Huelga de COB, sin campesinos ni chóferes, se suelta en calles de Bolivia
La Paz, ABIEn oposición a un aumento salarial de 5%, la matriz sindical Central Obrera Bolivia (COB) lanzaba el martes a las calles de algunas ciudades del país andino amazónico su primera protesta contra el gobierno del presidente Evo Morales en los últimos 4 años medida de la que se han desprendido sin embargo los poderosos gremios de campesinos y transportistas bolivianos.
La huelga pondrá en trance de examen popular a la administración Morales que viene de ganar 6 de las 9 gobernaciones bolivianas y poco más del 60% de los municipios en las elecciones subnacionales del 4 de abril último. En diciembre último adhirió el 64% de los votos nacionales para enrumbar su segundo mandato consecutivo.
La medida de fuerza, que encontrará a Morales en Buenos Aires, sede de una cita de la Unión Sudamericana de Naciones, fue ratificada por una dividida dirigencia de la COB, convertida en uno de los principales sustentos del gobierno progresista de Morales desde 2006.
Los gremios de maestros urbanos, de conocida esencia trotkysta, fabriles y esposas de suboficiales de policía, galvanizan la huelga de 24 horas.
La presión procede también, en menor proporción, de médicos y paramédicos y, marginalmente, universidades fiscales que responden orgánicamente a la COB, en el poder político desde 1952.
El gobierno ha ratificado también que policías y militares recibirán un aumento de salarios de 3% que, lo mismo que el 5% a los trabajadores, la COB considera insuficiente.
La medida de protesta era alumbrada sin el apoyo de los transportistas cuya actividad, de alto valor simbólico y a la vez práctico, inyectará a los centros urbanos nacionales dosis de normalidad.
Convertida en el centro de gravedad del proyecto de país "más equitativo" que propugna Morales, los campesinos no adherirán la protesta. Es decir que el agro boliviano laborará con normalidad, lo mismo que la poderosa industria agropecuaria de Santa Cruz, opuesta en el período constitucional pasado al gobernante indígena de izquierdas.
Empero, Ramiro Condori, dirigente de mando medio de la COB, situado en las antípodas del líder sindical Pedro Montes, aseguró que ?son 66 las organizaciones afiliadas a la COB" las que garantizarían el éxito de la huelga.
Los profesores de las ciudades y las esposas de los policías exigen una suba salarial de entre 12 y 25% y los fabriles bastante más que eso.
Sus dirigentes han conseguido configurar un clima adverso a Montes, que apoyó al gobierno de Morales para enfrentar embestidas de grupos conservadores de poder económico entre 2006 y 2009.
El gobierno por su parte ha ratificado que la economía boliviana, boyante en los últimos cuatro años, en que, a diferencia de los últimos dos lustros anteriores, no debió lidiar con protestas populares de envergadura, sino de grupos con intereses concretos, no justifica sino 5% de incremento de sueldos.
"Queremos que el país entienda que esta medida atiende el interés del sector asalariado", encareció el ministro de la Presidencia Oscar Coca.
El ministro salió a la palestra el domingo y luego de anunciar dos decretos a favor de los trabajadores, que garantizan principalmente la inamovilidad y que afirman al Estado al lado del trabajador, demostró que la administración Morales ha sido, en los últimos decenios, la que más potenció el salario en Bolivia.
Con papeles y datos en mano, Coca demostró que el gobierno creció el salario mínimo en casi 46% entre 2006 y 2010.
El referente esgrimido por Coca para entender un desempeño y otros del pasado y principalmente los más recientes, es que los incrementos acumulados entre 2002 y 2005 orillaron el 10%. Es decir a un promedio de 2% año.
"El decreto promulgado señala que el salario mínimo vital de los 647 bolivianos (poco menos de 100 dólares), que constituye hasta la gestión anterior, este año, con carácter retroactivo al 1 de enero, subirá a 679,5 bolivianos. En el sector salud, educación y otros será del 5%. En la Policía y FFAA de 3%", recalcó
Coca explicó que cualquier incremento de sueldos debe corresponderse con los ingresos que percibe el país, lo contrario desencadenaría la inflación y desbarataría la estabilidad monetaria, barco insignia de la política macroeconómica boliviana en los últimos dos decenios y medio.
"El incremento salarial debe estar íntimamente relacionado con la base productiva del país y de este modo evitar que se genere un proceso inflacionario mayor a lo previsto, debido a un circulante carente de valor", insistió
Por su parte el vicepresidente Alvaro García Linera calificó de injusto e injustificado el paro.
"Ese paro no se justifica. Es un derecho de los trabajadores y lo respetamos (mas) no se justifica cuando su gobierno, el gobierno de los trabajadores, está haciendo todos los esfuerzos para potenciar la economía, para mostrar que los trabajadores tienen la capacidad de conducir nuestro país a un mejor destino" poniéndose al frente de las empresas, industrias y fábricas que el gobierno ha creado o está en trance de implantar, explicó.
García Linera pidió considerar que más allá de incremento real y posible de salarios, de 5%, el gobierno de Morales asiste a "la totalidad de la familia obrera" con otros emolumentos, de empoce anual, devenidos en bonificaciones estatales vitalicias para abuelos, niños y madres gestantes.
"Hoy recibe un conjunto de beneficios directos e indirectos que mejoran condiciones de vida" de los trabajadores, sostuvo al subrayar que los incrementos sin sustento no son sostenibles.
"Si ahora agarramos la plata que tenemos y sólo la dedicamos para salarios eso puede aguantar un par de años. Eso no es sostenible. Para que ese salario sea sostenible requiere que produzcamos más riqueza, que construyamos más empresas, que diversifiquemos la economía, la industrialicemos", sostuvo.
El mandatario recalcó, en tono de exaltación, que el gobierno se ha planteado metas de inversión ambiciosas, tales como "nuevas industrias hidro y termoeléctricas, de cemento, nueva petroquímica, empresas en ámbito fabril, carreteras, crédito para pequeños productores", que envuelven decenas de cientos de millones de dólares.
Y cuando fructifiquen, "inmediatamente haya más riqueza, inmediatamente se distribuye a los trabajadores", prometió.
Al tiempo de aludir, críticamente, uno de los contenidos de la tesis trotkysta de Pulacayo, lugar andino donde se la proclamó en 1943 y que planteó la independencia sindical, García Linera enfatizó que la lógica sindical en este gobierno no es sólo es reivindicativa, sino que está consustanciada con el poder real.
"Desde 1952 los trabajadores no tenían presencia en el gobierno, en las decisiones de gobierno, hoy son parte del gobierno" de Morales, machacó.
