Las 700 “consecuencias del conflicto”
Los presos de ETA confían en que el cese de la violencia les abra las puertas de las cárceles
Madrid, El País
ETA, hoy, son fundamentalmente sus presos. La banda, que acaba de anunciar el cese definitivo de la violencia, tenía ahora apenas unos 50 o 60 miembros que mantenían activa la organización; y hay otro grupo de deportados o huidos —sobre todo en Cuba y Venezuela—, muchos de los cuales llevan décadas fuera de España y no tienen ya causas pendientes. Pero el grueso de la banda, pues, son los reclusos: 703 en total. Hay 559 en España; 140 en Francia; uno en Portugal; uno en Reino Unido; uno en Irlanda y uno en México, según datos de la asociación de familiares de presos Etxerat completados con cifras de la Audiencia Nacional. Etxerat excluye aquellos condenados de la banda que se han apartado o han sido expulsados del colectivo oficial de reclusos.
¿Qué va a ocurrir con estos presos? O, más bien, ¿va a ocurrir algo?, ¿debe tomarse alguna decisión con respecto a ellos ahora que ETA dice que no volverá a matar? La banda terrorista, en el comunicado hecho público ayer, “hace un llamamiento” a los Gobiernos de Francia y España a abrir un proceso de “diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto”, lo que parece referirse fundamentalmente a los presos. No declara su disolución ni la entrega de las armas, lo que puede interpretarse como una amenaza latente para negociar sobre sus reclusos.
El Acuerdo de Gernika, el documento en que la izquierda abertzale, los partidos que conforman Bildu y algunos colectivos sociales y ONG del País Vasco han plasmado su hoja de ruta para el fin de la violencia, recoge varias propuestas para los reclusos de la banda. El colectivo oficial de presos, cuando suscribió el documento el pasado 23 de septiembre, fue aún más allá pidiendo una amnistía inasumible en un régimen democrático y ante el tipo de delitos por el que estos reclusos han sido condenados. Otras demandas son más sencillas, como el acercamiento de los presos a Euskadi, la liberación de presos gravemente enfermos o la concesión de beneficios penitenciarios, pero siempre y cuando se lleven a cabo respetando la ley.
El escenario penitenciario para gestionar un eventual final de ETA es algo que Instituciones Penitenciarias lleva preparando desde hace más de cinco años, por si acaso, según explican fuentes gubernamentales. La construcción de nuevas prisiones en Álava, San Sebastián y Pamplona, el estudio de los casos de los enfermos terminales y las posibilidades legales que se han llevado a cabo en materia de beneficios penitenciarios con la treintena de presos que han repudiado la violencia y pedido perdón a las víctimas —la denominada vía Nanclares— dejan un camino abierto, dentro de la legalidad, para el Gobierno que resulte elegido el 20-N.
Las asociaciones de víctimas piden que cualquier decisión pase por el cumplimiento estricto de la legalidad. Así lo hicieron constar en el documento Principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad, hecho público en noviembre de 2010 y firmado por la mayor parte de las asociaciones y fundaciones. Quieren que ETA condene su propio pasado, los 43 años de violencia, y que la política penitenciaria no se convierta “en una política de gracia” con excarcelaciones anticipadas basadas en una “aplicación laxa de la progresión de grados penitenciarios”. Piden que los miembros de la banda denuncien públicamente la violencia y colaboren con la justicia para “el esclarecimiento de los varios cientos de crímenes sin resolver”.
Los internos, convertidos durante décadas en mártires y héroes de la causa, han sido auténticos símbolos para el espectro sociológico vasco que históricamente ha apoyado las acciones de ETA y un instrumento de lucha para la estrategia de la banda. Algunos de ellos llevan en la cárcel desde los años 80 o 90 y son considerados por los suyos como las “víctimas”; ellos y sus familiares. Acusan al Estado de que, por la dispersión de presos por cárceles de toda España, 16 familiares han muerto en accidentes mientras viajaban para visitarlos. Enfrente, ETA ha dejado 829 asesinatos, 84 secuestros y centenares de extorsionados a lo largo de 43 años de terror.
La banda ha dejado de lado a los presos en ocasiones, especialmente durante los últimos procesos de negociación con el Estado, para centrarse en sus objetivos políticos —independencia, anexión de Navarra...— . Pero jamás ha dejado de tener como prioridad el control de las cárceles, la cohesión interna de un colectivo con centenares de miembros. Gracias a las ayudas económicas a los reclusos y a los familiares que debían viajar para visitarlos, ETA lograba una adhesión difícil de romper que apuntalaba además con un férreo sistema de vigilancia del comportamiento de cada uno de los internos.
Para los diversos Gobiernos, los reclusos han sido una herramienta fundamental en la lucha antiterrorista. El Estado ha jugado a castigos y recompensas con su dispersión o acercamiento a Euskadi y la concesión de ciertos beneficios penitenciarios si se alejaban de la violencia. Hace 30 años se llegaron incluso a conceder medidas de gracia e indultos a través de los planes de reinserción para los miembros de la banda que dejaron la violencia a principios de los ochenta.
La tregua y posterior disolución de ETA Político-militar entre 1980 y 1982 fueron el germen de aquellos primeros planes de reinserción con medidas de gracia incluidas que ofreció el Estado para los presos y huidos de la justicia. En principio para los polimilis, pero también para cualquier miembro de ETA Militar o de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), una escisión de la banda, que quisieran abandonar las armas.
Ahora que la banda al completo ha decretado el cese definitivo de la violencia —aunque no su disolución—, ¿podría suceder algo parecido? Las opiniones de jueces y miembros del Gobierno son unánimes: no. Era otro momento, que tiene muy poco o nada que ver con la situación actual. Han pasado 30 años, hay casi mil muertos sobre la mesa y el Estado ha acorralado a una banda que ha dejado de matar porque estaba tan débil que nada podía conseguir ya con las armas.
“Las circunstancias son completamente distintas a las de entonces”, señala Juan Infante, abogado bilbaíno que se encargó, con los fallecidos Juan María Bandrés y Mario Onaindía, líderes de Euskadiko Ezkerra, de asistir legalmente a los polimilis. Hubo indultos; libertades provisionales para los preventivos pendientes de juicio y condicionales para muchos condenados con gran parte de la pena cumplida; la fiscalía no llegó a acusar en algunos casos y la policía no investigó demasiado en otros. Finalmente, unas 120 personas se acogieron a los planes de reinserción del Gobierno durante un proceso que duró casi cinco años, desde 1980 hasta que regresó a España la cúpula de ETA Político-militar, los casos más complicados, ya en enero de 1985.
“Hoy es impensable algo similar”, sostiene Infante. “Entonces se miró mucho para otro lado. Todos colaboraron, los políticos, la policía, la fiscalía, la Audiencia Nacional, para dar una solución a los presos en una democracia incipiente recién salida del franquismo que quería acabar con el terrorismo y que pretendía hacer cundir el ejemplo entre los presos. No había tantos muertos sobre la mesa ni asociaciones de víctimas con la fuerza que tienen ahora”. Esta opinión la comparte un dirigente socialista que participó también en aquel proceso: “Aparte de muchas otras diferencias, la vía policial o la judicial es mucho más difícil hoy porque existe una separación de poderes más seria. Nadie le puede decir a un juez o a un fiscal lo que tiene que hacer en estos casos”.
¿Cuáles son entonces las opciones actuales si es que debe haber alguna? ¿Cómo será el futuro próximo? Algunas de las peticiones del Acuerdo de Gernika ya están en práctica, como la liberación de presos gravemente enfermos, y otras están pendientes de futuras resoluciones, como la abolición de la doctrina Parot —que implica el cumplimiento efectivo de 30 años de cárcel al impedir de hecho la redención de penas por el trabajo— sobre cuya aplicación debe decidir en los próximos meses el Tribunal Constitucional y que afecta a 61 presos de ETA.
Otra de las demandas es el acercamiento de los presos a Euskadi. La más sencilla probablemente. Puede tomarla el Gobierno de un día para otro, sin más. De hecho se ha llevado a cabo durante algunos de los procesos de negociación con la banda. El Gobierno de José María Aznar acercó a más de un centenar de reclusos durante la tregua de 1998.
La dispersión como decisión política comenzó durante la segunda legislatura socialista, en 1989. Antes de esa fecha no estaban todos los presos en el País Vasco —de hecho la gran mayoría estaban concentrados en las prisiones de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y Alcalá-Meco (Madrid)— pero estaban juntos. La decisión de repartirlos por todo el territorio buscaba fracturar la cohesión interna del colectivo, y se ha mantenido hasta hoy, dando a los presos la opción de acercarse a Euskadi —como ha ocurrido con la treintena de reclusos que están en Nanclares de Oca (Álava)— solo si renunciaban a la violencia. Con una ETA inactiva, acabar con la dispersión no sería complicado. Instituciones Penitenciarias acaba de inaugurar una nueva cárcel en Nanclares con 720 celdas y está construyendo otras dos en Pamplona (504), que está casi terminada, y Gipuzkoa (500). El Gobierno tendrá que decidir, eso sí, si basta con la declaración de alto el fuego definitivo o se va a exigir a cada uno de los presos una condena expresa de la violencia o una petición de perdón a las víctimas. En este campo, el Ejecutivo tiene las manos absolutamente libres.
El Acuerdo de Gernika también plantea que se conceda la libertad condicional a todos los condenados que cumplan los requisitos para acceder a ella y que se apliquen los beneficios penitenciarios sin restricciones. Históricamente, los miembros del autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) se han negado a colaborar con el Estado y no han solido hacer peticiones de este tipo. La gran mayoría de los reclusos, 377 de 559, están por ello en régimen cerrado, saliendo de la celda apenas cuatro o cinco horas al día y sin acceso a ningún tipo de permiso de salida. En principio, eso podría cambiar. Los presos, en busca de una salida, previsiblemente comenzarán a solicitar medidas que hasta ahora no han pedido.
“Si así fuera, el reglamento penitenciario permite fórmulas muy abiertas y flexibles”, explica el abogado Juan Infante. “La vía de los indultos en este momento es muy difícil. Pero de forma individual, no colectiva, podrían aplicarse las progresiones de grado, los permisos, terceros grados y libertades condicionales que la ley permite. El reglamento penitenciario está muy encaminado a la reinserción”. Legalmente pueden acceder a estos beneficios, pero bajo condiciones más gravosas que el resto de los reclusos.
Para la libertad condicional, por ejemplo, el Código Penal exige al preso por terrorismo que haya cumplido las tres cuartas partes de la condena, una declaración expresa de repudio de la violencia y una carta de perdón a las víctimas de sus delitos. Tanto Instituciones Penitenciarias como los jueces han hecho una aplicación extensiva de estos requisitos especiales también a otros beneficios como los permisos o la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario —a través del cual, permaneciendo en segundo grado, pueden salir a diario de prisión para trabajar o estudiar—. Ha sido la vía seguida con los 24 presos de Nanclares de Oca (Álava) que han renunciado a la violencia. Nueve de ellos están ya saliendo a trabajar y estudiar cada día.
Cada caso tendrá que estudiarse detenidamente, porque no es lo mismo un preso con delitos de sangre que uno que no los tenga. De los 559 presos que hay en España, un centenar tiene condenas de menos de 10 años (sobre todo por kale borroka, colaboración con banda armada y apoyo al aparato logístico de la banda) mientras que otros están condenados a centenares de años por decenas de asesinatos. Unos llevan más de 20 años en prisión mientras que otros están aún preventivos a la espera de juicio. Algunos están dispuestos a pedir perdón por los delitos del pasado; otros no. Quizá algunos puedan plantearse pedir un indulto parcial que en otros casos será inviable. “En todo caso, para que se puedan aplicar los beneficios penitenciarios creo que seguirá siendo necesaria la petición de perdón”, opina el juez central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro. “Sin ella será difícil el pronóstico de reinserción social”.
“El proceso que se siga a partir de ahora con los presos de ETA durará años”, prevé un dirigente del actual Gobierno socialista. “Por lo menos hasta que la sociedad acepte que las personas condenadas por atentados terroristas pueden salir en poco tiempo. Todavía hay atentados cuya imagen está muy viva, como el que causó la muerte del empresario Ignacio Uria o la de los guardias civiles de Calviá (Palma de Mallorca)”.
“Es importante que no se pase página con desmemoria”, añade Txema Urkijo, adjunto a la Dirección de la Oficina de Víctimas del Gobierno vasco, que ha puesto en marcha un programa de mediación entre presos y víctimas de ETA. Se han encontrado ya cuatro victimas con condenados por terrorismo; en uno de los casos, un familiar directo de un asesinado con el asesino. “La Transición española se hizo sobre el olvido. Esta debe basarse en la justicia para que las heridas no se cierren en falso”, señala Urkijo. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró en su intervención de ayer que a partir de ahora España tendría una democracia sin terrorismo, pero “no una democracia sin memoria”.
Madrid, El PaísETA, hoy, son fundamentalmente sus presos. La banda, que acaba de anunciar el cese definitivo de la violencia, tenía ahora apenas unos 50 o 60 miembros que mantenían activa la organización; y hay otro grupo de deportados o huidos —sobre todo en Cuba y Venezuela—, muchos de los cuales llevan décadas fuera de España y no tienen ya causas pendientes. Pero el grueso de la banda, pues, son los reclusos: 703 en total. Hay 559 en España; 140 en Francia; uno en Portugal; uno en Reino Unido; uno en Irlanda y uno en México, según datos de la asociación de familiares de presos Etxerat completados con cifras de la Audiencia Nacional. Etxerat excluye aquellos condenados de la banda que se han apartado o han sido expulsados del colectivo oficial de reclusos.
¿Qué va a ocurrir con estos presos? O, más bien, ¿va a ocurrir algo?, ¿debe tomarse alguna decisión con respecto a ellos ahora que ETA dice que no volverá a matar? La banda terrorista, en el comunicado hecho público ayer, “hace un llamamiento” a los Gobiernos de Francia y España a abrir un proceso de “diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto”, lo que parece referirse fundamentalmente a los presos. No declara su disolución ni la entrega de las armas, lo que puede interpretarse como una amenaza latente para negociar sobre sus reclusos.
El Acuerdo de Gernika, el documento en que la izquierda abertzale, los partidos que conforman Bildu y algunos colectivos sociales y ONG del País Vasco han plasmado su hoja de ruta para el fin de la violencia, recoge varias propuestas para los reclusos de la banda. El colectivo oficial de presos, cuando suscribió el documento el pasado 23 de septiembre, fue aún más allá pidiendo una amnistía inasumible en un régimen democrático y ante el tipo de delitos por el que estos reclusos han sido condenados. Otras demandas son más sencillas, como el acercamiento de los presos a Euskadi, la liberación de presos gravemente enfermos o la concesión de beneficios penitenciarios, pero siempre y cuando se lleven a cabo respetando la ley.
El escenario penitenciario para gestionar un eventual final de ETA es algo que Instituciones Penitenciarias lleva preparando desde hace más de cinco años, por si acaso, según explican fuentes gubernamentales. La construcción de nuevas prisiones en Álava, San Sebastián y Pamplona, el estudio de los casos de los enfermos terminales y las posibilidades legales que se han llevado a cabo en materia de beneficios penitenciarios con la treintena de presos que han repudiado la violencia y pedido perdón a las víctimas —la denominada vía Nanclares— dejan un camino abierto, dentro de la legalidad, para el Gobierno que resulte elegido el 20-N.
Las asociaciones de víctimas piden que cualquier decisión pase por el cumplimiento estricto de la legalidad. Así lo hicieron constar en el documento Principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad, hecho público en noviembre de 2010 y firmado por la mayor parte de las asociaciones y fundaciones. Quieren que ETA condene su propio pasado, los 43 años de violencia, y que la política penitenciaria no se convierta “en una política de gracia” con excarcelaciones anticipadas basadas en una “aplicación laxa de la progresión de grados penitenciarios”. Piden que los miembros de la banda denuncien públicamente la violencia y colaboren con la justicia para “el esclarecimiento de los varios cientos de crímenes sin resolver”.
Los internos, convertidos durante décadas en mártires y héroes de la causa, han sido auténticos símbolos para el espectro sociológico vasco que históricamente ha apoyado las acciones de ETA y un instrumento de lucha para la estrategia de la banda. Algunos de ellos llevan en la cárcel desde los años 80 o 90 y son considerados por los suyos como las “víctimas”; ellos y sus familiares. Acusan al Estado de que, por la dispersión de presos por cárceles de toda España, 16 familiares han muerto en accidentes mientras viajaban para visitarlos. Enfrente, ETA ha dejado 829 asesinatos, 84 secuestros y centenares de extorsionados a lo largo de 43 años de terror.
La banda ha dejado de lado a los presos en ocasiones, especialmente durante los últimos procesos de negociación con el Estado, para centrarse en sus objetivos políticos —independencia, anexión de Navarra...— . Pero jamás ha dejado de tener como prioridad el control de las cárceles, la cohesión interna de un colectivo con centenares de miembros. Gracias a las ayudas económicas a los reclusos y a los familiares que debían viajar para visitarlos, ETA lograba una adhesión difícil de romper que apuntalaba además con un férreo sistema de vigilancia del comportamiento de cada uno de los internos.
Para los diversos Gobiernos, los reclusos han sido una herramienta fundamental en la lucha antiterrorista. El Estado ha jugado a castigos y recompensas con su dispersión o acercamiento a Euskadi y la concesión de ciertos beneficios penitenciarios si se alejaban de la violencia. Hace 30 años se llegaron incluso a conceder medidas de gracia e indultos a través de los planes de reinserción para los miembros de la banda que dejaron la violencia a principios de los ochenta.
La tregua y posterior disolución de ETA Político-militar entre 1980 y 1982 fueron el germen de aquellos primeros planes de reinserción con medidas de gracia incluidas que ofreció el Estado para los presos y huidos de la justicia. En principio para los polimilis, pero también para cualquier miembro de ETA Militar o de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), una escisión de la banda, que quisieran abandonar las armas.
Ahora que la banda al completo ha decretado el cese definitivo de la violencia —aunque no su disolución—, ¿podría suceder algo parecido? Las opiniones de jueces y miembros del Gobierno son unánimes: no. Era otro momento, que tiene muy poco o nada que ver con la situación actual. Han pasado 30 años, hay casi mil muertos sobre la mesa y el Estado ha acorralado a una banda que ha dejado de matar porque estaba tan débil que nada podía conseguir ya con las armas.
“Las circunstancias son completamente distintas a las de entonces”, señala Juan Infante, abogado bilbaíno que se encargó, con los fallecidos Juan María Bandrés y Mario Onaindía, líderes de Euskadiko Ezkerra, de asistir legalmente a los polimilis. Hubo indultos; libertades provisionales para los preventivos pendientes de juicio y condicionales para muchos condenados con gran parte de la pena cumplida; la fiscalía no llegó a acusar en algunos casos y la policía no investigó demasiado en otros. Finalmente, unas 120 personas se acogieron a los planes de reinserción del Gobierno durante un proceso que duró casi cinco años, desde 1980 hasta que regresó a España la cúpula de ETA Político-militar, los casos más complicados, ya en enero de 1985.
“Hoy es impensable algo similar”, sostiene Infante. “Entonces se miró mucho para otro lado. Todos colaboraron, los políticos, la policía, la fiscalía, la Audiencia Nacional, para dar una solución a los presos en una democracia incipiente recién salida del franquismo que quería acabar con el terrorismo y que pretendía hacer cundir el ejemplo entre los presos. No había tantos muertos sobre la mesa ni asociaciones de víctimas con la fuerza que tienen ahora”. Esta opinión la comparte un dirigente socialista que participó también en aquel proceso: “Aparte de muchas otras diferencias, la vía policial o la judicial es mucho más difícil hoy porque existe una separación de poderes más seria. Nadie le puede decir a un juez o a un fiscal lo que tiene que hacer en estos casos”.
¿Cuáles son entonces las opciones actuales si es que debe haber alguna? ¿Cómo será el futuro próximo? Algunas de las peticiones del Acuerdo de Gernika ya están en práctica, como la liberación de presos gravemente enfermos, y otras están pendientes de futuras resoluciones, como la abolición de la doctrina Parot —que implica el cumplimiento efectivo de 30 años de cárcel al impedir de hecho la redención de penas por el trabajo— sobre cuya aplicación debe decidir en los próximos meses el Tribunal Constitucional y que afecta a 61 presos de ETA.
Otra de las demandas es el acercamiento de los presos a Euskadi. La más sencilla probablemente. Puede tomarla el Gobierno de un día para otro, sin más. De hecho se ha llevado a cabo durante algunos de los procesos de negociación con la banda. El Gobierno de José María Aznar acercó a más de un centenar de reclusos durante la tregua de 1998.
La dispersión como decisión política comenzó durante la segunda legislatura socialista, en 1989. Antes de esa fecha no estaban todos los presos en el País Vasco —de hecho la gran mayoría estaban concentrados en las prisiones de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y Alcalá-Meco (Madrid)— pero estaban juntos. La decisión de repartirlos por todo el territorio buscaba fracturar la cohesión interna del colectivo, y se ha mantenido hasta hoy, dando a los presos la opción de acercarse a Euskadi —como ha ocurrido con la treintena de reclusos que están en Nanclares de Oca (Álava)— solo si renunciaban a la violencia. Con una ETA inactiva, acabar con la dispersión no sería complicado. Instituciones Penitenciarias acaba de inaugurar una nueva cárcel en Nanclares con 720 celdas y está construyendo otras dos en Pamplona (504), que está casi terminada, y Gipuzkoa (500). El Gobierno tendrá que decidir, eso sí, si basta con la declaración de alto el fuego definitivo o se va a exigir a cada uno de los presos una condena expresa de la violencia o una petición de perdón a las víctimas. En este campo, el Ejecutivo tiene las manos absolutamente libres.
El Acuerdo de Gernika también plantea que se conceda la libertad condicional a todos los condenados que cumplan los requisitos para acceder a ella y que se apliquen los beneficios penitenciarios sin restricciones. Históricamente, los miembros del autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) se han negado a colaborar con el Estado y no han solido hacer peticiones de este tipo. La gran mayoría de los reclusos, 377 de 559, están por ello en régimen cerrado, saliendo de la celda apenas cuatro o cinco horas al día y sin acceso a ningún tipo de permiso de salida. En principio, eso podría cambiar. Los presos, en busca de una salida, previsiblemente comenzarán a solicitar medidas que hasta ahora no han pedido.
“Si así fuera, el reglamento penitenciario permite fórmulas muy abiertas y flexibles”, explica el abogado Juan Infante. “La vía de los indultos en este momento es muy difícil. Pero de forma individual, no colectiva, podrían aplicarse las progresiones de grado, los permisos, terceros grados y libertades condicionales que la ley permite. El reglamento penitenciario está muy encaminado a la reinserción”. Legalmente pueden acceder a estos beneficios, pero bajo condiciones más gravosas que el resto de los reclusos.
Para la libertad condicional, por ejemplo, el Código Penal exige al preso por terrorismo que haya cumplido las tres cuartas partes de la condena, una declaración expresa de repudio de la violencia y una carta de perdón a las víctimas de sus delitos. Tanto Instituciones Penitenciarias como los jueces han hecho una aplicación extensiva de estos requisitos especiales también a otros beneficios como los permisos o la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario —a través del cual, permaneciendo en segundo grado, pueden salir a diario de prisión para trabajar o estudiar—. Ha sido la vía seguida con los 24 presos de Nanclares de Oca (Álava) que han renunciado a la violencia. Nueve de ellos están ya saliendo a trabajar y estudiar cada día.
Cada caso tendrá que estudiarse detenidamente, porque no es lo mismo un preso con delitos de sangre que uno que no los tenga. De los 559 presos que hay en España, un centenar tiene condenas de menos de 10 años (sobre todo por kale borroka, colaboración con banda armada y apoyo al aparato logístico de la banda) mientras que otros están condenados a centenares de años por decenas de asesinatos. Unos llevan más de 20 años en prisión mientras que otros están aún preventivos a la espera de juicio. Algunos están dispuestos a pedir perdón por los delitos del pasado; otros no. Quizá algunos puedan plantearse pedir un indulto parcial que en otros casos será inviable. “En todo caso, para que se puedan aplicar los beneficios penitenciarios creo que seguirá siendo necesaria la petición de perdón”, opina el juez central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro. “Sin ella será difícil el pronóstico de reinserción social”.
“El proceso que se siga a partir de ahora con los presos de ETA durará años”, prevé un dirigente del actual Gobierno socialista. “Por lo menos hasta que la sociedad acepte que las personas condenadas por atentados terroristas pueden salir en poco tiempo. Todavía hay atentados cuya imagen está muy viva, como el que causó la muerte del empresario Ignacio Uria o la de los guardias civiles de Calviá (Palma de Mallorca)”.
“Es importante que no se pase página con desmemoria”, añade Txema Urkijo, adjunto a la Dirección de la Oficina de Víctimas del Gobierno vasco, que ha puesto en marcha un programa de mediación entre presos y víctimas de ETA. Se han encontrado ya cuatro victimas con condenados por terrorismo; en uno de los casos, un familiar directo de un asesinado con el asesino. “La Transición española se hizo sobre el olvido. Esta debe basarse en la justicia para que las heridas no se cierren en falso”, señala Urkijo. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró en su intervención de ayer que a partir de ahora España tendría una democracia sin terrorismo, pero “no una democracia sin memoria”.
