Colombia celebrará en un mes comicios regionales bajo la presión de la violencia

Bogotá, AFP
Los colombianos acudirán a votar en los comicios regionales del próximo 30 de octubre bajo la presión de la violencia, que deja ya 36 aspirantes asesinados, mientras el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se esfuerza por contener la influencia de guerrillas y ex paramilitares.

Estas elecciones para escoger a los gobernadores de 32 departamentos, alcaldes en 1.103 municipios, así como diputados departamentales y concejales municipales son las primeras que se celebran desde que Santos asumió el poder, en agosto de 2010.

Esta vez, las cifras de violencia superan de lejos los anteriores comicios regionales de 2007, cuando 13 candidatos fueron asesinados.

"El éxito del gobierno de Santos en estas elecciones sería demostrar un mínimo de estabilidad del sistema, que haya tranquilidad, que cesen los homicidios de candidatos", dijo a la AFP el politólogo Fernando Giraldo. "Está en juego el sistema político. Los partidos tendrán que demostrar si pueden controlar los apoyos que reciben sus candidatos", añadió Giraldo, al hacer referencia a las denuncias de que muchos de los aspirantes a cargos locales podrían tener vínculos con grupos armados.

Fabián Hernández, de la ONG Misión de Observación Electoral (MOE), aseguró que para este proceso electoral "hay muchos municipios con candidatos cuestionados por sus nexos con grupos armados, porque los partidos no fueron responsables a la hora de darles el aval" que permite su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral.

Según el ministro del Interior, Germán Vargas, se sospecha que cerca de 140 candidatos a estos comicios tienen nexos con grupos armados al margen de la ley, "pero al no presentar antecedentes (judiciales) podrán ser elegidos".

Los partidos tienen de plazo hasta este viernes para hacer las últimas modificaciones a sus listas de candidatos.

Colombia ha vivido en los últimos años un escándalo conocido como 'parapolítica', en el que más de un centenar de dirigentes políticos son investigados por sus vínculos con milicias paramilitares de extrema derecha que intimidaban a la población para que les eligiera.

Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en un proceso en el que sus jefes obtuvieron beneficios procesales a cambio de la confesión de sus crímenes y la reparación a las víctimas. Esas confesiones llevaron a las acusaciones contra los políticos que se aliaron con las AUC para obtener votos, incluso a través de campañas de amedrentamiento en sus zonas de influencia.

Pero pese a su desmovilización, diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que muchos paramilitares de rango medio y bajo se han integrado a nuevas bandas criminales, que en disputa con las guerrillas izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), presionan de nuevo por controlar el poder local.

De acuerdo con la MOE, entre el 2 de febrero y el 26 de septiembre de este año, 36 aspirantes a las elecciones regionales han sido asesinados, 83 han recibido amenazas, 17 han sufrido atentados y seis más han sido secuestrados.

"Hay muchos intereses en juego que hacen de éstas unas elecciones muy complejas y violentas. En los municipios de explotación minera se pelea el control de la mina, en los petroleros se busca acceder a los fondos de las regalías", dijo Hernández a la AFP.

Y en ese contexto, los resultados que obtengan los partidos se perciben como menos importantes, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente Santos gobierna con una coalición de organizaciones de derecha y centro a la que solamente ha dejado de integrarse un partido, el izquierdista Polo Democrático.

"Santos ha tomado distancia de las campañas electorales. El gobierno va a cobrar los éxitos de los partidos de la unidad nacional y las derrotas que pueda tener el partido de la U (que él mismo fundó y en el que un sector importante apoya al ex presidente Álvaro Uribe) las presentará como ajenas", señaló a la AFP el analista político León Valencia.