Represión a indígenas tuvo un plan y nadie asume la autoría; violencia en “proceso de cambio” de Evo

La Paz, eju!
Analistas advierten que los únicos procesados por hechos trágicos son los “señalados por el Gobierno” de Morales, pero las autoridades del Ejecutivo quedan sin asumir sus responsabilidades.
La Policía reprimió a los indígenas de dos frentes. El segundo flanco se abrió dentro de un predio ubicado a 500 mts del campamento originario. Aprehendieron a 300 personas.
No hay responsables a la vista de la represión policial a la marcha. La violencia le costó la cabeza a Sacha Llorentti, exministro de Gobierno; a su exviceministro de Régimen del Interior; Marcos Farfán y al subcomandante de la Policía Nacional, Óscar Muñoz, pero aun no se identifica al que dio la orden de intervención.

Los indígenas han dejado claro que el 25 de septiembre la Policía actuó de forma ordenada y siguiendo una planificación; una relación de hechos así lo deja en evidencia.

Esa tarde, la Policía se pertrechó dentro de un predio antes de reprimir la marcha indígena. Eran las 17:00 cuando la guardia indígena, unos 50 hombres provistos de arcos y flechas, corrieron 500 metros hacia Chaparina al percatarse de que 200 policías antimotines, bien equipados, habían abierto un segundo frente adentro de una hacienda próxima al campamento de San Lorenzo de Yucumo. Mientras, otro cordón policial se mantuvo cerca del grueso de la columna de marchistas.

Pronto, los indígenas se vieron rodeados por dos grupos de uniformados, en una disposición táctica que amenazaba con sofocar a los originarios: la intervención era cuestión de minutos, entendieron los marchistas. Parecía una estrategia militar de asalto.

Gráficas reveladoras muestran (ver fotos) cómo el presidente de la subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, acompañado de la guardia de la marcha, exige a los efectivos de la Policía que se retiren del lugar, pues su presencia representaba una amenaza para el campamento.

Vanos fueron los intentos de persuadir a los uniformados de abandonar el lugar, ellos permanecieron ahí indicando que se asentaron porque fueron retirados del campamento de Chaparina y que solo esperaban órdenes superiores para replegarse; nadie creyó en esa promesa.

Los policías bien equipados de gases lacrimógenos, cascos y escudos, pidieron a Vargas y a la guardia de originarios un plazo de 30 minutos para hacer consultas a sus superiores para desocupar el lugar; sin embargo, la tensión se apoderó del ambiente y la guardia rodeó el segundo frente policial.

Los oficiales dijeron que no tenían vehículos para trasladarse a Yucumo, mientras se acomodaban seis camionetas de la Policía a un costado de la propiedad. Por otro lado, cerca del campamento indígena se vio llegar tres buses desde Yucumo, mismos que se apostaron a un lado del cordón de uniformados.

A las 17:20, una de las movilidades, que había sido identificada en días pasados como vehículo de Inteligencia cruzaba por el predio que ocupó el segundo frente policiaco, una vagoneta Nissan Patrol blanca. Allí se trasladaban cuatro personas vestidas de civil, pero los indígenas los señalaron como hombres de la dirección de Régimen del Interior.

“Ahora, carajo”, fue el grito que se escuchó desde dentro de la propiedad, antes de que comience la reacción de los policías antimotines. La represión fue resistida unos minutos por la guardia indígena, pero rápidamente quedó diezmada. Los policías comenzaron a golpear, maniatar y a cargar en las camionetas a los marchistas que encontraron a su paso. La arremetida fue violenta.

Por otro lado, el primer grupo de uniformados irrumpió con fuerza en el campamento desprotegido, donde había algunos hombres, varios jóvenes, pero sobre todo mujeres y niños. Se usó gases, palos y cinta adhesiva para capturar a los indígenas. Todo sucedió en presencia de veedores de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y gente de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La Policía capturó primero a los que se identificó como dirigente. Se llamó a cada uno por sus nombres. Muchos recibieron verdaderas golpizas.

Fernando Vargas y Celso Padilla, presidente la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), entre otros, fueron algunos de los que capturaron primero. Muchas mujeres y niños huyeron despavoridos hacia el monte perdido detrás de las haciendas de San Lorenzo de Yucumo. El operativo duró alrededor de una hora, entre que terminaron de arrestar a más de 300 personas y esperaron la llegada de más buses. En el lugar se pudo ver al director nacional de Régimen Interior, Boris Villegas, que se rehusó a dar explicaciones sobre la intervención. También estuvo Víctor Hugo Maldonado, jefe nacional de Inteligencia.

La refriega tuvo anuncio previo

Fernando Vargas, presidente de la subcentral del Tipnis, estaba seguro de que en unos días más golpearían con fuerza a la marcha indígena. Era el domingo 11 de septiembre. Habían pasado 28 días de caminata y faltaban dos semanas para que sus miedos se confirmen con palos, gases y ataduras. Vargas se acababa de enterar por la radio de que 450 hombres de verde olivo llegaron a Yucumo desde La Paz y Cochabamba; él pensó en voz baja que ellos no habían venido a ‘jugar’.

En el campamento se escuchó decir a algunos indígenas que fueron a San Borja que habían hombres del Régimen del Interior alojados en un cómodo hotel del pueblo. El cielo lloró gotas gruesas de lluvia y la sicosis por la intervención comenzó a asentarse como niebla en la cabeza de los marchistas. Eso duraría 14 días más.

Al día siguiente vino la denuncia: el Gobierno va a intervenir la marcha con policías, dicen los indígenas a todo el país por medio de la prensa. “No se vayan a ir, no sabemos lo que puede llegar a pasar”, dijo ese día Yenny Suárez, cabeza del comité político de la movilización. Lo del 25 de septiembre los indígenas lo vieron venir desde La Embocada.

“Tengo la corazonada de que hoy nos van a arrestar y al Gobierno no le va a pesar usar la fuerza”, es lo primero que dijo Vargas la mañana del 25. Llegó una carta del ministro de Carlos Romero. Era una invitación a dialogar esa noche en La Paz. Nadie confiaba en esa invitación. Cuando el comité político de la marcha se dispusía a discutir la invitación de Romero, la amenaza de intervención se hizo real.