La Fiscalía de Brasil imputó a Eduardo Bolsonaro por “amenazar” al Tribunal Supremo durante el juicio contra su padre
El diputado fue acusado de coacción por advertir que buscaría sanciones de Estados Unidos si el proceso por golpismo contra Jair Bolsonaro no terminaba a su favor
Desde su estadía en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro fue imputado por “amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes” con que conseguiría “de las autoridades estadounidenses sanciones (...) si el proceso no acababa” de manera favorable a su padre, según sostuvo la Fiscalía. El exmandatario ultraderechista fue condenado este mes a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado luego de perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Las amenazas, añadieron los fiscales, eran “inequívocas y consistentes” y buscaban “someter los intereses de la República y de toda la colectividad a sus propios designios personales”.
Junto a él también fue procesado el influenciador Paulo Figueiredo, acusado de los mismos hechos. Sin embargo, el Ministerio Público decidió no seguir la recomendación de la policía de imputar también a Jair Bolsonaro.
En redes sociales, Eduardo Bolsonaro vinculó su acusación a estas medidas: “Esto subraya que la persecución política continúa. Pero es una pérdida de tiempo: no nos dejaremos intimidar”, publicó en X.
Escalada diplomática y nuevas sanciones de EEUU
El anuncio coincidió con la decisión de Washington de aplicar nuevas sanciones contra Brasil. El presidente Donald Trump ya había impuesto aranceles del 50% a ciertas exportaciones brasileñas en represalia por lo que calificó de “caza de brujas” contra su aliado. Además, su gobierno había castigado a funcionarios vinculados al proceso.
Tras la sentencia del Supremo contra Bolsonaro, la Casa Blanca redobló la presión: este lunes sancionó a Viviane Barci, esposa del juez Alexandre de Moraes —responsable del juicio—, así como a una empresa de su familia.
En paralelo, al ser consultado por la prensa sobre la supuesta revocación de su visa, el defensor general del Estado, Jorge Messias, se limitó a declarar que “recibía sin recelo la medida dirigida” contra él, sin ofrecer más detalles.
Las sanciones se dictaron bajo la Ley Magnitsky, lo que implica la congelación de activos, la prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses y la suspensión de visados. Además de Viviane Barci, fue sancionada la consultora Lex - Instituto de Estudios Jurídicos, con sede en São Paulo.
El juez Alexandre de Moraes calificó la medida como una intromisión inaceptable: “La ilegal y lamentable aplicación de la Ley Magnitsky a mi esposa (...) violenta el derecho internacional, la soberanía de Brasil y la independencia judicial”.
Fuentes cercanas al gobierno de Trump señalaron a AFP que las sanciones apenas comienzan. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó a Moraes de ser “responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados, incluso” contra Bolsonaro. En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, lo señaló por “graves abusos contra los derechos humanos”.
El gobierno de Lula respondió “con profunda indignación” y calificó la decisión como un nuevo “intento de injerencia” de Estados Unidos en asuntos internos.
