Cálculos empresariales o la competitividad mediante salarios bajos

Antonio Peredo
Leigue Argenpress
Un incremento del 5% en el salario de los trabajadores ha provocado reacciones contrarias entre los sectores involucrados. Por una parte, como es previsible, la Central Obrera Boliviana (COB) anunció que negociará hasta lograr que el incremento sea del 9%. En cambio, los empresarios, dijeron que éste no debió ser mayor al 3%. Una posición oficial diría que, las demandas de ambas partes, muestran que la propuesta del gobierno es justa por su equidistancia entre los reclamos laborales y las protestas empresariales.

Por supuesto, no se trata de hacer cálculos simplistas. Si fuese posible aumentar el salario laboral al 9% habría que hacerlo. Son otras las razones a tomar en cuenta para determinar el techo del incremento. El principio básico que debiera manejarse es el mantenimiento de la fuerza de trabajo; es decir, el salario de un obrero debe ser por lo menos, suficiente para el sustento de su familia. Esa equivalencia, por las políticas desarrolladas a lo largo de cincuenta años, simplemente no existe. En el menor plazo posible, habrá que alcanzar tal equilibrio, pero aún debemos movernos con otros indicadores.

Al par que Bolivia ha tenido un desempeño económico que no tiene paralelo, se mantiene un costo de vida bajo. En cualquiera de los países vecinos se vive, modestamente, con el doble de lo que se requiere aquí. Esto no es un milagro ni tiene su origen en la sobre explotación que sostienen los llamados Tigres del Asia. Es, simple y llanamente, resultado de una descompensación entre el campo y la ciudad. De hecho, el campesino subvenciona, con su trabajo, ese costo de vida.

Por esta razón, un empresario, tiene todos sus costos subvencionados. Pongamos un ejemplo: el empresario que almuerza en un restaurante de primera categoría, pagará alrededor de 70 bolivianos por persona; es decir, 10 dólares. Con ese monto, en cualquier país vecino, tendría que buscar un local modesto de comida. Claro que, eso es lo menos importante. Buena parte de su materia prima, tiene origen agrario y, por tanto, la adquiere a precio bajo. Además, y aquí se disparan sus beneficios, está el sistema impositivo que, desde 1986 es abiertamente favorable a las empresas. No es sólo la devolución de impuestos cuando se trata de exportaciones (CEDEIM), sino el descargo de impuestos que, como cualquier ciudadano, tiene la empresa, no sólo el empresario. Sigamos: la empresa paga un llamado Impuesto a la Renta Presunta; es decir, no tiene la obligación de presentar balances, sino cálculo de sus ganancias que, buenamente, el Estado debe aceptar bajo simple juramento de veracidad.

Donde las empresas tienen un beneficio incalculable es en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El régimen del IVA, en Bolivia, es fijo: 13% en todos los productos, excepto los comestibles naturales en los mercados públicos. Los empresarios actúan como recaudadores de este impuesto que paga el consumidor final. El sistema tributario que creó tal impuesto, es parte de la implementación del modelo neoliberal. El impulsor del modelo en Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando lo impuso y justificó, dijo que, como el Estado no tenía capacidad para fiscalizar las ganancias empresariales, el IVA que pagarían todos los habitantes por igual, sustituía el impuesto a la ganancia. Mala explicación, habida cuenta que, el IVA, ya se aplicaba mucho antes en otros países, sin sustituir el impuesto a la ganancia. Por eso fue que, posteriormente, se creó el impuesto a la renta presunta.

Pero, volviendo al punto inicial, los empresarios son simples recaudadores del IVA, retienen los montos del mismo durante meses y, cuando lo entregan al Estado, reciben un trato especial como grandes contribuyentes. En realidad, su contribución al Estado, en este rubro, es nula; no contribuyen, se benefician con el interés que genera la retención de ese impuesto. De hecho, debiera establecerse un sistema de recuperación inmediata del IVA por parte del Estado.

La lógica empresarial es la lógica de la ganancia por todos los medios. En esa línea de acción, se puede comprender por qué reclaman contra el aumento de 5% y dicen que, en algunas empresas, ese ajuste salarial, significará el despido de varios trabajadores. Habría que recordarles la vigencia de la Ley General del Trabajo y la ratificación legal, hecha en 2006, de la plena vigencia de ese recurso que defiende los intereses laborales. En primer lugar, todo despido por parte de un empresario debe justificarse; no puede estar al arbitrio del patrón. En segundo lugar, supone el reconocimiento de beneficios sociales que, en Bolivia, son irrenunciables e inembargables.

Pero, veamos también el otro lado: la demanda laboral de llegar a un 9% de incremento. En los 20 años de imposición neoliberal, los ajustes salariales equivalían al porcentaje de inflación ocurrido en la gestión anterior, al menos en la teoría. No había incremento, sino una compensación discutible. De hecho, el valor del salario se contrajo. Un cuadro estadístico de los 20 años transcurridos entre 1985 y 2005, mostraría que el ajuste al salario, nunca alcanzó a cubrir la escalada inflacionaria.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) estableció que, el año pasado, la inflación estuvo por debajo del 1%. Muchos sectores laborales y, por supuesto con gran entusiasmo, la oposición, descalifican ese cálculo. Hay un debate inacabable alrededor de este tema. Hay que establecer un nuevo esquema de cálculo partiendo de las necesidades de los sectores desfavorecidos, pues el actual esquema es claramente favorable a los grupos de poder.

De cualquier forma, el gobierno del presidente Evo Morales hace frente a una situación en la que subsisten muchos elementos del modelo neoliberal. La Constitución promulgada en febrero de 2009, aún no cuenta con los instrumentos legales necesarios para modificar esa estructura. Se trabaja en ese sentido, pero al momento hay que seguir reglas que no han sido sustituidas aún.

Superando esas restricciones, la decisión de incrementar el salario en 5%, es un avance considerable como han sido los aumentos habidos desde hace cuatro años. Aún así, es probable que un estudio entre la COB y el gobierno, pueda alcanzar un punto más en el incremento.

Por encima de este tema, hay una situación que se mantiene sin solución a la vista: ¿cómo aumentar el nivel de vida de los campesinos? Haber llevado la educación y la salud hasta los lugares más recónditos del país es un paso de gran importancia. Pero falta mucho para alcanzar lo que está definido como vivir bien. El índice de ingreso por habitante del campo en relación al habitante de la ciudad, muestra una diferencia muy grande. La lucha por una distribución más equitativa de la riqueza, es el gran desafío que enfrentamos en los próximos cinco años de gobierno. Hay que trabajar con mucho empeño para lograr los resultados que el pueblo espera.