El Senado uruguayo votará la ley que abre la puerta a los juicios contra militares
Montevideo, Agencias
El Senado uruguayo votará mañana una norma interpretativa de la Ley de Caducidad que abrirá las puertas sin excepción a los juicios contra militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que gobernó en Uruguay (1973-1985), informaron hoy fuentes legislativas.
La ley interpretativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en octubre del año pasado, viene precedida de una dura polémica, tanto entre el oficialismo y la oposición como dentro incluso de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio (FA), impulsora de la iniciativa.
El FA tiene mayoría en la Cámara de Senadores y será la única fuerza política que apoyará el proyecto, después de que los partidos Colorado y Nacional rehusaran hacerlo.
La posibilidad de dejar sin efecto la Ley de Caducidad ya fue rechazada dos veces en las urnas por los uruguayos, la primera en 1989, tres años después de ser votada en el Parlamento, y la segunda en octubre de 2009 junto con las elecciones generales que le dieron su segunda victoria a la izquierda en la historia del país.
En las últimas horas el senador Jorge Larrañaga, presidente de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional, acusó al FA de "mentirle a todos los uruguayos".
"Se burlan de la gente y pasan por encima de dos plebiscitos", agregó el senador opositor en declaraciones a la prensa.
Mientras, en el oficialismo el senador Jorge Saravia fue recientemente expulsado de la corriente Espacio 609, que lidera el presidente José Mujica, por su negativa a votar la ley interpretativa.
Otros dos senadores de izquierda, el exvicepresidente Rodolfo Nin Novoa y el exguerrillero Eleuterio Fernández Huidobro, también se oponen con el argumento de que la cuestión ya fue resuelta en las urnas pero por disciplina partidaria acatarán la decisión del FA y sus votos permitirán que progrese el proyecto.
La principal central de trabajadores del país, PIT-CNT, convocó a sus afiliados a concentrarse mañana frente al Parlamento en respaldo a los legisladores oficialistas.
El texto de la Ley de Caducidad estipula que el Poder Ejecutivo debe decidir qué casos están comprendidos dentro de la normativa.
El presidente Tabaré Vázquez (2005-2010), antecesor de Mujica y primer gobernante de izquierdas de Uruguay, ya dio luz verde a varios procesos penales.
Desde entonces han sido condenados y encausados una decena de militares y policías, entre ellos el exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez.
Además, en los últimos años la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para tres casos puntuales y el pasado noviembre el general Miguel Dalmao se convirtió en el primer militar en activo enjuiciado por crímenes cometidos durante la dictadura.
Todo esto no impidió, sin embargo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado uruguayo el pasado 24 de marzo por la desaparición en 1976 de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y por la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman, en uno de los casos emblemáticos de la dictadura.
Por su parte, varios organismos de militares retirados enviaron el mes pasado una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, en la que amenazan con denunciar en organismos internacionales supuestas "irregularidades" en los procesos judiciales contra los militares.
El Senado uruguayo votará mañana una norma interpretativa de la Ley de Caducidad que abrirá las puertas sin excepción a los juicios contra militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que gobernó en Uruguay (1973-1985), informaron hoy fuentes legislativas.
La ley interpretativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en octubre del año pasado, viene precedida de una dura polémica, tanto entre el oficialismo y la oposición como dentro incluso de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio (FA), impulsora de la iniciativa.
El FA tiene mayoría en la Cámara de Senadores y será la única fuerza política que apoyará el proyecto, después de que los partidos Colorado y Nacional rehusaran hacerlo.
La posibilidad de dejar sin efecto la Ley de Caducidad ya fue rechazada dos veces en las urnas por los uruguayos, la primera en 1989, tres años después de ser votada en el Parlamento, y la segunda en octubre de 2009 junto con las elecciones generales que le dieron su segunda victoria a la izquierda en la historia del país.
En las últimas horas el senador Jorge Larrañaga, presidente de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional, acusó al FA de "mentirle a todos los uruguayos".
"Se burlan de la gente y pasan por encima de dos plebiscitos", agregó el senador opositor en declaraciones a la prensa.
Mientras, en el oficialismo el senador Jorge Saravia fue recientemente expulsado de la corriente Espacio 609, que lidera el presidente José Mujica, por su negativa a votar la ley interpretativa.
Otros dos senadores de izquierda, el exvicepresidente Rodolfo Nin Novoa y el exguerrillero Eleuterio Fernández Huidobro, también se oponen con el argumento de que la cuestión ya fue resuelta en las urnas pero por disciplina partidaria acatarán la decisión del FA y sus votos permitirán que progrese el proyecto.
La principal central de trabajadores del país, PIT-CNT, convocó a sus afiliados a concentrarse mañana frente al Parlamento en respaldo a los legisladores oficialistas.
El texto de la Ley de Caducidad estipula que el Poder Ejecutivo debe decidir qué casos están comprendidos dentro de la normativa.
El presidente Tabaré Vázquez (2005-2010), antecesor de Mujica y primer gobernante de izquierdas de Uruguay, ya dio luz verde a varios procesos penales.
Desde entonces han sido condenados y encausados una decena de militares y policías, entre ellos el exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez.
Además, en los últimos años la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para tres casos puntuales y el pasado noviembre el general Miguel Dalmao se convirtió en el primer militar en activo enjuiciado por crímenes cometidos durante la dictadura.
Todo esto no impidió, sin embargo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado uruguayo el pasado 24 de marzo por la desaparición en 1976 de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y por la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman, en uno de los casos emblemáticos de la dictadura.
Por su parte, varios organismos de militares retirados enviaron el mes pasado una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, en la que amenazan con denunciar en organismos internacionales supuestas "irregularidades" en los procesos judiciales contra los militares.