Silala: saludable cambio de enfoque
Fernando Salazar Paredes
Los ribetes de claudicación que han rodeado al manejo del problema del Silala, hasta ahora, parecen haber quedado atrás como un triste recuerdo de la complacencia hacia Chile con la que el Gobierno manejaba este delicado tema que, definitivamente, afecta nuestra soberanía y nuestra dignidad.
La improvisación que ha caracterizado el manejo de nuestra política exterior, no sólo en este Gobierno, sino también en anteriores, ha dado como resultado que Chile se aproveche de nuestros errores para afianzar su posición en todos los temas de la agenda bilateral. El Silala no es una excepción. A pesar de estas falencias, tanto en el tema marítimo como en el del Silala, siempre estuvo subyacente una suerte de doctrina boliviana que orientaba nuestro accionar internacional al respecto.
Con una cancillería progresivamente desmantelada, esa doctrina pareció desaparecer y, en efecto, en la cuestión marítima, el concepto de la reintegración marítima —por ejemplo— dio paso al de reivindicación marítima, tan alejado del realismo político que debe dominar las relaciones internacionales.
En el caso del Silala, siempre hemos sostenido que no es un río internacional, sino un manantial boliviano cuyas aguas fueron encauzadas artificialmente hacia Chile en función de necesidades de empresas privadas chilenas. En el Gobierno de Sánchez de Lozada —no sé si por desconocimiento, error o ansia de favorecer a la empresa privada— un alto funcionario de gobierno se refirió al Silala como un río internacional y los chilenos, ni cortos ni perezosos, vieron fortalecida su posición. Más aún, un tema que era enteramente comercial y de índole privado se lo transformó en un tema de definición intergubernamental.
Reactivo como siempre, este Gobierno bailó demasiado al son de la cueca chilena en este específico tema, llegando al extremo de aceptar una serie de situaciones totalmente contrarias a la doctrina boliviana sobre propiedad, curso y uso de las aguas de este manantial boliviano. Además de aceptar la denominación chilena de “Siloli” por escrito, algo que Bolivia jamás aceptó —argucia para demostrar la calidad de río internacional—, se firmó un acta que refleja una indudable capitulación: “Las aguas que resulten de libre disponibilidad de Bolivia y que no fueren utilizadas en ese país podrán ser puestas a disposición para su uso en Chile, para lo cual se deberá acordar un mecanismo que permita la constitución de derechos en la frontera, así como el valor que correspondiere por su uso exclusivo. Bolivia no afectará la naturaleza y continuidad de dichas aguas”. La complacencia y el deleite de Chile se reflejaron en palabras del especialista chileno Rodrigo Weisner: “Es un hito histórico, porque, hasta la fecha, Bolivia no había reconocido que los recursos hídricos eran compartidos. Eso remite a que, efectivamente, es un curso de agua internacional, lo cual ellos (los bolivianos) siempre negaron”.
Esta semana, el Viceministro de Relaciones Exteriores ha expresado: “Bolivia está en todo su derecho legítimo de usar las aguas del Silala para su aprovechamiento a favor de la región porque son viables, aplaudibles y deberían ser ejecutadas, siendo que Chile siempre entendió y dijo que Bolivia tiene derecho de hacer uso de estas aguas... Nosotros siempre dijimos que el 100% de esas aguas nos pertenecen, Chile dijo el 50%... Bolivia puede empezar a hacer uso del 50%”.
Estas declaraciones parecen reflejar, aunque tímidamente, el inicio de un saludable cambio de rumbo en el manejo de este tema… pero habrá que desandar mucho porque la claudicación en este tema será muy difícil de revertir. Es preciso, no obstante, enmendar los errores del pasado para beneficio del interés nacional.
Los ribetes de claudicación que han rodeado al manejo del problema del Silala, hasta ahora, parecen haber quedado atrás como un triste recuerdo de la complacencia hacia Chile con la que el Gobierno manejaba este delicado tema que, definitivamente, afecta nuestra soberanía y nuestra dignidad.
La improvisación que ha caracterizado el manejo de nuestra política exterior, no sólo en este Gobierno, sino también en anteriores, ha dado como resultado que Chile se aproveche de nuestros errores para afianzar su posición en todos los temas de la agenda bilateral. El Silala no es una excepción. A pesar de estas falencias, tanto en el tema marítimo como en el del Silala, siempre estuvo subyacente una suerte de doctrina boliviana que orientaba nuestro accionar internacional al respecto.
Con una cancillería progresivamente desmantelada, esa doctrina pareció desaparecer y, en efecto, en la cuestión marítima, el concepto de la reintegración marítima —por ejemplo— dio paso al de reivindicación marítima, tan alejado del realismo político que debe dominar las relaciones internacionales.
En el caso del Silala, siempre hemos sostenido que no es un río internacional, sino un manantial boliviano cuyas aguas fueron encauzadas artificialmente hacia Chile en función de necesidades de empresas privadas chilenas. En el Gobierno de Sánchez de Lozada —no sé si por desconocimiento, error o ansia de favorecer a la empresa privada— un alto funcionario de gobierno se refirió al Silala como un río internacional y los chilenos, ni cortos ni perezosos, vieron fortalecida su posición. Más aún, un tema que era enteramente comercial y de índole privado se lo transformó en un tema de definición intergubernamental.
Reactivo como siempre, este Gobierno bailó demasiado al son de la cueca chilena en este específico tema, llegando al extremo de aceptar una serie de situaciones totalmente contrarias a la doctrina boliviana sobre propiedad, curso y uso de las aguas de este manantial boliviano. Además de aceptar la denominación chilena de “Siloli” por escrito, algo que Bolivia jamás aceptó —argucia para demostrar la calidad de río internacional—, se firmó un acta que refleja una indudable capitulación: “Las aguas que resulten de libre disponibilidad de Bolivia y que no fueren utilizadas en ese país podrán ser puestas a disposición para su uso en Chile, para lo cual se deberá acordar un mecanismo que permita la constitución de derechos en la frontera, así como el valor que correspondiere por su uso exclusivo. Bolivia no afectará la naturaleza y continuidad de dichas aguas”. La complacencia y el deleite de Chile se reflejaron en palabras del especialista chileno Rodrigo Weisner: “Es un hito histórico, porque, hasta la fecha, Bolivia no había reconocido que los recursos hídricos eran compartidos. Eso remite a que, efectivamente, es un curso de agua internacional, lo cual ellos (los bolivianos) siempre negaron”.
Esta semana, el Viceministro de Relaciones Exteriores ha expresado: “Bolivia está en todo su derecho legítimo de usar las aguas del Silala para su aprovechamiento a favor de la región porque son viables, aplaudibles y deberían ser ejecutadas, siendo que Chile siempre entendió y dijo que Bolivia tiene derecho de hacer uso de estas aguas... Nosotros siempre dijimos que el 100% de esas aguas nos pertenecen, Chile dijo el 50%... Bolivia puede empezar a hacer uso del 50%”.
Estas declaraciones parecen reflejar, aunque tímidamente, el inicio de un saludable cambio de rumbo en el manejo de este tema… pero habrá que desandar mucho porque la claudicación en este tema será muy difícil de revertir. Es preciso, no obstante, enmendar los errores del pasado para beneficio del interés nacional.