pasado verano; y la promesa de nuevos ajustes se notará más pronto que tarde en las previsiones económicas de los expertos.
"Estas medidas, y las que muy probablemente se recojan en la presentación de los Presupuestos, a finales de marzo, van a tener un efecto contractivo sobre el crecimiento, sobre todo a corto plazo", anticipó esta semana el Instituto Flores de Lemus, de la Universidad Carlos III. Entre los 18 servicios de estudios españoles que elaboran previsiones periódicas sobre el futuro más próximo, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) fue la más pesimista, aun cuando su vaticinio sobre el déficit para el año pasado se quedó en el 7,5%. A finales de noviembre, Funcas ya auguraba una recaída en toda regla, con un retroceso del 0,5% este año y una tasa de paro del 23%. Ahora es posible que esa previsión se quede corta.
"Nuestra primera reacción fue mandar un mensaje muy claro del compromiso del Gobierno con la consolidación presupuestaria", justificó Luis de Guindos en la entrevista con Financial Times tras referir el desvío del déficit. El diario británico le insistió sobre el efecto depresivo en el crecimiento del nuevo ajuste. Un dilema al que el nuevo ministro de Economía replicó con la promesa de una "agresiva agenda de reformas estructurales" para incentivar el crecimiento a medio plazo. Y, también, con una restricción definitiva, que España tiene las manos atadas: "Ante los mercados, no podemos permitirnos decir que no vamos a hacer una política fiscal ortodoxa".
El barómetro de la táctica del PP -y en eso las distancias con los socialistas se difuminan- es la prima de riesgo, que determina el coste de financiación del sector público, y por extensión, del conjunto de la economía española. La estrategia es que, una vez que la Administración haya hecho lo que está en su mano para estabilizar la prima de riesgo, entren en funcionamiento reformas (financiera y laboral) para reabrir el grifo del crédito y facilitar la creación de empleo.
La prima de riesgo -el diferencial del interés que paga el bono español con el rendimiento del título alemán- apenas se inmutó tras el doble anuncio del desvio del déficit y del nuevo programa de ajuste. Desde que el Banco Central Europeo concediera, en diciembre, un masivo préstamo a tres años a las entidades financieras de la zona euro, la tensión se había rebajado, hasta el punto de dejar la prima de riesgo española en los 320 puntos básicos. Sin embargo, a finales de esta semana, se acercaba otra vez al nivel de los 400 puntos básicos.
El riesgo de la apuesta del PP acecha en los propios mercados, según el profesor Uxó, integrante del colectivo de académicos econoNuestra. "Parecen alabar la austeridad, pero también castigan el bajo crecimiento, que es lo que realmente cuestiona la capacidad de pagar la deuda", argumenta. Josep Oliver, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, desvía el tiro a Europa. "Los inversores vuelven a temer que Grecia no sea capaz de cumplir las condiciones para recibir el segundo paquete de ayudas de la UE", señala.
"El juego es perverso", concede Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada, "pero el ajuste parece inevitable porque cuando los socios europeos han acordado caminar en esta dirección, no hacerlo puede tener consecuencias más graves a corto plazo". Carbó, que también es director del servicio de estudios del Banco Mare Nostrum, cree que "los mercados, en estos momentos, no van a valorar un crecimiento sin sostenibilidad fiscal". La mala reacción de los inversores al confuso segundo Consejo de Ministros del Gobierno, celebrado este jueves, se interpretó en esta clave. "Creo que es un error no intentar compatibilizar consolidación fiscal con políticas de crecimiento, pero el núcleo duro de la Unión Europea, con Alemania a la cabeza, no está por la labor", matiza Carbó.
La consolidación fiscal llevará, ahora, a más recesión. Y eso tendrá su efecto sobre lo que se pueda recaudar con el recargo temporal al IRPF (el tipo marginal pasa del 45% al 52%, con recargos, progresivos, en todos los tramos) o el aumento de la tributación por rendimientos del capital. Pero es muy difícil cuantificar en qué medida se verán comprometidos los objetivos de recaudación, y tampoco se sabe si el Gobierno ha tenido en cuenta esta posibilidad en su cálculo, que apunta a un ingreso superior a los 5.000 millones por estas dos medidas.
"Los efectos contractivos de la consolidación fiscal te van a hacer perder más o menos 33 céntimos de recaudación por cada euro previsto en el paquete de medidas", estima Jesús Fernández-Villaverde, profesor de economía de la Universidad de Pensilvania (EE UU). El investigador de la fundación Fedea es de los que cree que, ahora, no hay remedio. "Para bien o para mal, España se había comprometido a una reducción agresiva de su déficit y ahora tirarse hacia atrás podría hacerte peligrar una reputación que nosotros sí que tenemos y que, por ejemplo, los italianos han perdido", afirma.
Fernández-Villaverde defiende también que "la consolidación fiscal debería haberse realizado de manera más pausada", una exigencia que el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, llevó a la campaña electoral. Si el recorte pactado con Bruselas (del 6% al 4,4% del PIB en déficit público de 2011 a 2012) ya parecía muy ambicioso, ahora que el punto de partida se ha desviado al 8%, y en plena recesión, se antoja casi imposible. "Alemania podría llegar a permitir un ajuste más suave del déficit, pero no a corto plazo", opina Josep Oliver. En la entrevista, publicada este jueves, Luis de Guindos hizo un guiño a esta posibilidad, aunque rechazó que España abandere esa reivindicación ante el temor (otra vez) a que los mercados castiguen la falta de ortodoxia.
Pese a que el nuevo Gobierno central justificó su ajuste presupuestario por el desvío en el déficit público, más de la mitad de ese desfase corresponde a las comunidades autónomas, que habrían sobrepasado con creces el límite del 1,3% del PIB que se les adjudicaba como déficit conjunto en 2011. Con una de sus principales vías de ingreso cegada (los impuestos relacionados con la deprimida actividad inmobiliaria), las comunidades ven ahora también limitado el recurso a subir los tipos en el tramo autonómico del IRPF, una iniciativa en la que el Gobierno les ha ganado -Cataluña o Asturias ya lo hicieron la pasada legislatura- por la mano. Si igualaran el incremento adoptado por el Gobierno, los tipos máximos se irían al 59%, una medida con un coste político significativo.
A los gobiernos autonómicos se les presenta un 2012 endiablado. En las comunidades más endeudadas, el acceso a los mercados financieros es cada vez más estrecho. Además, este año tienen que devolver unos 5.000 millones al Gobierno central por los ingresos que recibieron de más en 2008 y 2009 del sistema de financiación autonómica. Los barones del PP han reclamado ya a Rajoy un aplazamiento de estos pagos.
El único camino que se deja a las comunidades es el del tijeretazo al gasto. La cura de adelgazamiento en la Administración autónoma y su sector empresarial, que habían crecido a buen ritmo en los últimos años, tiene un recorrido limitado. Más de dos tercios del gasto autonómico se destina a sanidad, educación y políticas sociales, que concentran buena parte del empleo público y de la apuesta política por el Estado de bienestar. La precaria situación financiera de las comunidades sirve para justificar recortes apresurados y cuantiosos.
"Cataluña, que suele marcar la pauta en la Administración autónoma, ha tomado ya medidas muy contundentes en educación y sanidad", recuerda Josep Oliver. Para el catedrático de la Universidad de Barcelona, más importante que el impacto directo en el crecimiento económico y en el empleo, es el efecto de estas medidas en la confianza. "La percepción de estar en crisis es mucho más acusada en Cataluña que en el resto de España", afirma.
De las medidas de gasto que ha adelantado el Gobierno -congelación de salarios y plantilla para los funcionarios, recorte en 9.000 millones de las partidas ministeriales-, lo que más llama la atención de los expertos es el reiterado (otra similitud con el anterior Gobierno socialista) tijeretazo a las políticas de apoyo a la investigación científica y a la innovación empresarial. "Algunos recortes, como los de I+D+i son incomprensibles", apunta Carbó.
Los expertos también daban por hecho que habría subida de impuestos, pese a las promesas electorales del PP. "Resultaba obvio para cualquiera que hubiese mirado los números que en España solo se podía cerrar el déficit así", señala Fernández-Villaverde. Pero como admite Oliver, la decisión de elevar la tributación de las rentas del trabajo y del capital, en vez de algún impuesto indirecto, "sorprendió a propios y extraños".
Tras la decisión del Gobierno hay mucho de cálculo político. El nuevo Ejecutivo pretendió dar contenido a la máxima de que "los que más tienen, tienen que aportar más", con recargos crecientes según los tramos de renta en el IRPF y una mayor tributación al capital. El mensaje se complementó con otras medidas para "proteger a los más débiles", como la subida del 1% en las pensiones o la prórroga de la ayuda de 400 euros para los parados que agostaron la prestación. El resultado es que el peso del aumento de la recaudación recaerá en las clases medias. Además, Rajoy se significó personalmente contra la última alza del IVA (del 16% al 18%), el impuesto indirecto con mayor potencial recaudador, cuando fue aprobado por el Gobierno socialista a mediados de 2010.
La composición del paquete fiscal divide a los expertos. "Subir el IRPF me parece una insensatez. España tiene una imposición sobre las rentas del trabajo y el capital alta, si las comparamos con nuestros vecinos, en cambio tiene un IVA aún bajo. Se debería haber subido el IVA antes que los tipos a las rentas del trabajo. Las distorsiones causadas por tipos impositivos al trabajo tan altos son tremendas, y más en una situación de depresión del mercado laboral como el que nos encontramos", apunta Juan Rubio-Ramírez, profesor de la Universidad de Duke (EE UU) e investigador de Fedea, que también carga contra la reinstauración de la deducción por adquisición de vivienda. El profesor Férnandez-Villaverde añade el incremento de otro tributo indirecto, los impuestos especiales, "para incentivar el ahorro energético y las renovables".
"A mí la orientación no me ha parecido mala, aunque echo en falta un impuesto a las grandes fortunas, cambios en la tributación de las Sicav y pactar con las comunidades la recuperación del impuesto de sucesiones", plantea Oliver. "Discutir la composición del ajuste es empezar a justificarlo", advierte Uxó, que reclama anteponer el crecimiento al déficit, algo que depende en buena parte de un cambio de estrategia en la UE. Aun así, recuerda que si "las 10 mayores empresas del Ibex soportaran realmente el tipo teórico del 30%, y no el 16% real [por las deducciones] en el impuesto de sociedades se recaudarían 5.000 millones más".
Como muchos otros, Carbó cree posible que el Gobierno "instrumente nuevas subidas en impuestos especiales o en el IVA", dado el desafío presupuestario. El alza del IVA a cambio de recortes en las cotizaciones sociales sería un paso más en la ortodoxia fiscal que abandera Luis de Guindos -el FMI y la OCDE han recomendado varias veces a España que tome esta medida-, aunque la precaria situación de la Seguridad Social, que acaba de encajar el primer déficit desde los años noventa, no lo pone fácil.
"La consolidación fiscal no nos sacará de la crisis", concluye Fernández-Villaverde. "La salida de la crisis será con reformas estructurales en profundidad, el Gobierno defiende que las va a hacer pero todavía no las hemos visto", afirma, en relación con la táctica y la estrategia de los populares. Por ahora, el nuevo Ejecutivo lo fía todo a la prima de riesgo, pero, en esa batalla, sus drásticos ajustes presupuestarios solo sirven para ganar influencia ante comunidades autónomas y la Unión Europea, los frentes decisivos.
Madrid, El PaísQue el nuevo ministro de Economía, Luis de Guindos, haya ofrecido al diario británico Financial Times, referente en el mundo financiero europeo, la primera entrevista a un medio de comunicación escrito es un signo de los turbulentos tiempos que vive la economía española. Como lo es que el Gobierno de Mariano Rajoy, en apenas una semana, haya anunciado un ajuste presupuestario, de 15.000 millones de euros, tan drástico como el que estigmatizó al Ejecutivo de su antecesor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Más aún, se da por descontado que aguarda otro ajuste aún mayor a la vuelta de la esquina -o lo que es lo mismo, de las elecciones autonómicas en Andalucía, el próximo mes de marzo-. Y que todo ello contribuirá a agravar la recesión y el paro.
No parece la mejor carta de presentación para una nueva legislatura, por muy condicionada por la crisis que empiece. Es, además, una apuesta arriesgada: la sucesión de ajustes presupuestarios empujan a otra recaída, sobre todo si el consumo privado sigue bajo cero y el dinamismo exportador renquea por el frenazo de la economía mundial. Y eso puede volverse como un bumerán contra los objetivos del Gobierno. "La experiencia del año pasado en toda Europa confirma que los recortes agravarán la recesión. Es una ilusión esperar los efectos supuestamente expansivos del ajuste fiscal, sobre todo con los niveles actuales de endeudamiento privado, la incertidumbre por las cifras de paro y el contexto europeo. Y lo peor es que esto hace imposible a la vez cumplir unos objetivos tan poco realistas de reducción del déficit, como nuevamente ponen de manifiesto los datos de 2011, no solo en España", explica Jorge Uxó, profesor de economía de la Universidad de Castilla-La Mancha.
El nuevo Gobierno del PP justificó su primer paquete de medidas (9.000 millones de recorte de gasto, 6.000 millones por subidas de impuestos) precisamente en el desvío "inesperado" del déficit público en 2011, del 6% al 8% del PIB. Y, en buena medida, el mecanismo de retroalimentación entre ajuste público y falta de crecimiento ya se ha puesto en marcha: los ingresos públicos flaquean por la caída de la actividad, muy acusada tras el recrudecimiento de la crisis financiera el pasado verano; y la promesa de nuevos ajustes se notará más pronto que tarde en las previsiones económicas de los expertos.
"Estas medidas, y las que muy probablemente se recojan en la presentación de los Presupuestos, a finales de marzo, van a tener un efecto contractivo sobre el crecimiento, sobre todo a corto plazo", anticipó esta semana el Instituto Flores de Lemus, de la Universidad Carlos III. Entre los 18 servicios de estudios españoles que elaboran previsiones periódicas sobre el futuro más próximo, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) fue la más pesimista, aun cuando su vaticinio sobre el déficit para el año pasado se quedó en el 7,5%. A finales de noviembre, Funcas ya auguraba una recaída en toda regla, con un retroceso del 0,5% este año y una tasa de paro del 23%. Ahora es posible que esa previsión se quede corta.
"Nuestra primera reacción fue mandar un mensaje muy claro del compromiso del Gobierno con la consolidación presupuestaria", justificó Luis de Guindos en la entrevista con Financial Times tras referir el desvío del déficit. El diario británico le insistió sobre el efecto depresivo en el crecimiento del nuevo ajuste. Un dilema al que el nuevo ministro de Economía replicó con la promesa de una "agresiva agenda de reformas estructurales" para incentivar el crecimiento a medio plazo. Y, también, con una restricción definitiva, que España tiene las manos atadas: "Ante los mercados, no podemos permitirnos decir que no vamos a hacer una política fiscal ortodoxa".
El barómetro de la táctica del PP -y en eso las distancias con los socialistas se difuminan- es la prima de riesgo, que determina el coste de financiación del sector público, y por extensión, del conjunto de la economía española. La estrategia es que, una vez que la Administración haya hecho lo que está en su mano para estabilizar la prima de riesgo, entren en funcionamiento reformas (financiera y laboral) para reabrir el grifo del crédito y facilitar la creación de empleo.
La prima de riesgo -el diferencial del interés que paga el bono español con el rendimiento del título alemán- apenas se inmutó tras el doble anuncio del desvio del déficit y del nuevo programa de ajuste. Desde que el Banco Central Europeo concediera, en diciembre, un masivo préstamo a tres años a las entidades financieras de la zona euro, la tensión se había rebajado, hasta el punto de dejar la prima de riesgo española en los 320 puntos básicos. Sin embargo, a finales de esta semana, se acercaba otra vez al nivel de los 400 puntos básicos.
El riesgo de la apuesta del PP acecha en los propios mercados, según el profesor Uxó, integrante del colectivo de académicos econoNuestra. "Parecen alabar la austeridad, pero también castigan el bajo crecimiento, que es lo que realmente cuestiona la capacidad de pagar la deuda", argumenta. Josep Oliver, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, desvía el tiro a Europa. "Los inversores vuelven a temer que Grecia no sea capaz de cumplir las condiciones para recibir el segundo paquete de ayudas de la UE", señala.
"El juego es perverso", concede Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada, "pero el ajuste parece inevitable porque cuando los socios europeos han acordado caminar en esta dirección, no hacerlo puede tener consecuencias más graves a corto plazo". Carbó, que también es director del servicio de estudios del Banco Mare Nostrum, cree que "los mercados, en estos momentos, no van a valorar un crecimiento sin sostenibilidad fiscal". La mala reacción de los inversores al confuso segundo Consejo de Ministros del Gobierno, celebrado este jueves, se interpretó en esta clave. "Creo que es un error no intentar compatibilizar consolidación fiscal con políticas de crecimiento, pero el núcleo duro de la Unión Europea, con Alemania a la cabeza, no está por la labor", matiza Carbó.
La consolidación fiscal llevará, ahora, a más recesión. Y eso tendrá su efecto sobre lo que se pueda recaudar con el recargo temporal al IRPF (el tipo marginal pasa del 45% al 52%, con recargos, progresivos, en todos los tramos) o el aumento de la tributación por rendimientos del capital. Pero es muy difícil cuantificar en qué medida se verán comprometidos los objetivos de recaudación, y tampoco se sabe si el Gobierno ha tenido en cuenta esta posibilidad en su cálculo, que apunta a un ingreso superior a los 5.000 millones por estas dos medidas.
"Los efectos contractivos de la consolidación fiscal te van a hacer perder más o menos 33 céntimos de recaudación por cada euro previsto en el paquete de medidas", estima Jesús Fernández-Villaverde, profesor de economía de la Universidad de Pensilvania (EE UU). El investigador de la fundación Fedea es de los que cree que, ahora, no hay remedio. "Para bien o para mal, España se había comprometido a una reducción agresiva de su déficit y ahora tirarse hacia atrás podría hacerte peligrar una reputación que nosotros sí que tenemos y que, por ejemplo, los italianos han perdido", afirma.
Fernández-Villaverde defiende también que "la consolidación fiscal debería haberse realizado de manera más pausada", una exigencia que el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, llevó a la campaña electoral. Si el recorte pactado con Bruselas (del 6% al 4,4% del PIB en déficit público de 2011 a 2012) ya parecía muy ambicioso, ahora que el punto de partida se ha desviado al 8%, y en plena recesión, se antoja casi imposible. "Alemania podría llegar a permitir un ajuste más suave del déficit, pero no a corto plazo", opina Josep Oliver. En la entrevista, publicada este jueves, Luis de Guindos hizo un guiño a esta posibilidad, aunque rechazó que España abandere esa reivindicación ante el temor (otra vez) a que los mercados castiguen la falta de ortodoxia.
Pese a que el nuevo Gobierno central justificó su ajuste presupuestario por el desvío en el déficit público, más de la mitad de ese desfase corresponde a las comunidades autónomas, que habrían sobrepasado con creces el límite del 1,3% del PIB que se les adjudicaba como déficit conjunto en 2011. Con una de sus principales vías de ingreso cegada (los impuestos relacionados con la deprimida actividad inmobiliaria), las comunidades ven ahora también limitado el recurso a subir los tipos en el tramo autonómico del IRPF, una iniciativa en la que el Gobierno les ha ganado -Cataluña o Asturias ya lo hicieron la pasada legislatura- por la mano. Si igualaran el incremento adoptado por el Gobierno, los tipos máximos se irían al 59%, una medida con un coste político significativo.
A los gobiernos autonómicos se les presenta un 2012 endiablado. En las comunidades más endeudadas, el acceso a los mercados financieros es cada vez más estrecho. Además, este año tienen que devolver unos 5.000 millones al Gobierno central por los ingresos que recibieron de más en 2008 y 2009 del sistema de financiación autonómica. Los barones del PP han reclamado ya a Rajoy un aplazamiento de estos pagos.
El único camino que se deja a las comunidades es el del tijeretazo al gasto. La cura de adelgazamiento en la Administración autónoma y su sector empresarial, que habían crecido a buen ritmo en los últimos años, tiene un recorrido limitado. Más de dos tercios del gasto autonómico se destina a sanidad, educación y políticas sociales, que concentran buena parte del empleo público y de la apuesta política por el Estado de bienestar. La precaria situación financiera de las comunidades sirve para justificar recortes apresurados y cuantiosos.
"Cataluña, que suele marcar la pauta en la Administración autónoma, ha tomado ya medidas muy contundentes en educación y sanidad", recuerda Josep Oliver. Para el catedrático de la Universidad de Barcelona, más importante que el impacto directo en el crecimiento económico y en el empleo, es el efecto de estas medidas en la confianza. "La percepción de estar en crisis es mucho más acusada en Cataluña que en el resto de España", afirma.
De las medidas de gasto que ha adelantado el Gobierno -congelación de salarios y plantilla para los funcionarios, recorte en 9.000 millones de las partidas ministeriales-, lo que más llama la atención de los expertos es el reiterado (otra similitud con el anterior Gobierno socialista) tijeretazo a las políticas de apoyo a la investigación científica y a la innovación empresarial. "Algunos recortes, como los de I+D+i son incomprensibles", apunta Carbó.
Los expertos también daban por hecho que habría subida de impuestos, pese a las promesas electorales del PP. "Resultaba obvio para cualquiera que hubiese mirado los números que en España solo se podía cerrar el déficit así", señala Fernández-Villaverde. Pero como admite Oliver, la decisión de elevar la tributación de las rentas del trabajo y del capital, en vez de algún impuesto indirecto, "sorprendió a propios y extraños".
Tras la decisión del Gobierno hay mucho de cálculo político. El nuevo Ejecutivo pretendió dar contenido a la máxima de que "los que más tienen, tienen que aportar más", con recargos crecientes según los tramos de renta en el IRPF y una mayor tributación al capital. El mensaje se complementó con otras medidas para "proteger a los más débiles", como la subida del 1% en las pensiones o la prórroga de la ayuda de 400 euros para los parados que agostaron la prestación. El resultado es que el peso del aumento de la recaudación recaerá en las clases medias. Además, Rajoy se significó personalmente contra la última alza del IVA (del 16% al 18%), el impuesto indirecto con mayor potencial recaudador, cuando fue aprobado por el Gobierno socialista a mediados de 2010.
La composición del paquete fiscal divide a los expertos. "Subir el IRPF me parece una insensatez. España tiene una imposición sobre las rentas del trabajo y el capital alta, si las comparamos con nuestros vecinos, en cambio tiene un IVA aún bajo. Se debería haber subido el IVA antes que los tipos a las rentas del trabajo. Las distorsiones causadas por tipos impositivos al trabajo tan altos son tremendas, y más en una situación de depresión del mercado laboral como el que nos encontramos", apunta Juan Rubio-Ramírez, profesor de la Universidad de Duke (EE UU) e investigador de Fedea, que también carga contra la reinstauración de la deducción por adquisición de vivienda. El profesor Férnandez-Villaverde añade el incremento de otro tributo indirecto, los impuestos especiales, "para incentivar el ahorro energético y las renovables".
"A mí la orientación no me ha parecido mala, aunque echo en falta un impuesto a las grandes fortunas, cambios en la tributación de las Sicav y pactar con las comunidades la recuperación del impuesto de sucesiones", plantea Oliver. "Discutir la composición del ajuste es empezar a justificarlo", advierte Uxó, que reclama anteponer el crecimiento al déficit, algo que depende en buena parte de un cambio de estrategia en la UE. Aun así, recuerda que si "las 10 mayores empresas del Ibex soportaran realmente el tipo teórico del 30%, y no el 16% real [por las deducciones] en el impuesto de sociedades se recaudarían 5.000 millones más".
Como muchos otros, Carbó cree posible que el Gobierno "instrumente nuevas subidas en impuestos especiales o en el IVA", dado el desafío presupuestario. El alza del IVA a cambio de recortes en las cotizaciones sociales sería un paso más en la ortodoxia fiscal que abandera Luis de Guindos -el FMI y la OCDE han recomendado varias veces a España que tome esta medida-, aunque la precaria situación de la Seguridad Social, que acaba de encajar el primer déficit desde los años noventa, no lo pone fácil.
"La consolidación fiscal no nos sacará de la crisis", concluye Fernández-Villaverde. "La salida de la crisis será con reformas estructurales en profundidad, el Gobierno defiende que las va a hacer pero todavía no las hemos visto", afirma, en relación con la táctica y la estrategia de los populares. Por ahora, el nuevo Ejecutivo lo fía todo a la prima de riesgo, pero, en esa batalla, sus drásticos ajustes presupuestarios solo sirven para ganar influencia ante comunidades autónomas y la Unión Europea, los frentes decisivos.
