El poder religioso reservado al rey divide a Marruecos
Madrid, El PaísMarruecos despierta a pasos agigantados de un largo letargo. "La clase política marroquí empieza a sacudirse de encima la anestesia del consenso y del asentimiento que mantuvieron al Reino sumido en un profundo sueño (...)", escribe Taufic Bouachrine, director del diario Akhbar al Yaoum.
Pero al abrir los ojos, Marruecos aparece dividido entre unos partidos políticos convencionales, que apuestan por una reforma constitucional en línea con las ideas formuladas por el rey Mohamed VI, y los islamistas, izquierdistas, defensores de los derechos humanos y jóvenes, que desean ir mucho más allá.
Hoy hace un mes que el monarca alauí pronunció un discurso no programado en el que anunció una revisión de la actual Constitución que prevé recortar su poder ejecutivo en beneficio del primer ministro, que siempre pertenecerá al partido más votado.
Mohamed VI seguiría siendo, no obstante, comendador de los creyentes, es decir, jefe espiritual de los musulmanes marroquíes, y su persona tendría carácter sagrado.
Algunos miembros del Gobierno, como el jefe de la diplomacia marroquí, Taieb Fassi Fihri, han precisado a posteriori que al menos dos carteras, la de Asuntos Exteriores y la de Defensa, dependerán del soberano, y no del primer ministro.
Para redactar las enmiendas a la Constitución, Mohamed VI nombró el 11 de marzo una comisión de 18 miembros presidida por un jurista, Abdeltif Mennouni, que ha ido escuchando las ideas de partidos, sindicatos y organizaciones. Deberá acabar sus trabajos en junio.
Las formaciones de la coalición gubernamental, incluidos los socialistas, y la oposición parlamentaria islamista moderada del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) han reproducido, a grandes rasgos, el modelo expuesto por el rey.
Que Mohamed VI sea el comendador de los creyentes "es una garantía de estabilidad y de respeto de la integridad territorial (...)", asegura el socialista Mohamed Achaari. "La mayoría de los partidos siguen ejecutando el papel de comparsas", se lamenta Ali Anouzla, director de la web informativa Lakome.
Entre los que fueron recibidos por la comisión, solo las formaciones claramente de izquierdas, como el Partido Socialista Unificado, preconizaron una "auténtica monarquía parlamentaria" en la que el rey reine, pero no gobierne.
Poco antes de cerrar sus audiciones, la comisión invitó a los jóvenes del Movimiento 20 de Febrero a exponer sus ideas. Pero estos estudiantes universitarios, a veces incluso de bachillerato, declinaron el ofrecimiento. Lo hicieron por dos razones. Primero porque consideran que la asamblea constituyente, y no la comisión, debería ser el instrumento para reformar la ley fundamental. En segundo lugar, "porque ya se sabe de antemano que la comisión no redactará un borrador de nueva Constitución que se salga de la pauta marcada desde arriba", explica Nizar Bennamatte, uno de los protagonistas del movimiento juvenil.
La gran corriente islamista Justicia y Espiritualidad, el movimiento que es capaz de sacar a más gente a la calle, no fue invitada a presentarse ante la comisión porque es ilegal, aunque sus actividades son a veces toleradas.
El movimiento islamista no se privó, sin embargo, de expresar su posición mediante un comunicado: "Hacemos un llamamiento a la creación de un Estado civil moderno sin derecho divino alguno y en el que nadie pueda pretender ser sagrado".
Más de 160 intelectuales, de procedencia muy heterogénea -izquierdistas, islamistas legales e ilegales y defensores de los derechos humanos- suscribieron también un manifiesto pidiendo la disolución del Gobierno y la "apertura de un amplio diálogo nacional" para reformar en serio la Constitución.
Al margen del debate constitucional, Marruecos vive en plena efervescencia social. Las reivindicaciones de todo tipo emanan de numerosos sectores. Para acallarlas, las autoridades multiplican las iniciativas.
El Gobierno aprobó la semana pasada un proyecto de ley anticorrupción. También ha prometido a los periodistas -los de los medios audiovisuales han llevado a cabo sus primeras protestas- un nuevo código de la prensa con "referencias democráticas".
Por último, el Ejecutivo ha desempolvado el diálogo social con los sindicatos del sector público, que exigen aumentos de sueldo, una mejora de las pensiones y ayudas a la escolarización que ascienden a 3.900 millones de euros anuales, una cantidad desorbitada para el maltrecho presupuesto de Marruecos.
