Francia dictó condenas rápidas contra más de 200 personas tras los disturbios durante las protestas

Las detenciones ascendieron a unas 2.700 desde el sábado, informó Gerald Darmanin, quien anticipó más condenas mediante procesos acelerados por violencia, saqueos y daños en distintas ciudades del país durante aquella jornada

Infobae

Francia emitió veredictos rápidos en un proceso judicial acelerado tras los disturbios registrados al margen de las movilizaciones del 17 de octubre, mientras el Gobierno prepara un refuerzo del 20% en el despliegue de seguridad para la nueva jornada de protestas prevista para el sábado.


Los tribunales ordenaron el ingreso en prisión de 217 personas por los episodios de violencia, saqueos y daños ocurridos en distintas ciudades del país. El ministro de Justicia, Gerald Darmanin, informó que las fuerzas de seguridad detuvieron a unas 2.700 personas desde el sábado y señaló que la cifra de condenados podría aumentar a medida que avanzaran las audiencias.

Darmanin precisó que la mitad de quienes recibieron penas de cárcel no contaba con antecedentes penales y que, en términos generales, se trató de hombres de entre 18 y 25 años. El ministro sostuvo que fiscales y jueces encarcelaron a personas que hasta entonces no habían tenido contacto con la Justicia. “Muestra que las decisiones judiciales se aplicaron de una manera extremadamente firme”, afirmó.

Las causas se tramitaron mediante procedimientos rápidos, impulsados por el Gobierno con el objetivo de restablecer el orden después de los disturbios. Sin embargo, los tribunales enfrentaron una acumulación de expedientes y algunos abogados cuestionan las condiciones en que se desarrollan las investigaciones y los juicios.

Entre los casos juzgados figuró el de Mathilde B., una estudiante de 19 años, y François D., de 20, quienes viajaron a París desde Auxerre. La policía encontró en el bolso del joven una manopla y una navaja automática. Durante la investigación también se incorporaron conversaciones en redes sociales en las que ambos hablaron de “guerra de guerrillas” y de “golpear a policías antidisturbios”.

El tribunal condenó a Mathilde B. a cinco meses de prisión en suspenso. François D. recibió una pena de ocho meses, de los cuales debió cumplir dos en prisión de forma inmediata.

Tristan Lawless, abogado en Melun, defendió a un acusado para quien la Fiscalía pidió cinco meses de cárcel con ingreso inmediato. El letrado cuestionó el expediente elaborado contra su cliente y declaró que el juicio se basó “en un expediente de 50 páginas que, a mi juicio, se armó con apuro, con informes que a menudo fueron vagos y carecieron de detalles”. También denunció que su defendido sufrió golpes durante la detención.

El Ejecutivo francés aumentará un 20 % la presencia policial y sumará vehículos blindados ante las nuevas convocatorias de huelga (REUTERS/Abdul Saboor)
El Ejecutivo francés aumentará un 20 % la presencia policial y sumará vehículos blindados ante las nuevas convocatorias de huelga (REUTERS/Abdul Saboor)

La Fiscalía consideró que los objetos formaban “el kit perfecto” para fabricar un cóctel molotov. El tribunal le impuso dos meses de prisión efectiva y otros seis meses en suspenso.

Souleymane, de 19 años y nacionalidad marfileña, fue detenido en el norte de París después de que presuntamente intentara robar una motocicleta tras irrumpir en una tienda. El joven no contaba con residencia regular en Francia y acumulaba tres condenas previas. Recibió una pena de ocho meses de cárcel y quedó detenido.

En otro proceso, Julien M., un artista audiovisual de 27 años del sureste francés, fue acusado de arrojar un cono de tránsito que pasó cerca de un policía. El imputado aseguró que aquella sería su última movilización. El tribunal lo dejó en libertad bajo control judicial hasta el juicio previsto para fines de noviembre.

Las decisiones judiciales generaron críticas entre abogados y colectivos vinculados a la defensa de los detenidos. Romain Ruiz, abogado parisino e integrante del grupo Colère noire, acusó al ministro de Justicia de presionar a los jueces para conseguir castigos más duros y de celebrar públicamente el encarcelamiento de jóvenes.

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