Gobierno ratifica que no está en condiciones económicas para otorgar bono a discapacitados
La Paz, Abi
La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, ratificó el domingo que el Gobierno no está en condiciones económicas para otorgar un bono anual de 3.000 bolivianos a las personas con discapacidad, que marchan de Trinidad a La Paz, en demanda de la aprobación de la Ley de Trato Preferente y de esa bonificación.
En una entrevista con los medios estatales, Caro recordó que la Misión Moto Méndez identificó a más de 85.000 personas con discapacidad, lo que representa cerca del 1% de al menos 10 millones de habitantes.
"Si estamos hablando del 1% significan 100.000 habitantes, los discapacitados que están en esa movilización están solicitando un bono anual de 3.000 bolivianos, sólo si consideramos el 1% estamos hablando de 300 millones de bolivianos al año, que son 45 millones de dólares eso es casi otro bono Juancito Pinto", argumentó.
Recordó que datos estadísticos internacionales aseguran que las personas con alguna discapacidad representan en promedio el 10% de la población, lo que significa la emisión de 450 millones de dólares al año para cubrir ese bono.
"Ese monto representa más de lo que se paga en los tres programas que estamos financiando la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy. Como Gobierno no estamos en las condiciones de hacer ese tipo de transferencias y menos cuando no tenemos una información completa sobre la población", aseveró.
Apuntó que los 40 millones de bolivianos que se transfieren al año para ese sector son asignados a proyectos de desarrollo productivo, a la Escuela de Prótesis y Ortesis de El Alto, y a los talleres textiles de fibra de alpaca, talleres artesanales y panadería ubicados Pando y Tarija que favorecen a los discapacitados.
Además, precisó que esos recursos financian 20 centros instalados en los nueve departamentos que otorgan asistencia legal, social y técnica para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
En esa línea, la Ministra de Planificación consideró que un bono anual no cubrirá la necesidad de ese sector, que requiere atención permanente, medicamentos, rehabilitación y acceso a fuentes laborales.
"Estamos seguros que una atención de salud especializada para ellos sería mucho más importante y esperamos evalúen esos aspectos dentro de las medidas que están solicitando", sustentó.
El proyecto de ley que demanda el sector, establece que las personas con discapacidad podrán acceder a una jubilación a los 45 años; además obtendrán beneficios como el 10% de inclusión en los cargos de instituciones públicas y privadas; descuentos hasta del 50% en tarifas de servicios básicos y transporte; además de un bono anual de 3.000 bolivianos para las personas con discapacidad severa.
La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, ratificó el domingo que el Gobierno no está en condiciones económicas para otorgar un bono anual de 3.000 bolivianos a las personas con discapacidad, que marchan de Trinidad a La Paz, en demanda de la aprobación de la Ley de Trato Preferente y de esa bonificación.
En una entrevista con los medios estatales, Caro recordó que la Misión Moto Méndez identificó a más de 85.000 personas con discapacidad, lo que representa cerca del 1% de al menos 10 millones de habitantes.
"Si estamos hablando del 1% significan 100.000 habitantes, los discapacitados que están en esa movilización están solicitando un bono anual de 3.000 bolivianos, sólo si consideramos el 1% estamos hablando de 300 millones de bolivianos al año, que son 45 millones de dólares eso es casi otro bono Juancito Pinto", argumentó.
Recordó que datos estadísticos internacionales aseguran que las personas con alguna discapacidad representan en promedio el 10% de la población, lo que significa la emisión de 450 millones de dólares al año para cubrir ese bono.
"Ese monto representa más de lo que se paga en los tres programas que estamos financiando la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy. Como Gobierno no estamos en las condiciones de hacer ese tipo de transferencias y menos cuando no tenemos una información completa sobre la población", aseveró.
Apuntó que los 40 millones de bolivianos que se transfieren al año para ese sector son asignados a proyectos de desarrollo productivo, a la Escuela de Prótesis y Ortesis de El Alto, y a los talleres textiles de fibra de alpaca, talleres artesanales y panadería ubicados Pando y Tarija que favorecen a los discapacitados.
Además, precisó que esos recursos financian 20 centros instalados en los nueve departamentos que otorgan asistencia legal, social y técnica para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
En esa línea, la Ministra de Planificación consideró que un bono anual no cubrirá la necesidad de ese sector, que requiere atención permanente, medicamentos, rehabilitación y acceso a fuentes laborales.
"Estamos seguros que una atención de salud especializada para ellos sería mucho más importante y esperamos evalúen esos aspectos dentro de las medidas que están solicitando", sustentó.
El proyecto de ley que demanda el sector, establece que las personas con discapacidad podrán acceder a una jubilación a los 45 años; además obtendrán beneficios como el 10% de inclusión en los cargos de instituciones públicas y privadas; descuentos hasta del 50% en tarifas de servicios básicos y transporte; además de un bono anual de 3.000 bolivianos para las personas con discapacidad severa.