Augusto do Santos: “La transición a la democracia apenas está empezando”

Por Washington Uranga
El miembro del gobierno que encabeza Fernando Lugo analiza las dificultades para implementar el cambio en Paraguay: la herencia aún vigente de la dictadura, el obstruccionismo de los partidos tradicionales, el clientelismo, el papel de los medios de comunicación.

–¿Cómo caracteriza la situación política del Paraguay dos años después de la asunción del presidente Fernando Lugo?
–El resultado electoral del 20 de abril del 2008 no produce necesariamente un cambio en la cultura de la ciudadanía y de los actores políticos. De hecho hay muchas ilusiones que hoy pudieron haberse desinflado. Son ilusiones que pretendían que Paraguay cambiaría a partir del 21 de abril del 2008. Esto no pudo ocurrir porque hemos sido castigados por el mismo tipo de dictadura que vivieron otros países, pero además por la intolerancia y el clientelismo político que se proyectaron durante veinte años tras la caída de la dictadura. La política funcionaba exclusivamente a través de la clientela y produjo lo que se puede denominar los veinte años perdidos de la transición democrática. Técnicamente la transición está empezando ahora, veinte años después del fin de la dictadura. Y en estas condiciones es muy difícil conjugar las expectativas con las posibilidades de cambio.

–¿Es el único motivo?
–No. A lo anterior se debe sumar la enorme resistencia de los sectores que detentaban el poder. No solamente el poder político –que es el menor poder en Paraguay– sino el poder fáctico: las mafias que controlan todo el sistema de contrabando, que manejan esta prodigiosa industria de la falsificación; la mafia de los cigarrillos que llevan humo a todos los países vecinos; la mafia de las drogas. Esos son varios carteles que durante mucho tiempo sostuvieron una forma de construcción política y que ahora ven peligrar seriamente sus negocios por un proceso que pretende adecentar la gestión. Y lo tercero, que es inevitable mencionar, son nuestros propios errores. Somos un gobierno conformado por un proyecto político absolutamente heterogéneo, partidos que se encontraron en el camino y que dijeron “hagamos un cambio político”. Pero además las personas que se encuentran en este momento en la gestión provienen, en su gran mayoría, de organizaciones no gubernamentales y otros emprendimientos de ese tipo, y todavía tardan en sintonizar, no con la gestión, sino con esa enciclopedia de mañas burocráticas que dejó sembrada el proceso anterior.

–Desde afuera da la sensación de que el gobierno de Fernando Lugo “está cercado”.
–Así es. El único cambio que se pudo producir en la función pública es en las islas de los puestos de confianza. Tenemos una legislación que impide otro tipo de cambios. En gran medida la función pública responde políticamente al partido que ya no está en el gobierno, porque los funcionarios públicos se alinean con esos políticos. De cualquier manera nuestra decisión es respetar la dignidad de todos los funcionarios y tratar de consensuar un proyecto de gestión pública que sea coherente con el cambio.

–¿Y la relación con el Parlamento?
–Es otro elemento que produce esa sensación de captura del Poder Ejecutivo. Un Parlamento adverso, eminentemente obstruccionista, con algunas situaciones alevosas como el caso de la obstrucción a la designación de embajadores. Yo no descarto errores nuestros, pero lo más difícil en este momento es construir el consenso con el Parlamento. Hay una posición obstruccionista y, en algunos actores, existe directamente un interés destituyente. Tampoco se ha logrado una mesa de diálogo que sirva para construir una agenda de prioridades.

–¿Y en la ciudadanía?
–El panorama es totalmente distinto y absolutamente esperanzador. Las organizaciones sociales quieren coordinar acciones y siguen firmes las esperanzas de que sus expectativas sean cubiertas por el gobierno que, a su vez, quiere mantener una interlocución directa con la ciudadanía. Este también es un aspecto en discusión. Ultimamente hubo algunas movilizaciones por parte de los gobernadores, solicitando que su intermediación fuera más visible. Muchos de estos gobernadores responden al Partido Colorado. El gobierno responde que no habrá de confrontar en lo mínimo con la institucionalidad, pero que al mismo tiempo no va a resignar su experiencia de diálogo directo con la ciudadanía. Es la única garantía que tenemos de sostener un proceso de cambio.

–En sectores afines al gobierno se habla mucho de democracia participativa. También se conocen las resistencias de dirigentes políticos de la oposición, que señalan que se intenta suplantar a la democracia representativa.
–La Constitución habla de la democracia participativa. La perversión semántica está de fiesta en Paraguay. Las cuestiones que son normales y obvias para cualquier sitio del mundo aquí se someten a tremendas discusiones. Se ha satanizado la democracia participativa y la más mínima intención de discutir el tratamiento informativo de los medios; se ha imputado como sospechoso de estar cargada de ideologías la voluntad del gobierno de construir proyectos sociales. Imagínese que el Gabinete Social no obtuvo presupuesto del Parlamento y se le recortaron todos los recursos, no tiene un guaraní para invertir en la lucha contra la pobreza. ¿Qué país estamos discutiendo? Hay un hemisferio que trata de sostener el país que existía, mientras el otro no deja de pelear por un proceso de cambio y no se va a resignar antes de lograrlo.

–En medio de este contexto. ¿cuáles son los logros que se pueden ver en estos dos años?
–Hemos construido una estructura institucional, una estación de despegue. Unimos en un corpus un archipiélago de instituciones que funcionaban en diferentes ámbitos, para todas las direcciones y sin ningún tipo coordinación. En lo social, con un Gabinete Social que funciona y en lo comunicativo también. Es un primer paso silencioso de institucionalización que tiene buenos resultados. La lucha contra la corrupción no puede ser solamente policíaca, porque sólo con represión la corrupción sería reprimida y reconstituida permanentemente. Para eliminar la corrupción hay que construir una institucionalidad consistente. En esto se está trabajando con bastante éxito. Por otra parte se está construyendo la red social. En dos años este gobierno ya hizo tres recorridos por todo el país, por todas las capitales departamentales y tomó contacto con las autoridades y con las redes sociales. Está instalada ya una red capilar del proceso. Falta un paso mucho más decisivo: que eso comience a funcionar. Y no está funcionando sencillamente porque el Parlamento se encargó de ahogarnos en términos de recursos.

–¿Qué se pudo lograr en materia de gestión?
–Se avanzó en obras y tareas emblemáticas como el caso de la reivindicación de Itaipú. La represa tiene 35 años y ningún gobierno quiso discutir con Brasil la reclamación paraguaya de un trato justo en relación con la inmensa riqueza que produce ese emprendimiento binacional. Por primera vez el 20 de julio del año pasado se instaló una mesa de discusión y los presidentes de los dos países están dando ya testimonio de los avances al respecto. Esa ha sido una bandera muy fuerte del gobierno. El otro tema en el que todavía no se han podido dar pasos más trascendentales, pero para lo que hay ya un plan, es la reforma agraria. Este país tiene una injustísima distribución de la tierra. Parece una discusión del siglo antepasado pero sigue vigente. Se ha definido también una estructura que tiene que funcionar. En términos sociales los planes de ayuda condicionada, que durante los gobiernos anteriores no llegaban sino a 13 mil familias, se han extendido paulatinamente a 100 mil familias y para fin de año estaremos llegando a 200 mil familias. Por primera vez en la historia de Paraguay se ha declarado la gratuidad de la salud, en diciembre del 2008. Eso demostró cómo los recursos eran definitivamente dilapidados en vez de ser aplicados a cuestiones tan sencillas como garantizar la salud universal.

–¿Y las cuentas pendientes...?
–Son muchas. Fundamentalmente construir una respuesta a pesar de las obstrucciones. Este gobierno tiene pendiente la necesidad de tener un plan A, en base a la posibilidad de un consenso político, y un plan B, que sin generar turbulencia alguna en la institucionalidad y en el funcionamiento de las instituciones del Estado sepa asistir la lucha contra la pobreza en el marco de peores obstrucciones que puedan existir. Ese es el desafío más importante. El proceso de construcción está en marcha y yo creo que estamos en condiciones de asumir algunas de estas alternativas. Reitero: no estamos hablando de confrontaciones institucionales, sino sencillamente de cómo haríamos para construir un proyecto que brinde mayores posibilidades a los sectores marginados sin contar con un debido acompañamiento presupuestario por parte del Parlamento. Estamos recurriendo incluso a la cooperación internacional. Y Paraguay no es un país difícil de cambiar; es un país pequeño de seis millones de habitantes. Es lamentable que no exista un consenso político; es miserable cualquier proceso de obstrucción; es sencillamente robar un plato de comida. Pero con esas pautas se debe convivir.

–Leyendo los diarios y escuchando las radios las críticas al gobierno aparecen por doquier. Paradójicamente, en medio de ese escenario, se acusa al gobierno de coartar y limitar la libertad de expresión.
–No hay un solo gesto en ese sentido. Nosotros somos una especie de damnificados de Chávez. Lo digo con mucho respeto por nuestros gobiernos y por nuestros países. Los medios utilizan, en una especie de operación preventiva, el estandarte de Chávez como antítesis o como símbolo de un supuesto atentado contra la libertad de expresión. Yo no juzgo la gestión de Chávez al respecto –estamos siempre en contacto fraterno como países– pero la cantilena en los medios es que Chávez nos lleva, como si fuera una especie de flautista de Hamelin, hacia el camino de coartar la libertad de expresión. No hay ni una medida ni un solo gesto del gobierno en esa dirección desde el 15 de agosto del 2008 hasta hoy. Es una caricatura lamentable que tenemos que aguantar también porque creemos que en Paraguay todavía necesitamos atravesar un tiempo importante de consolidación institucional para poder discutir ciertas cosas como, por ejemplo, el tema de la regulación de los medios. Hablar de regulación de medios en este tiempo en Paraguay es someter a la ciudadanía a un desgaste innecesario en medio de un debate entre sordos. Mientras tanto creo que la opción más importante es la consolidación de los medios estatales. Los medios públicos en Paraguay pueden ser mucho más incidentes que en cualquier país del mundo. Es un país pequeño, con seis millones de habitantes, con mucha homogeneidad cultural donde los medios públicos pueden ser muy incidentes una vez que ellos se consoliden. Estamos hablando de medios públicos y no de medios de gobierno.

–Llama la atención la denominación del ministerio a su cargo, creado en esta gestión: Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo. Con ese título no existe en ninguno de los países latinoamericanos ni en el resto del mundo. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué significa? ¿Por qué comunicación para el desarrollo?
–Porque no se puede hablar de comunicación pública sin comunicación para el desarrollo y menos en sociedades como éstas. Yo creo que no incluir la comunicación para el desarrollo en las políticas de comunicación del Estado es como admitir que nuestra comunicación es meramente instrumentalista, meramente difusionista. El desarrollo no es meramente una cuestión de lucha contra la pobreza, de mejorar las prácticas culturales o de producción. Es apuntar a la necesidad de que el cambio cultural se instale en la ciudadanía, es marcar un proyecto. Se mencionaba lo que para algunos puede parecer exótico como denominación. A mí me parece obvio y absolutamente apropiado al cambio que se pretende vivir en Paraguay. En este momento estamos trabajando con siete universidades públicas del interior para la instalación de la cátedra de comunicación para el desarrollo. Nos gustaría que junto a los comunicadores que trabajan en la construcción de las noticias todos los días, se generen también agentes locales de desarrollo desde la comunicación, trabajadores de comunicación que sean específicos para las cooperativas, las organizaciones, los ministerios. Este es el objetivo de incluir esta línea.

–¿De qué medios de comunicación dispone el gobierno?
–Prácticamente de nada. Los procesos anteriores desmantelaron y destruyeron los medios públicos. Quedamos con dos radios. La Radio Nacional de Paraguay con equipos totalmente obsoletos y 43 discos después de tener la discoteca más grande de Paraguay. A ésta se suma la radio de Pilar a la que, en un año, le cambiamos el transmisor después de 50 años. Lo mismo estamos por hacer con Radio Nacional. Ya no pensamos en el pasado, creemos que el desafío ahora es construir medios públicos que sean fortalecidos en el compromiso del proceso de cambio. Este es un país que tiene 17 provincias o departamentos. Estamos en el proceso de instalar diez radios públicas entre este año y el próximo. Y el gran sueño es poner a funcionar, para el 14 de mayo del 2011, el primer canal público de televisión del Paraguay. Todo está bien encaminado. No podemos fallar porque no nos sobran monedas. Estamos condenados a no fallar, a que todos nuestros emprendimientos sean certeros. El proyecto de la televisión pública incluye un canal de aire, un sistema satelital y unas 17 repetidoras en todo el país con pequeños canales locales. Pero en medio de eso estamos en la exótica iniciativa de transformar nuestros medios de gobierno en medios públicos. La gente empezó a escuchar sobre medios públicos ahora y muchas veces nos sentimos discutiendo con nadie estas ideas. Es más: muchas veces nos sentimos discutiendo al interior del gobierno. Como los medios de gobierno servían exclusivamente para promocionar a los ministros y compañía, cambiar esos procesos conlleva también enfrentamientos con las culturas de gestión.

–¿Es posible?
–No hay otra alternativa. La corresponsabilidad en la gestión de los medios públicos entre el Estado y la sociedad civil es empoderar a la ciudadanía y esto puede ser absolutamente trascendente.