El Ejército uruguayo tiende la mano a las víctimas de la dictadura

Montevideo, EFE
El Ejército uruguayo tendió hoy la mano a las víctimas de la dictadura al anunciar en un gesto inédito que no cobijará en sus filas a asesinos ni tolerará pactos de silencio para proteger a los represores, tras el reciente hallazgo en un cuartel de los restos de un maestro secuestrado y asesinado en 1977.

Cuatro días después de que las autoridades revelaran que los restos hallados en octubre pasado corresponden al docente Julio Castro, el comandante en jefe de la fuerza de tierra, general Pedro Aguerre, afirmó que el Ejército "no aceptará, tolerará, ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas".

"Estamos tendiendo la mano y espero que todos lo entiendan", afirmó Aguerre en una comparecencia ante la prensa en la cual no respondió a preguntas de los periodistas y estuvo acompañado de los diez generales que se encuentran en el país.

De los cuatro restantes, tres que están en el exterior fueron consultados telefónicamente por el jefe del Ejército y al último, Miguel Dalmao, no se le consultó porque está preso desde hace un año precisamente porque se le sigue un proceso por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

Aguerre, que asumió su puesto el pasado 31 de octubre, aseguró que no tiene conocimiento de "ningún pacto de silencio para encubrir delitos dentro de la fuerza" y aclaró que, en caso de que existiera, el daría "la orden de su revocación inmediata".

Tras conocerse la nueva posición del Ejército, uno de los portavoces de la Asociación de expresos políticos Crysol, Baldemar Taroco, dijo a Efe que "es un gesto tenue" y que su agrupación sigue esperando "un pedido formal de disculpas por todo lo que hicieron los militares durante la dictadura".

"Hay que ver el alcance de la postura y si logra que desaparezca el pacto de silencio", agregó.

Taroco dijo asimismo que "no se ven avances" en la colaboración de las Fuerzas Armadas para tratar de aclarar los casos de detenidos-desaparecidos durante aquel período.

Si "ya no son las de antes" que "se habiliten todas las formas" de investigación y "se avance" para definir "cuál fue la culpa de los mandos", reclamó.

Según el portavoz de Crysol, más de 10.000 uruguayos fueron detenidos y "pasaron por los cuarteles" durante la dictadura y "unos 7.000 fueron procesados".

Antes el general Aguerre había pedido apoyo dentro y fuera del Ejército para "obtener información" que permita "delimitar la responsabilidad" militar en el caso de Castro "o cualquier otro que se entienda de futuro".

Julio Castro fue un maestro rural y periodista que fundó el semanario Marcha y participó en la creación del hoy partido oficialista Frente Amplio, de izquierdas.

Fue detenido por la dictadura el primero de agosto de 1977, a los 68 años de edad, y no se supo nada más de él.

Sus restos fueron hallados en el Batallón 14 del Ejército hace un mes y medio e identificados plenamente el pasado jueves.

Había sido torturado, atado de pies y manos y ejecutado de un tiro en la cabeza.

El presidente uruguayo, el exguerrillero Jose Mujica, y organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado repetidamente a los militares retirados que faciliten información para dar con los restos de los desaparecidos.

El sociólogo Ignacio Zuasnabar calificó hoy como "un cambio significativo" la nueva postura del Ejército uruguayo.

"Está claro que de alguna manera se busca acercar a las Fuerzas Armadas a la gente e intentar la reconciliación", dijo a Efe.

De la declaración de Aguerre "se desprende que marca distancia de las prácticas de silencio del pasado, lo que sin duda es positivo" y que "aparentemente hay una nueva filosofía" castrense de "buscar más información y soluciones" sobre el tema, manifestó.

El sociólogo destacó que se trata de un asunto "todavía fuerte" para los uruguayos de más de 40 años en un país con una población envejecida, pero las nuevas generaciones "por lo general opinan que hay que dar vuelta la página".

Este año el Parlamento uruguayo fracasó en un intento de eliminar la Ley de Caducidad, que dejó impunes los crímenes de la dictadura, pero luego evitó con otra ley la prescripción de los delitos cometidos en esa época al declararlos de lesa humanidad.

A pesar de esa primera ley, que permite a los gobiernos de turno decidir qué casos pueden ser juzgados y cuáles no, con la llegada de la izquierda al poder en 2005 fueron procesados el exdictador Gregorio Álvarez, que cumple varias condenas, y una docena de militares y policías.