Apartheid de género en Afganistán: mujeres y niñas fueron arrestadas por incumplir el código de vestimenta impuesto por los talibanes
Las autoridades confirmaron las detenciones en Kabul y Herat, y justificaron el accionar al considerar el incumplimiento del hiyab como un “delito muy grave”
Las autoridades talibanas de Afganistán confirmaron este domingo la detención de varias mujeres y niñas en Kabul y en la provincia occidental de Herat por incumplir el código de vestimenta que el régimen impone desde su regreso al poder en 2021. Un portavoz del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, Saifuddin Khaibar, calificó el hecho de “delito muy grave” en declaraciones recogidas por Amu TV, cadena afgana de noticias con sede fuera del país.
“No observar el hiyab es en sí mismo un delito muy grave. El hiyab es una obligación religiosa, y las leyes vigentes en Afganistán establecen que una mujer musulmana debe observarlo. Debe cubrirse desde el cabello hasta las uñas de los pies”, afirmó Khaibar, según la misma fuente. El funcionario no precisó cuántas mujeres fueron detenidas en total ni dio detalles sobre su situación actual, una omisión habitual en los comunicados oficiales del régimen sobre este tipo de operativos.
El sábado circularon los primeros informes sobre la detención de ocho mujeres en el municipio de Jebrael y en la avenida conocida como 64 Meter Road, en Herat, según residentes citados por Amu TV. Las detenidas pasaron la noche bajo custodia y fueron liberadas por la mañana tras comprometerse a cumplir el código de vestimenta y pagar una fianza, un procedimiento que organizaciones de derechos humanos han documentado repetidamente desde la llegada de los talibanes al poder.
Un patrón que se repite y se intensifica
El marco que sustenta estos arrestos se remonta a mayo de 2022, cuando el Gobierno talibán emitió un decreto que exigía a las mujeres cubrirse el rostro por completo en público y recomendaba el uso del burka de cuerpo entero, recuperando así una norma que ya había regido durante su primer gobierno, entre 1996 y 2001. Ese decreto fue reforzado después por la Ley para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, que otorga a los agentes de moralidad amplias facultades para vigilar la vestimenta, el desplazamiento y hasta la voz de las mujeres en espacios públicos.
Restricciones que se extienden más allá del vestuario
La gravedad de este sistema llevó a una treintena de expertos de Naciones Unidas, entre ellos el relator especial para Afganistán, Richard Bennett, y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, Dorothy Estrada-Tanck, a pedir en septiembre que la ONU tipifique el “apartheid de género” como un crimen de lesa humanidad específico. En un comunicado conjunto, los expertos advirtieron que “toda una generación” de afganas ha crecido sin acceso a la educación secundaria y reclamaron que no se normalicen las relaciones diplomáticas con las autoridades de facto “sin que se demuestre un progreso medible” en derechos humanos.
Pese a esas advertencias, varios países han retomado vínculos diplomáticos con Kabul en los últimos meses, mientras persisten los llamados de Doha, promovidos por la ONU y Catar, para incorporar a organizaciones de mujeres a las negociaciones sobre el futuro político del país, algo a lo que el régimen talibán se ha negado sistemáticamente.
