La discriminación y el racismo no se eliminan con leyes, sino acabando con la desigualdad económica

Miguel Lora Ortuño *
La discriminación es un fenómeno social más general donde se incluye el racismo que es una forma de discriminación más particular referida a las diferencias raciales y sobre todo étnicas. Frecuentemente, el gobierno y la oposición de derecha plantean de manera sesgada el debate sobre el tema, como si se tratara simplemente de una forma de opresión racial o de género, y todos hipócritamente reivindican la “dignidad” de los indios, de los negros y de las mujeres.

El fenómeno de la discriminación existe en toda sociedad dividida en clases donde unos pocos monopolizan la propiedad de los grandes medios de producción y la gran mayoría de la sociedad o está amarrada a la pequeña propiedad o ha sido desposeída de ella, pero ambas condenadas a agonizar de hambre a ser explotadas, marginadas del derecho a vivir como seres humanos y obligada a servir a los intereses de los dueños de la gran propiedad.

Es un fenómeno superestructural que refleja la contradicción fundamental de la base económica de una determinada forma de organización social, el choque de las fuerzas productivas (máquinas, fuerza de trabajo, etc.) con las relaciones de producción (forma de propiedad imperante en una etapa del desarrollo de la sociedad). La forma de propiedad imperante en el capitalismo es la gran propiedad privada de los medios de producción.

Por esta razón el problema de la discriminación no es sólo una forma de opresión racial, étnica o de género sino, sobre todo, es social y es parte constitutiva de la lucha de clases. Por otra parte, en el actual estado de desarrollo del capitalismo (economía y fuerzas productivas mundiales) surge la discriminación nacional expresada en la opresión de las naciones poco desarrolladas de la periferia por las grandes metrópolis imperialistas.

Así entendido el fenómeno de la discriminación, la urgencia de su abolición exige la necesidad de extirpar la causa estructural que lo genera. En otros términos, la necesidad de acabar con la gran propiedad privada de los medios de producción, cuya vigencia es el fundamento de la existencia de clases explotadoras y explotadas, de pueblos opresores y oprimidos, de razas opresoras y oprimidas; es el fundamento de la opresión de la mujer en el trabajo y en el hogar.

La manera cómo plantea el gobierno este problema de la discriminación es subjetiva e impregnada de una buena dosis de demagogia. Las leyes por sí solas no transforman la sociedad; si así fuera, sería fácil realizar las grades transformaciones sociales desde el Parlamento, aprobando leyes, (en esto consiste la famosa “revolución democrático cultural” que enarbola el gobierno, idea muy común al conjunto del reformismo). Por el contrario, es el grado de desarrollo material de la sociedad (de las fuerzas productivas) el que dicta qué tipo de leyes se necesita para regular las relaciones de las clases y de los seres humanos en el plano superestructural.

En Bolivia, primero los fundadores de este país a principios del siglo XIX y después los liberales a fines del mismo siglo, han intentado modernizar el Estado copiando leyes de los países desarrollados de Europa y la criatura ha nacido monstruosamente deformada porque la base económica permanecía bajo relaciones de producción feudales. Después han pretendido transformar la educación importando lo más avanzado de las ciencias pedagógicas europeas y también han fracasado; han pretendido modernizar el ejército y éste ha permanecido como un antro de troperos golpistas, etc. No es que los ejecutores de las “maravillosas” leyes que copiaron fueran unos ineptos sino que no se las podía aplicar a una realidad donde el desarrollo material no había alcanzado un nivel que hacía necesaria su aplicación.

El destino de la ley contra la discriminación y el racismo correrá la misma suerte que las anteriores, no eliminará estos flagelos de la sociedad clasista, agravadas por el capitalismo moribundo, sólo servirá como mordaza para acallar y perseguir a la oposición fundamentalmente revolucionaria y obrera. La otra, la derechista, por su naturaleza de clase, terminará conviviendo con la nueva ley y ocultando hipócritamente su vocación racista. Todo se reducirá a extirpar del vocabulario los “términos ofensivos” como si en eso consistiera la eliminación de la discriminación cuando en la realidad seguirán habiendo explotados y hambrientos, mujeres sufriendo la doble opresión a la que hoy son sometidas, nacionalidades privadas de todo beneficio, oprimidas por una minoría blancoide.

* Profesor de Filosofía y dirigente del POR.

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