Aplazan la solución al conflicto en los Lípez, Potosí
Rolando Carvajal Rebelión
La gobernación regional y comunarios de la provincia Nor Lipez, Potosí, donde la Minera San Cristobal (MSC) opera una de las mayores minas a cielo abierto del mundo, acordaron una tregua al bloqueo campesino contra la empresa, mientras “La Razón”, observó la “ambivalencia” gubernamental para la solución del conflicto.
La filial de Sumitomo afronta varias demandas sociales incluida una por el pago de 600 litros/segundo de agua fósil que San Cristóbal extrae y que significarían entre 210 y 1.800 millones de dólares en 20 años que dura el proyecto.
Desatado el conflicto, hace una semana el canciller David Choquehuanca alertó sobre el “saqueo” de los recursos naturales, y el vicepresidente Álvaro García dijo que el contrato con Sumitomo fue “heredado de los tiempos neoliberales”, anunciando que la nueva Constitución “obliga a una modificación” a realizarse “en conversaciones con el inversionista”.
El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, dijo que esa explotación está regida por “leyes neoliberales”, en alusión al Código de Minería vigente desde 1997 y anticipó que “las concesiones mineras tienen que pasar a un régimen de contratos en los cuales se establecerá la participación del Estado sobre las ganancias y el derecho de explotación que tienen las regiones sobre los recursos naturales”.
Inquieto por las garantías a la inversión extranjera, en principio el gobierno advirtió a los campesinos con el uso de la fuerza si no desbloqueaban a la empresa, mientras los comunarios censuraron la no admisión de sus quejas en la llamada Mesa 18, de la reciente Conferencia mundial sobre la crisis climática y los derechos de la madre tierra.
“La respuesta gubernamental ante este conflicto ha sido ambivalente”, dice el editorial de La Razón, uno de los diarios bolivianos más influyentes:
“Mientras, por un lado, no ahorra adjetivos para descalificar la actividad de la MSC en el país, anuncia que los contratos con las compañías mineras cambiarán con la ley del sector a aprobarse en el segundo semestre del año y hasta maneja la posibilidad de una nacionalización, por el otro asegura que respeta a la empresa privada en el marco de una política de ‘economía plural’”, añade.
NADA POR EL AGUA
El prefecto de Potosí y los comunarios dieron fin el jueves a 11 días de protestas que afectaron a las exportaciones de San Cristóbal por Chile y a la afluencia del turismo internacional a las famosas lagunas Colorada y Verde, próximas al salar de Uyuni.
Durante la primera semana del conflicto, cientos de pobladores destruyeron una oficina de la empresa y volcaron seis de 22 contenedores con minerales varados en la vía ferrocarrilera, exigiendo compensaciones de la empresa por el uso de las reservas de agua de la región, así como atención gubernamental a demandas de electricidad, agua potable y telefonía móvil.
Los término de la tregua acordada, refieren acuerdos sobre electrificación, pero nada sobre el pago del agua subterránea.
San Cristóbal produce 1.300 toneladas métricas/día de concentrados de zinc-plata y 300 toneladas métricas de plomo-plata. Inicialmente, desde el 2000, fue desarrollada por la Apex Silver Mines (participada por el magnate George Soros) que se dio modos para aprovechar la legislación minera vigente y lograr hasta 365 millones de m3 de agua subterránea gratis para procesar los minerales durante dos décadas.
El 2006 la Apex Silver transfirió un 65 % de la mina a Sumitomo Corporation[1], que extrae hasta 50 mil litros diarios de agua fósil para exportar concentrados por valor de 1.000 millones de dólares anuales, y que ha anunciado su interés por invertir en la industrialización del litio de Uyuni
La semana pasada, San Cristóbal informó que en 10 años transcurridos desde el 2000, pagó impuestos por 358 millones de dólares, a un promedio de 35 millones anuales y que sólo en 2009 pagó 38 millones de dólares por concepto de regalías mineras a la Prefectura de Potosí.
Confirmó también que igual que otros concesionarios, no paga nada por el uso diario de casi 50.000 metros cúbicos de agua fósil que representarían 10.5 millones de dólares anuales, frente a los 3.6 millones que pretende pagar Chile por el uso de las agua subterráneas del Silala.
Explicó que de acuerdo a la legislación boliviana en minería, los concesionarios pueden usar o aprovechar las aguas de dominio público y las que discurran por sus concesiones y, además, sostuvo que las aguas que emplea en su planta no son aptas para el consumo humano o animal.
La firma respondió así a las afirmaciones del canciller, David Choquehuanca, quien aseguró que San Cristóbal "saquea" minerales y no paga ni un centavo por los 600 litros de agua por segundo que consume.
MISION SOCIALISTA
“El prestigio del país, como receptor de capitales extranjeros, termina mancillado cuando una demanda social se convierte en una manifestación que transgrede flagrantemente los derechos de la parte cuestionada”, dice este viernes La Razón.
Por otro lado, recuerda que todo negocio multimillonario, como el que realiza la Sumitomo en Bolivia, tiene que responder a las expectativas nacionales de retribución económica, considerando los índices de pobreza que deben pesar en la conciencia de las autoridades presentes y pasadas.
En ese sentido, añade el diario, el presidente Evo Morales, por su ligazón con las clases menos favorecidas, se enfrenta a una complicada pero indefectible misión de toda administración que se precie de socialista: perseguir la injusticia mediante la aplicación de estrategias que permitan acabar con las desigualdades latentes en sociedades como la nuestra.
La obligación del Gobierno ante la toma de minas, recomienda, es evitarla, “para ahorrar los daños materiales y velar por la seguridad jurídica que, tarde o temprano, serán contraproducentes para la imagen de Bolivia como nación destinataria de inversiones”.
GANANCIAS Y PERDIDAS
El uso gratuito del agua para las operaciones de la minera significa ganancias adicionales -y pérdidas para el Estado bolivianos de entre 210 y 1.800 millones en los 20 años que tiene previsto desarrollar el proyecto, dependiendo el monto de la cotización internacional de este recurso, 5 dólares el metro cúbico, o si se aplica la fórmula en negociación para la provisión del agua fósil a Chile.
Según San Cristóbal, las normas vigentes establecen que los concesionarios mineros pueden usar o aprovechar las aguas de dominio público y las que discurran por sus concesiones y, además, sostuvo que las aguas que emplea en su planta no son aptas para el consumo humano o animal.
"Por tanto, el marco legal vigente no exige ni obliga a ningún operador minero a pagar por el uso del recurso agua. Además, su adecuado manejo es también permanentemente supervisado por las autoridades nacionales competentes a través de inspecciones que se efectúan continuamente", agrega el comunicado.
Cálculos menos conservadores que los del gobierno, hechos por el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal), señalan que en realidad San Cristóbal se habría dado modos para operar con agua gratuita cuyo costo en veinte años superaría los 1.800 millones de dólares hasta el 2030, a una cotización promedio internacional de cinco dólares el m3.
En sus conversaciones con el gobierno de Michele Bachelet, la Cancillería boliviana aseguró que el país pierde 10 mil dólares diarios por la escurrimiento de 17.000 metros cúbicos de agua desde los bofedales del Silala hacia Chile, país que está dispuesto a pagar 3.6 millones de dólares anuales por la provisión del líquido a empresas y población civil chilena.
De acuerdo a los cálculos de Codepanal, que cotiza en 5 dólares el litro de agua para vender a Chile, el monto que tendrían que pagar los empresarios y población vecina ascendería a 31 millones de dólares anuales, mientras que la factura para San Cristóbal, a ese mismo precio, sería de 91 millones de dólares anuales y más de 1.800 millones en dos décadas.
EL INFORME MORAN
Robert Moran, hidrogeólogo y experto en impactos de la minería en los recursos hídricos, llegó al país el 2009 para estudiar el caso la mina San Cristóbal, invitado por las organizaciones campesinas, el municipio local de Colcha K y el CGIAB (Comisión para la Gestión Integral del agua en Bolivia). E
El estudio de Robert Moran (2009) ha confirmado sospechas expresadas previamente por las organizaciones sociales y académicos bolivianos respecto a esta explotación a cielo abierto (Quisbert, 2009; Molina, 2007; López, 2009).
Los acuíferos subterráneos están conectados con las fuentes superficiales y no son recargados por la escasa lluvia, por tanto durante muchas décadas luego de la explotación de la mina, no será posible otros usos, actuales y/o potenciales; más aún, muchos manantiales y humedales locales y regionales, así como los flujos de aguas superficiales locales serán reducidos o se secarán producto del bombeo durante estos años, por parte de la empresa, reduciendo por tanto los ingresos de agua al salar de Uyuni.
El Informe Moran evidenció que San Cristóbal no ha implementado un adecuado sistema de monitoreo, tanto de la declinación de los pozos explotados, como de los impactos producidos por el dique de colas, en realidad una laguna convertida para tal propósito sin ningún tipo de impermeabilización.
También los químicos y sedimentos contaminados depositados en el fondo de la laguna de Wila Q'ara provocarán contaminación de largo plazo, dado que el fondo no es absolutamente impermeable.
