The Lancet analizó la respuesta al COVID en 20 países: cuáles son las lecciones para futuras pandemias
La Comisión PRIME identificó fallas estructurales que pueden dejar desprotegidas a las comunidades durante una crisis sanitaria. El análisis estimó que distribuir vacunas según la población podría evitar 2,7 millones de muertes
Una futura pandemia podría poner en riesgo a millones de personas si los países repiten las fallas expuestas por el COVID-19. La Comisión NUS–Lancet PRIME analizó experiencias de comunidades afectadas en 20 países y concluyó que los laboratorios, la vigilancia y los planes de emergencia son necesarios, pero no aseguran por sí solos que la población quede protegida.
El informe Transforming Pandemic Readiness for Equity, publicado hoy por The Lancet y que se presentará este viernes en Nueva York, propone ampliar la respuesta. Prepararse para una pandemia también implica que las personas puedan sostener sus ingresos, acceder a alimentos y atención médica, aislarse en condiciones adecuadas y entender la información de salud, remarcaron los expertos.
La comisión fue creada por la Universidad Nacional de Singapur (NUS) y The Lancet. Reúne a 41 especialistas de salud, finanzas, planificación y trabajo comunitario. PRIME es la sigla en inglés de Preparación ante Pandemias mediante Instituciones, Movilización de Comunidades y Equidad.
En el resumen del informe, The Lancet plantea que gobiernos, instituciones y comunidades deben “pasar de planes formales a una protección centrada en las personas en todas las etapas de una crisis sanitaria”.
Cinco fallas pueden dejar a las comunidades sin protección
La comisión combinó estudios en 20 países, seis revisiones, escenarios prospectivos y modelos epidemiológicos. Participaron expertos en enfermedades infecciosas, emergencias sanitarias, sistemas de salud, gobernanza, protección social y participación comunitaria. Los países analizados fueron China, Inglaterra, Etiopía, India, Indonesia, Japón, Eslovenia, Líbano, México, Mozambique, Noruega, Perú, Singapur, España, Tanzania, Tailandia, Turquía, Uruguay y Estados Unidos.
El trabajo identificó cinco vulnerabilidades sistémicas que agravan el impacto de una emergencia:
- Inseguridad en las necesidades básicas, como ingresos, alimentos y recursos para cumplir medidas de protección.
- Inseguridad habitacional y hacinamiento, que dificultan el aislamiento durante un brote.
- Exclusión administrativa de la atención sanitaria y la protección social, por ejemplo, debido a la falta de documentos de identidad.
- Desconfianza en las instituciones y en la información sanitaria, que limita la recepción de recomendaciones oficiales.
- Sistemas sanitarios y sociales frágiles, sin capacidad suficiente para afrontar una crisis prolongada.
La recomendación es mirar los sistemas que generan desprotección antes que etiquetar a ciertos grupos como vulnerables. La preparación debe medirse por lo que sucede cuando los servicios y las familias quedan bajo presión, y no solo por la existencia de reservas de equipos, protocolos o capacidades de vigilancia.
El estudio incluyó, entre otros casos, a personas sin hogar en Indonesia, población desplazada internamente en Etiopía y familias que perdieron integrantes por COVID-19 en el Reino Unido, según informó The Guardian. Esas experiencias mostraron cómo las condiciones sociales pueden limitar una respuesta sanitaria.
La copresidenta Helena Legido-Quigley, profesora del Imperial College de Londres, afirmó que las debilidades estructurales elevan el riesgo de enfermedad, muerte, pérdida de medios de vida y deterioro del bienestar.
“Una persona que vive en un apartamento hacinado no puede aislarse; una persona sin documentos de identidad no puede acceder a un pago gubernamental, y una persona que no habla el idioma dominante no puede entender las recomendaciones de salud”, señaló en declaraciones al diario británico.
La asignación de vacunas puede evitar millones de muertes
Para medir el efecto de distintas estrategias, la Comisión PRIME usó como modelo una hipotética pandemia de influenza A en 173 países durante dos años, con dosis disponibles a partir del día 100.
No es una proyección sobre un brote inminente, sino un ejercicio para comparar la fabricación rápida de vacunas, su distribución y la confianza en la vacunación. La fabricación acelerada de vacunas reduciría la mortalidad de 58,5 millones a 23,9 millones de muertes, una caída del 59 %, incluso si los países con mayor capacidad de compra recibieran las primeras partidas.
El modelo calcula que una distribución proporcional a la población evitaría otros 2,7 millones de muertes frente a un reparto definido por el poder adquisitivo. Mejorar la confianza en las vacunas podría salvar, además, 1,9 millones de vidas.
El editorial de The Lancet que acompaña al informe indica que una asignación según las necesidades de salud pública reduciría la mortalidad mundial 64 %, hasta 21,2 millones de fallecimientos. Eso supondría 37,3 millones de muertes menos respecto de un escenario sin vacunación.
La copresidenta de la comisión y ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, afirmó que “la cooperación y la solidaridad salvan las vidas de los trabajadores esenciales de primera línea, incluidos los trabajadores de salud que pueden ayudar a detener una pandemia”. También pidió reforzar la investigación y la producción regional para que vacunas y tratamientos lleguen primero a quienes los necesitan.
Los investigadores definieron la preparación pandémica como la capacidad de una sociedad para prevenir, prepararse, responder, recuperarse y reparar los efectos de una pandemia, sin dejar de proteger el bienestar de las personas.
El informe propone 10 recomendaciones, seis bloques fundamentales y el PRIME Test, una herramienta para revisar políticas, presupuestos e inversiones. El examen busca establecer si esas medidas protegen la salud, los medios de vida y el bienestar; si llegan a quienes enfrentan barreras económicas, administrativas, habitacionales o digitales; y si incluyen a comunidades y trabajadores de primera línea.
El profesor Teo Yik Ying, vicepresidente de Salud Global de la Universidad de Singapur, sostuvo que los países deben invertir “no solo en fortalecer las capacidades técnicas, sino también en la infraestructura social y comunitaria necesaria para proporcionar una protección real a sus poblaciones”.
La experiencia de Singapur durante la propagación del COVID-19 ilustra esa idea. El país tenía capacidad de detección, laboratorios y rastreo de contactos, pero el brote en residencias de trabajadores migrantes mostró la importancia de trabajar con referentes comunitarios para generar confianza y sostener los servicios.
La confianza no puede improvisarse durante un brote
La comunicación de riesgos pierde eficacia cuando las instituciones no han demostrado que escuchan y ofrecen servicios fiables. En el editorial que acompaña al informe, The Lancet señala que “la confianza se construye con el tiempo, no solo a través de la comunicación, sino también mediante la legitimidad institucional, un liderazgo eficaz y servicios fiables”.
La próxima etapa será aplicar el enfoque en países seleccionados a través del PRIME Collective, una plataforma de colaboración y evaluación. El objetivo es adaptar las recomendaciones a cada contexto, definir indicadores y comprobar si las medidas corrigen las fallas que, durante el COVID-19, ampliaron la exposición a la enfermedad y a la pérdida de ingresos.
