Al hueso de la reforma estatal al sistema de reparto
La Paz, AbiEl viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén Suárez, ha explicado la reforma de Pensiones en Bolivia, bajo tuición estatal, que comporta un sistema de compensaciones a favor de sectores etáreos y de género vulnerables, los que menos perciben, y que también amplía el espectro para quienes sólo alcanzaron a aportar 10 de los 35 años requeridos.
La reforma reconoce, por primera vez, la maternidad como factor de reducción de la edad mínima de jubilación y trabajos que por su naturaleza minan la salud de quienes lo ejercen, como los mineros.
"La jubilación será de 58 años, (indistintamente) para varones y para mujeres. Lo que sí hemos hecho es reconocer la maternidad de las mujeres, al reconocer ese don que tienen las mujeres y lo que hacemos es rebajar a las mujeres por cada hijo que tengan nacido vivo, hasta un máximo de 3", afirmó.
El factor aplicado reduce un año en la edad mínima de jubilación por cada hijo vivo.
"Vale decir que si la mujer para jubilarse tiene que tener 58 años, pero tiene 3 hijos, se jubilará a los 55 años", explicó.
El factor también opera en la sumatoria de años de aporte, lo que también incrementa los haberes de la jubilada.
Adicionalmente puede ser que la mujer haya trabajado hasta los 58 años (entonces) le reconocemos un año de aportes más por cada hijo nacido vivo; vale decir que una mujer que haya llegado a los 58 años con 25 años de aportes, por esos tres hijos nosotros, le reconocemos como si hubiese aportado 28 años", ilustró.
Los trabajadores de interior mina, susceptibles de adolecer de silicosis, deterioro pulmonar por inhalación de partículas venenosas, principal causa de muerte, son, de acuerdo con la reforma, otro de los segmentos fuertemente beneficiado.
"A los mineros les hemos reconocido dos años menos que un trabajador normal. Si hay un minero que no haya ingresado a interior mina puede jubilarse a los 56 años, pero si ellos han trabajado interior mina también les reconocemos un año menos en la jubilación por cada dos años que haya trabajado en interior mina, en un máximo de 5", interpretó en una casuística aleatoriamente planteada como método de explicación.
Es decir, un trabajador de interior mina, cuya labor es perforar la roca en busca de la veta o encontrar el filón, podrá jubilarse a los 51 años.
La reforma de pensiones, el sistema más agitado por recurrentes enmiendas desde 1996, cuando entraron en escena las privadas AFP (administradores de Fondos de Pensiones), que aterrizaron en el país al calor del modelo de privatizaciones (capitalización) instrumentado por la administración ultraliberal del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), considera los esfuerzos de quienes, profesionalizados, cumplieron con la norma y aportaron durante 35 años.
Regido desde siempre a la administración estatal, el sistema boliviano de pensiones pasó a manos privadas en 1996 y gravó un fuerte déficit en el erario público. En 1998 el déficit del sistema representaba casi el 40% del déficit fiscal de 8% del Producto Interior Bruto, de 800 millones de dólares.
También valora los esfuerzos de quienes se entregaron al trabajo sin resuello, apenas ingresaron en el vagón de la edad productiva.
"Pero, por otro lado, tenemos a la gente que no tiene el privilegio de entrar a la universidad; empiezan a trabajar a los 18 años y vemos a personas que ya a los 53 años, ya hay trabajadores con 35 años de aportes, entonces no es justo para esta gente hacerlos trabajar hasta los 65 años", lo que le franquearía las puertas de la jubilación, así no cumplan el requisito de la barrera etárea de los 35 años de aportaciones.
Lo contrario equivaldría obligarles a trabajar no 35, sino 45 años y eso va contra la naturaleza de la reforma, subrayó el viceministro.
En la eventualidad de que la tabla de cálculos no dé una renta lo suficiente atractiva como para enfrentar la perpendicular de la vida, una vez que el sujeto en trance de jubilación haya cumplido el requisito de la edad mínima y salido de la franja de la productividad personal, la reforma no imparte una obligatoriedad.
"Por eso hemos visto las dos realidades, la realidad del universitario, cuando llegue a los 58 años se encuentran en la plenitud de sus capacidades, entonces ellos pueden seguir trabajando, nadie los obliga a jubilarse pero también hay que pensar en la otra gente, hay que darles la opción de que puedan jubilarse", citó siempre en el terreno de la hipótesis.
Incorpora también consideraciones por la edad y capacidades físicas de un trabajador cerca de la tercera edad.
"La persona que no ha realizado un trabajo físico, cuando llegue a los 58 años, ya no es difícil para ellos hacer ese trabajo físico; entonces llegado a los 65 años tenemos una brecha muy grande de 13 años en la que el trabajador ya ni siquiera podía encontrar trabajo; entonces a ellos les estamos dando esa opción de acceder a la jubilación", apuntó Guillén Suárez.
Explicó, asimismo, las formas de sostenilidad de la reforma al Sistema de Pensiones, en vistas de la reducción de la edad, lo que supone la dotación de mayores recursos por parte de esta administración estatal, tras tres lustros en manos de privados.
Guillén Suárez reconoció, en principio, una merma en la masa de aportes, por la reducción de 65 a 58 años de la edad de jubilación.
Por tanto, "el patrón (empleador) deberá aportar el 3%, y todos nosotros debemos ser solidarias con las personas que menos ganan, entonces nosotros aportaremos 0,05% adicional" durante el tiempo de las aportaciones de los trabajadores en edad productiva.
"Adicionalmente tenemos el 20% de las primas que se pagan en el riesgo profesional y común, y las personas que más ganan deberán aportar un cierto porcentaje sobre el excedente de algún sueldo", es decir que el que ingresa más de 20 salarios mínimos aportará 1% sobre la diferencia existente con uno que percibe menos que esa barrera, ilustró el funcionario.
El sistema de pensiones consigna en la actualidad 13.500 bolivianos que ganan más de 20 salarios mínimos de poco menos 700 bolivianos.
Como ejemplo, una persona que gana 15.000 bolivianos mes, debe aportar 1% sobre la diferencia entre 15.000 y 13.500 (menos de 20 salarios mínimos).
Esto representa el aporte de 1% sobre el diferencial de 1.500 bolivianos, el equivalente a 15 bolivianos mes.
La casuística planteada aleatoriamente perfila que un trabajador que cobra 25.000 bolivianos mes deberá aportar 5% discriminados los 20 salarios previstos.
Y así, sucesivamente, un laborador que ingresa más de 60 salarios mínimos, poco más menos 38.000 bolivianos aportará 10% del reflujo de 40% salarios mínimos.
"Lo que queremos hacer con esto es redistribuir, con las personas que más ganan también sean solidarios con los que menos ganan (..) Hace dos años hemos promulgado la Ley de la Pensión Mínima y todo el mundo nos decía esa no es una fuente de financiamiento porque no van a tener ingresos porque no hay personas que ganan 60 sueldos en este país y la verdad es que nosotros estamos recabando aproximadamente 2 millones de bolivianos mensuales por estas personas", reveló.
En relación a los aportes patronales, la reforma en establece 3%, menos que el índice vigente antes de 1996.
La Ley de Pensiones (1732), puesta en vigor por Sánchez de Lozada eximió al patrón o empleador de aportes al fondo de pensiones.
"Y lo que nosotros estamos haciendo es reponer ni siquiera lo que ellos aportaban sino sólo el 3%, ellos se ha beneficiado sin aportar al sistema de pensiones. Hoy les estamos pidiendo responsabilidad a los empresarios con sus empleados y que ellos vuelvan a aportar", aclaró el Viceministro.
Esta prescripción engloba también al Estado y no sólo al sector privado.
"Hemos hecho el cálculo y el primer año, más o menos, son 900 millones de bolivianos que se aportarían y si a eso le quitamos el 50% que es lo que el Estado aporta, porque al final el principal empleador es el Estado, prácticamente los empleados que aportan son los empleados estatales se trata de 450 millones de bolivianos", el aporte de los privados, anotó.
En el momento el universo de aportantes bolivianos registrado en las AFP, es de 1,2 millones, la mitad de ellos de forma activa.
Otro de los rangos de cálculo opera sobre la base del 93% de los trabajadores que ingresan menos de 5.800 boliviano al mes, segmento que está en la mira de los beneficios que prevé la reforma.
"Hoy en edad de jubilación tenemos al 91% que gana menos de 5,800 (bolivianos), vale decir, personas que ganan tienen más de 51 años, y el 84% de la gente en edad de jubilación está ganando menos de 3.800 bolivianos", ilustró.
Los beneficios son más agudos para las personas que cobran retribuciones menores a 2.000 bolivianos.
"Por ejemplo una persona que gana 2.000 bolivianos y tiene 35 años de aportes, esta persona con el actual sistema se jubilaría con 769 bolivianos. Entonces lo que estamos planteando nosotros es darle el 70% de su promedio salarial que en este caso sería de 1.330 bolivianos. Vale decir que el fondo solidario a esta persona le subsidiaría 561bolivianos, casi el doble de lo que hoy por hoy podría recibir con la ley 1732; ésa es una persona con 35 años de aporte", representó.
En escala descendente, el fondo de compensaciones contempla beneficios que doblan y hasta un poco más el monto referente de jubilación.
El sistema de reparto reformado actúa también sobre la base de liquidaciones vigente hasta 1996.
"En el anterior sistema de reparto, donde las jubilaciones en el año 96 eran muy bajas, entonces el Gobierno reconoce ese salario antes del año 96 y empieza a ver lo que ha ahorrado en estos 14 años (de vigencia de las AFP); el problema era que el sistema era muy joven y muy draconiano porque solamente con lo que uno aporta se va jubilando", describió.
El sistema que la administración de Evo Morales ha propuesto hacer regir asiste en función de aquellos cuyos ingresos y por tanto aportes eran muy bajos en el comienzo y que al paso de los años terminaron siendo poco más considerables, lo que redundará en ingresos por jubilación igualmente pueriles, bajo la égida del sistema de reparto administrado por privados.
Amplía, asimismo, la base de jubilación incluso con quienes sólo aportaron 10 años.
El piso de ingresos, en este ámbito, cualquiera sea el caso, es de 1.100 bolivianos.
"A ellos, el mínimo que podemos ofrecerles es el 70% de un salario mínimo; hoy a estas personas les podemos ofrecer 476 bolivianos cuando han aportado 10 años mínimo. A los 15 años ya ofrecemos un salario mínimo y a partir de ahí hemos diseñado el área de jubilación donde las personas tienen un mínimo 890 boliviano y a los 20 años de jubilación, a los 25 años se jubilaran mínimamente con 1.100 bolivianos; a los 30 con 1.200 y a los 35 con 1.300 mínimamente", precisó.
Y también techos, por el reverso, de acuerdo con casos específicos, 1.300 bolivianos de renta para 20 años de aportes; 2.000 bolivianos (25 años); 2.200 bolivianos (30 años) y 2.400 bolivianos (35 años).
La reforma está prescrita en la Constitución vigente desde febrero de 2009 y privilegia un mecanismo que lo protege del peculado y otras formas de corrupción por eventuales administradores.
Se trata, por tanto, de un mecanismo candado, autónomo, basado en el control social, separado de la administración pública convencional y canaliza, lo mismo que una administradora privada, inversiones.
"La administración pública va a ser lo mismo, esto va a estar separado de la gestora pública; vamos a tener las mismas mallas de inversión, se va a poder invertir en lo mismo, vamos a tener una administración mejor que la de ellos (por las AFP) porque el empresariado privado cuando hace una administración siempre está viendo el lucro", resumió.
