Haití aprobó el decreto que permitirá convocar elecciones generales en la isla tras una década sin comicios
El Gobierno formalizó el nuevo marco y sostuvo que la convocatoria será clave para encaminar al país hacia la estabilidad democrática
El gobierno de Haití anunció este martes la aprobación del decreto electoral que permitirá convocar nuevas elecciones generales, un paso clave tras casi una década sin autoridades elegidas en las urnas debido a la ausencia prolongada de comicios dentro de los plazos legales.
Según el calendario presentado el mes pasado por el Consejo Electoral Provisional (CEP) al Consejo Presidencial de Transición (CPT), la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas está programada para el 30 de agosto de 2026. La segunda vuelta, prevista por el CEP, tendría lugar el 6 de diciembre del mismo año, con el objetivo de que el país cuente con nuevas autoridades a partir del 20 de enero de 2027.
El Ejecutivo destacó que este nuevo avance “constituye una señal clara dirigida a la nación y a la comunidad internacional”, subrayando que tanto el Gobierno como el CPT actúan “con responsabilidad, determinación y compromiso para garantizar el retorno a una gobernanza plenamente democrática”. El proyecto de decreto electoral fue examinado “con rigor” y aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros el lunes.
El CPT —creado el año pasado— había contemplado inicialmente la convocatoria de elecciones para 2025, con el fin de restablecer autoridades electas como presidente, senadores, diputados y alcaldes. Haití cumplió el 7 de febrero cuatro años sin un Gobierno salido de las urnas.
Todo esto ocurre mientras el país atraviesa una profunda crisis, marcada por el deterioro de la seguridad, el empeoramiento de las condiciones humanitarias y una creciente inseguridad alimentaria. Los comicios más recientes tuvieron lugar entre 2015 y 2016, en un periodo de transición que culminó con la elección de Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio de 2020, pocos meses después de que el Consejo Superior Judicial declarara concluido su mandato.
Desde entonces, el país enfrenta el avance de numerosas pandillas armadas que han consolidado su control sobre amplias zonas urbanas y rurales, dificultando aún más el funcionamiento institucional y el acceso a servicios básicos. La violencia generalizada ha provocado desplazamientos masivos, paralizado actividades económicas y limitado la presencia del Estado, generando un clima de constante inseguridad para la población.
En este contexto, las autoridades han insistido en que el retorno al orden democrático es indispensable para estabilizar la situación y recuperar la confianza tanto dentro como fuera del país.
