Caso Garzón revive el franquismo
Juanjo RobledoMadrid
El juez Baltasar Garzón acude este jueves a comparecer ante el Tribunal Supremo por la segunda de las causas que hay abiertas contra él: se le acusa de recibir presuntamente dinero del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York.
El caso del superjuez español Baltasar Garzón, procesado por el magistrado Luis Varela por investigar crímenes del franquismo, está abriendo las heridas de un tema que aún no cicatriza en la historia de España.
Mientras asociaciones, sindicatos y personajes como Pedro Almodóvar se atrincheran en universidades para protestar y recoger firmas, grupos de víctimas del franquismo presentaron hoy una denuncia de genocidio en Argentina para que la justicia de ese país la investigue.
Es la primera demanda que aspira a que un tribunal argentino aplique el principio de jurisdicción universal, el mismo aplicado por Garzón para investigar a Pinochet. "La querella es una manifestación de apoyo y solidaridad al juez Garzón", señaló el abogado argentino Carlos Slepoy, quien ha liderado esta contraofensiva judicial.
En la denuncia se recoge un dato de la investigación de Garzón, 113 mil desaparecidos.
De prosperar la demanda los tribunales podrían enjuiciar a los sobrevivientes de la Guardia Civil, el Ejército y los gobiernos franquistas que pudieran haber tenido algún tipo de responsabilidad con los desaparecidos.
José María Pedreño, presidente del Federación de Foros por la Memoria Histórica, comenta a BBC Mundo que "hasta el momento no se ha llevado al banquillo de los acusados a ningún franquista. ¿Cómo es posible que la justicia española persiga crímenes contra la humanidad en Argentina, Chile o China y que sea incapaz de mirar los crímenes del franquismo? Eso es como tener un cadáver debajo de la cama, por mucho ambientador que le eches termina oliendo".
¿Cómo es posible que la justicia española persiga crímenes contra la humanidad en Argentina, Chile o China y que sea incapaz de mirar los crímenes del franquismo?
José María Pedreño, presidente del Federación de Foros por la Memoria Histórica
Pedreño participa en la exhumación de cadáveres de la Guerra Civil (1936-1939) y el régimen de Franco (1939-1975), dentro de la Ley de Memoria Histórica presentada por el actual gobierno que busca el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra y del franquismo.
El fantasma de ese período ha despertado no sólo por el caso Garzón sino de las reivindicaciones de las asociaciones de víctimas, la eliminación de monumentos alusivos (como estatuas de Franco) y la búsqueda de restos como los del poeta Federico García Lorca, muerto durante la guerra.
"Tengo envidia de Alemania o Francia porque allí la guerra la ganó la democracia. Se han reconocido los excesos del nazismo. En España ha ocurrido al revés. La modélica transición española sirvió para que muchos que estaban en el poder mantuvieran sus privilegios. Aquí no hubo una ruptura con el anterior sistema", opina Pedreño.
Después de la Guerra Civil, que enfrentó al gobierno republicano con el bando nacionalista, Franco gobernó durante cuarenta años hasta su muerte. Allí comienza el período conocido como la Transición que aunó un gran pacto por la democracia.
Los magistrados protestan
Ante la avalancha de protestas (incluídas las de medios internacionales) y foros por la decisión de procesar a Garzón por investigar crímenes del franquismo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en la cual hay miembros del Tribunal Supremo que investiga al juez, emitió un comunicado en el que expresa "su preocupación y tristeza por las muestras de apoyo a Garzón y, que a su entender, suponen un ataque a la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo".
La comisión se refiere a la protesta organizada ayer en la Universidad Complutense de Madrid por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, donde el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, acusó a los magistrados de dar "un golpe brutal a la democracia española convirtiéndose en instrumento de expresión del fascismo español".
En ese sentido, la secretaria del Partido Popular (partido de derecha), María Dolores Cospedal, ha calificado el acto de "disparate y atentado contra la democracia" que trata de presionar al juez Luciano Varela, el magistrado que procesa a Garzón.
La querella que el próximo 22 de abril puede inhabilitar de por vida al superjuez fue presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange, el único partido que gobernó durante el régimen militar de Franco.
De momento personalidades como el cineasta Pedro Almodóvar y los escritores Luis García Montero y Almudena Grandes, han convocado un encierro indefinido en las aulas de la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense para solidarizarse con el juez Garzón. "Es lo más grave que ha pasado en la democracia española desde el intento de golpe de estado de 1981", señaló el director.
El espejo del pasado
El caso de Garzón está removiendo temas hipersensibles en la sociedad española como la Guerra Civil y el franquismo. "Es legítimo y conveniente que haya un debate público no sólo sobre el régimen franquista sino sobre la la Segunda República, la Guerra Civil o cómo se ha construido la Transición española", comenta a BBC Mundo Leoncio López-Ocón, director del Instituto de Historia.
"La Transición fue fruto de un pacto entre vencedores y vencidos, había que construir una nueva sociedad, unos y otros tuvieron que hacer renuncias que, en términos generales, se aceptaron cuando se votó la Constitución de 1978. Las nuevas generaciones quieren realizar otro pacto y claro está ponen sobre la mesa los excesos de los vencedores".
"La cuestión está en que los vencedores no hicieron actos de reconocimiento de los excesos pero tampoco los vencidos, en una guerra hay excesos de ambos lados. El problema es que si volvemos a abrir heridas acusando a unos y a otros nunca van a cicatrizar", señala López-Ocón.
