Cuando un vídeo cuestiona la impunidad del Ejército de EE.UU.
FERNANDO NAVARRO El País
Al día siguiente de que WikiLeaks difundiese el vídeo que mostraba el ataque de dos helicópteros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el 12 de julio de 2007 en Bagdad y que causó la muerte del fotógrafo de Reuters, Namir Noor-Eldeen, su padre se hizo la siguiente pregunta: "Si un incidente de estas características tuviese lugar en Estados Unidos, ¿qué harían?".
El lamento del progenitor del reportero gráfico de Reuters es en sí mismo un interrogante de alcance mundial.
¿Puede la justicia internacional actuar contra el Ejército estadounidense cuando alguno de sus militares comete crímenes o violaciones de la legalidad en conflictos armados? La respuesta es simple: Washington no quiere. "Estados Unidos se sustrae de cualquier procedimiento y pone numerosas vallas para que no se hagan juicios a sus mandos militares", asegura Giulia Tamayo, Responsable de Investigación y experta en jurisdicción de Amnistía Internacional (AI).
Las imágenes sobre el suceso del 12 de julio de 2007 en Bagdad dieron la vuelta al mundo. En ellas se ve cómo un artillero estadounidense dispara desde un helicóptero Apache contra un grupo de iraquíes. Uno de ellos está armado con un Kalashnikov, pero entre todos se encuentra el fotógrafo de la agencia Reuters, Namir Noor-Eldeen, y su conductor, Saeed Chmagh. El Pentágono reconoció la autenticidad del vídeo, pero aseguró no encontrar entre sus archivos más copias.
La posición oficial de los mandos militares norteamericanos fue que actuaron ante una amenaza terrorista. El mismo día del ataque, el coronel Scott Bleichwehl, portavoz de las tropas estadounidenses en Bagdad, aseguró en The New York Times que fueron "operaciones de combate contra una fuerza hostil".
"Error terrible"
En el vídeo se oye cómo uno de los artilleros pide permiso para disparar y este se le concede cuando se confirma que los hombres están armados. Pero Noor-Eldeen va cargado con su cámara. "Aunque existiese amenaza, es un error terrible", asegura Edward Burke, quien ha estado los dos últimos meses en Irak y es especialista en tendencias políticas en el Golfo Pérsico de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE). "El contexto es una tragedia y una evidencia de que se comenten errores. Los soldados tenían que haber identificado al camarógrafo, tenían que haber seguido las reglas de enfrentamiento y, si no lo hicieron, debe investigarse y las conclusiones tienen que hacerse públicas", asegura Mohamed Abdel Dayem, delegado para Oriente Próximo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Las reglas de enfrentamiento (rules of engagement) son directivas emitidas al Ejército que definen las circunstancias bajo las cuales puede emplear la fuerza dentro de los límites autorizados por el derecho interno e internacional en los conflictos armados.
Hace dos años, Reuters, como empresa estadounidense, pidió al Gobierno acceder a los documentos clasificados, pero no obtuvo respuesta. La agencia se acogió al derecho a obtenerlas basándose en el Acta de Libertad de Información, una ley federal, firmada en 1966, que recoge que la Administración tiene el deber de proveer información completa a organizaciones y ciudadanos de todos los archivos que no estén específicamente exonerados. Pero el Gobierno y el Pentágono siguieron guardando silencio hasta que WikiLeaks publicó el vídeo.
Tras la difusión de las imágenes, fuentes militares del Comando Central informaron a Reuters que se reabriría una investigación interna para saber si se cumplieron las reglas de enfrentamiento. En 2007, el Pentágono concluyó que las Fuerzas Armadas estadounidenses respetaron las normas. El General Vicent K. Brooks, quien por aquel entonces era comandante en jefe de las tropas estadounidenses en Bagdad y áreas de alrededor, aseguró que los pilotos no tenían ningún conocimiento de la existencia de trabajadores de Reuters. Ante esto, los mandos militares no tomaron ninguna acción disciplinaria.
Sin embargo, la ráfaga de disparos contra un herido, socorrido por una furgoneta que los militares estadounidenses identificaron perteneciente a los insurgentes, y la existencia de niños que se encontraban dentro del vehículo cuestionan el respeto de las reglas. Después del vídeo de WikiLeaks, algunos militares estadounidenses en diversos medios de comunicación han puesto también en duda el cumplimiento de las normas. "Si cualquier Ejército comete un crimen, el Gobierno tiene el deber de investigarlo y hacerlo público", afirma el portavoz del Comité para la Protección de los Periodistas. Pero Washington no parece dispuesto hacerlo y, además, la legislación internacional salvaguarda sus acciones.
Inmunidad en la guerra
Desde hace décadas, Washington pugna por inmunizar a sus soldados contra el procesamiento por crímenes de guerra. Sus normas procesales contienen toda una trama favorecedora de la impunidad de sus actos militares. Según la cuarta Convención de Ginebra, la población civil está protegida en los conflictos armados, pero el Ejército estadounidense, como otros, justifica estas muertes como "daños colaterales" en mitad de la contienda. La aparición de conflictos no convencionales como las conocidas guerras asimétricas, que se llevan a cabo en Irak o Afganistán, donde no hay un frente determinado y los insurgentes actúan con actos terroristas, hace más vulnerables a los civiles y, en consecuencia, al periodista en el ejercicio de su profesión. El artículo 79 de la Convención de Ginebra afirma que "los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado serán considerados personas civiles".
De demostrarse que el daño colateral es un crimen, la Corte Penal Internacional (CPI) podría actuar contra determinados mandos militares, pero en el caso de Estados Unidos no se puede. Poco antes de abandonar la Casa Blanca, el ex presidente Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo del CPI, pero George W. Bush nunca lo ratificó. Tampoco Barack Obama. Estados Unidos, Israel y China, entre las potencias más destacadas, han defendido sus principios de soberanía para hacer causa común contra este tratado.
Con este panorama, Washington es el único garante de la aplicación de la justicia en los crímenes de sus ciudadanos fuera de sus fronteras. Además, el Gobierno estadounidense ha firmado acuerdos bilaterales de inmunidad con más de medio centenar de países y, asimismo, crea entramados legales en el marco de las guerras. En Irak, estos privilegios legales incluían en los primeros años del conflicto a los mercenarios de la empresa de seguridad Blackwater, que llegó a ser el mayor contratista privado del Gobierno de EE UU, recibiendo millones de dólares por misiones de seguridad y protección de diplomáticos.
"Cualquier acción contra un soldado norteamericano que actúa en un conflicto armado en el extranjero tiene que ser autorizada por el fiscal general de Estados Unidos (el ministro de Justicia)", afirma el abogado Leopoldo Torres Boursault, ex fiscal general del Estado y abogado de la familia de José Couso, camarógrafo de Telecinco muerto en Irak el 8 de abril de 2003 en el ataque de un tanque estadounidense. Sin embargo, el Gobierno norteamericano evita esta actuación para no generar sentimientos antiamericanos en el mundo o, especialmente, alegando motivos de seguridad nacional. "Si prospera tiene que ser por causa mayor o presión popular, pero sí conviene decir que la opinión pública norteamericana no es fácil que se escandalice por este tipo de acciones. Se consideran en estado de guerra en Irak y Afganistán y se sienten en un estado de legítima defensa", afirma Torres.
Este tipo de presión fue la que surgió tras el escándalo destapado por la prensa estadounidense de las torturas y abusos de la prisión de Abu Ghraib en Irak, pero no sucedió lo mismo para juzgar el asesinato del periodista Mazen Dana, cuya muerte recuerda a la de Namir Noor-Eldeen. Dana murió en agosto de 2003 en Bagdad con su cámara al hombro que el Ejército estadounidense confundió con un lanzagranadas.
Caso Couso
En España, es relevante en este sentido el caso de José Couso, que se encontraba filmando en el piso 14 del hotel Palestina, sede de la prensa internacional en Bagdad, cuando un misil de un tanque norteamericano alcanzó la planta 15. "Se necesita cooperación por parte de Estados Unidos y no la hay. Tendría que empezar por tomar declaración a los responsables de la muerte de José Couso y eso no sucede", asegura Torres. Por aquel entonces, Washington comunicó también que sus militares actuaban en defensa propia, aunque diversos testigos aseguran que no hubo ningún ataque previo contra las tropas norteamericanas.
El caso de Couso está pendiente de la sala segunda del Tribunal Supremo. El juez instructor Santiago Pedraz cursó una orden internacional de detención previo procesamiento de sujetos, pero la sala de lo penal anuló todas las decisiones tomadas por el instructor contra los tres ocupantes del carro de combate que mató al cámara de Telecinco. Sin embargo, su familia está dispuesta a agotar todas las posibilidades. "Iremos si hace falta al Tribunal de Estrasburgo", asegura Javier Couso, hermano del fallecido, consciente de la red legal que impide actuar contra Estados Unidos. "La orden de arresto a un militar estadounidense puede venir de un juez español, por ejemplo, o de la Interpol o Europol y, si al acusado se le ocurre abandonar Estados Unidos, puede ser detenido fuera de su país. El problema es que muchas veces los intereses políticos y comerciales pueden detener estas causas", asegura la experta de Amnistía Internacional, que añade, a modo de recordatorio: "Pero todo paso es importante para el derecho internacional, porque una cosa es preservar el principio de soberanía y otra muy distinta es dar carta de impunidad a los criminales".
