Aguas del Silala, un tema dilatado por Chile y sin réditos para Bolivia
La Paz, AgenciasUn tema pendiente entre Chile y Bolivia es el pago por el uso de las aguas del manantial Silala. Un acuerdo de concesión de 1908, apenas después de la firma del Tratado de 1904 abrió el camino para que el vecino país aproveche y utilice a su albedrío este recurso natural sin realizar pagos que den réditos al país o la región.
LAS AGUAS DEL SILALA
Las aguas del manantial Silala son un recurso natural que nace en Bolivia, dentro de 94 bofedales de la región de Quetena, provincia Sud Lípez de Potosí, con una extensión de 56 km, ubicada a 4.551 msnm. El 23 de septiembre de 1908, la empresa de ferrocarriles “The Antofagasta and Bolivia Railway Co.” obtuvo un contrato de concesión para 99 años, sin especificar costos ni pagos, con la Prefectura de Potosí a fin de utilizar el agua para obtener el vapor para las máquinas de transporte, aunque después este recurso no renovable pasó a ser utilizado por empresas chilenas.
DESVÍO PROVOCADO
El desvío artificial del cauce hacia la región desértica de Chile fue evidenciado en la década de 1990 tras constantes denuncias de pobladores de la región. En una inspección de las autoridades prefecturales, parlamentarios y EL DIARIO se pudo constatar que existía esta irregularidad.
A partir de esta gestión, los gobiernos de turno comenzaron a hacer el reclamo a sus pares chilenos sobre la propiedad del recurso revocando las patentes concedidas a aquellas empresas chilenas.
CONFLICTO DE EMPRESAS
El 23 de septiembre de 1908, la Prefectura de Potosí a través de Escritura Pública dio en concesión el uso de las aguas del Silala a la empresa de ferrocarriles. Este precepto fue revocado mediante Resolución Prefectural de 14 de mayo de 1997 tras verificar que el recurso hídrico dejó de ser utilizado para las máquinas de vapor del ferrocarril -en realidad dicha acción se consumó a partir de los años 1940- pasando a beneficio de empresas privadas chilenas. La resolución pasó a rango de Decreto Supremo 24660 de junio de 1997.
Para el año 2000, la empresa Ductec Bolivia fue adjudicataria de las aguas del Silala, algo que generó una pugna entre privados con la empresa de ferrocarriles chilena y Codelco.
La Cancillería de Chile conminó a estas empresas por considerar que el tema de la concesión pasaría a un litigio entre Estados argumentando que se trata de un “río” de curso internacional, rebautizado por la escuela internacionalista chilena como “Siloli”. En tanto, la empresa de ferrocarriles aún comercializa el agua vendiéndola a los municipios de Baquedano y Sierra Gorda.
PREACUERDO
En 2009 se estableció un preacuerdo sobre este tema, donde Chile planteaba pagar por el 50 por ciento del consumo desde esa gestión en adelante, mas sin tomar en cuenta la deuda acumulada y abriendo la posibilidad que el otro 50 por ciento sea negociado como propiedad del vecino país a través de un estudio técnico. Sectores de oposición y sobre todo dirigentes cívicos de Potosí se opusieron a la firma del preacuerdo argumentando que se debía exigir el pago total y retroactivo de las aguas del Silala.
COMISIONES SECRETAS
La comisión binacional conformada entonces por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países decidió establecer un equipo técnico que realizaría estudios sobre la cantidad de afluente y consumo por centímetro cúbico por segundo que llega a Chile. Las negociaciones sobre este tema fueron asumidas como “secreto de Estado” por la diplomacia boliviana, luego se conoció que Chile ofrecía pagar 3 mil millones de dólares por el uso del recurso y hacer estudios de medición de volumen, caudal y consumo en los siguientes cuatro años, plazo que vencería el 2013.
RECLAMO DE POTOSÍ
En la última gestión, la Gobernación de Potosí, además de sectores sociales pidieron a las autoridades de gobierno emprender proyectos utilizando el agua para beneficio de la región e incluso amenazando con cortar el flujo hacia Chile, situación que dejaría a ese país sin riego para gran parte de Antofagasta.
Tras el anuncio del 23 de marzo de 2010 sobre interponer una demanda judicial en estrados internacionales, por el tema marítimo y la presión constitucional para lograr una salida soberana hacia el océano Pacífico, sectores políticos de Bolivia pidieron analizar esta misma opción para sentar presencia sobre el uso de las aguas del Silala.
