“Bienvenidos al infierno”: así es la brutal megacárcel de Bukele en El Salvador
Entrevistas a 16 ex detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo ofrecen la visión más completa hasta la fecha sobre las condiciones en esta prisión
La llamaron “La Isla”, la celda donde los venezolanos deportados desde Estados Unidos por la administración de Donald Trump dijeron haber sufrido algunos de los peores abusos durante sus 125 días en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en El Salvador.
Los relatos de primera mano, coincidentes en múltiples entrevistas, ofrecen la visión más completa hasta la fecha de las condiciones dentro de la mega prisión, donde a los reclusos se les niega el acceso a abogados y prácticamente todo contacto con el exterior, y donde unos 14,000 salvadoreños permanecen encarcelados. Pocos han salido del CECOT y menos aún han hablado públicamente de su experiencia allí.
The Washington Post entrevistó a 16 de los más de 250 hombres que fueron deportados desde Estados Unidos al CECOT, retenidos allí durante cuatro meses y luego liberados este mes a Venezuela como parte de un intercambio internacional de prisioneros.
Los venezolanos, detenidos en la campaña de deportación masiva del presidente Donald Trump, declararon al Post que fueron sometidos a repetidas palizas que los dejaron sangrando, heridos o con hematomas. Dijeron que el personal penitenciario le restringía la atención médica a los detenidos con diabetes, hipertensión o insuficiencia renal.
Los hombres dormían en literas metálicas, generalmente sin cojines, en celdas grupales con luces encendidas las 24 horas. Se esperaba que se bañaran con un tanque de agua e hicieran sus necesidades en sanitarios que no les ofrecían privacidad. Rara vez se les permitía salir de sus celdas.
Tres portavoces del gobierno salvadoreño, a quienes se les proporcionó información detallada sobre las acusaciones de los detenidos, no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por el Post.
Damián Merlo, radicado en Estados Unidos y lobista del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, describió a los detenidos como delincuentes que deberían estar en prisión y afirmó que las acusaciones son infundadas.
“Además, imágenes difundidas en redes sociales de su salida de El Salvador los muestran de buen ánimo”, dijo Merlo, “felices... regresando a su casa en Venezuela”.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, proporcionó una declaración en la que repitió las afirmaciones del gobierno de que los detenidos eran miembros del grupo criminal Tren de Aragua, aunque funcionarios han reconocido ante un tribunal que muchos de los enviados al CECOT no tenían antecedentes penales.
Robert L. Cerna, un director interino de la oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, afirmó en un documento judicial en marzo que la “falta de antecedentes penales no significa que ellos representen solo una amenaza limitada” y que la poca información que tienen sobre cada individuo “en realidad resalta el riesgo que ellos representan”.
“El presidente Trump y la secretaria (de Seguridad Nacional, Kristi L.) Noem no permitirán que las bandas criminales aterroricen a los ciudadanos estadounidenses”, declaró McLaughlin. “Una vez más, los medios de comunicación se desviven por defender a los pandilleros ilegales. Escuchamos demasiado sobre las historias falsas y tristes de pandilleros y delincuentes, y no lo suficiente sobre sus víctimas”.
Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que la administración Trump agradece la colaboración con Bukele para “ayudar a expulsar de Estados Unidos a los peores ilegales delincuentes, terroristas y pandilleros”. Evitó responder sobre las acusaciones específicas y remitió las preguntas al gobierno de El Salvador.
Si los relatos de los detenidos son ciertos, el trato que recibieron en el CECOT podría haber violado las convenciones de la ONU contra la tortura, de las cuales El Salvador y Estados Unidos son signatarios, afirmó Isabel Carlota Roby, abogada sénior de la organización civil Robert F. Kennedy Human Rights, quien ha conversado con algunos de los detenidos. Que los Estados Unidos –quien pagó al gobierno de Bukele 6 millones de dólares para retener a los venezolanos– pudiese estar involucrado en situaciones de violaciones de derechos humanos dependería de la evidencia, dijo Roby, incluyendo cuánto sabían los funcionarios estadounidenses sobre las condiciones en las que estaban detenidos.
La tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las agresiones sexuales, si se demuestra que eran sistemáticas o generalizadas, y conocidas por el Gobierno, pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Un panel internacional está preparando un informe sobre El Salvador e investigando si se cometió alguno de estos crímenes. Al menos un miembro del panel considera que está justificada una investigación penal.
“Con base en la información que he revisado”, dijo Santiago Canton, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, “considero que existen motivos razonables para una investigación por parte de la Corte Penal Internacional”.
El Post descubrió que muchos de los detenidos habían ingresado legalmente a los Estados Unidos y cumplían activamente con las normas de inmigración estadounidenses.
Muchos habían huido de la opresión política y la pobreza extrema bajo el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, adversario de Estados Unidos. Algunos habían obtenido permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos y, al menos dos, llegaron como refugiados en busca de asilo ante la persecución que sufrían en Venezuela.
Algunos sospechaban que habían sido detenidos y deportados por las autoridades de Estados Unidos basándose únicamente en sus tatuajes.
Marco Jesús Basulto Salinas, de 35 años, tenía un estatus de protección temporal que lo amparaba de la deportación. Trabajaba legalmente en cocinas y pizzerías para pagar los tratamientos contra el cancer mamario de su madre en su país de origen.
Andry Hernández, un maquillista de 31 años, ingresó legalmente a Estados Unidos con una cita de CBP One, en la cual la evaluación preliminar de un funcionario determinó que había demostrado un temor fundamentado de ser perseguido al ser un hombre gay que vivía y trabajaba en Venezuela.
Roger Molina, un repartidor de comida y aspirante a jugador de fútbol profesional, había sido examinado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y autoridades policiales federales, escogido para obtener un vuelo hacia Estados Unidos y aceptado condicionalmente en un programa de reasentamiento de refugiados del Departamento de Estado.
Cuando los detenidos fueron trasladados en vuelos desde Texas, el 15 de marzo, nadie les dijo a dónde los llevaban.
“Les tenemos una sorpresa”
Encadenados por las muñecas, la cintura y los tobillos, los migrantes fueron subidos a tres aviones chárter de GlobalX. Muchos creían que se dirigían hacia Venezuela. Al menos volverían a casa, pensó Basulto. Les prohibieron abrir las persianas. “Les vamos a dar una sorpresa”, les dijo un funcionario de inmigración.
Al aterrizar, dijo Basulto, se armó de valor para asomarse por la ventana. Vio la bandera azul y blanca de El Salvador ondeando en el aire. Los detenidos comenzaron a entrar en pánico. Una deportada que hablaba inglés leyó en voz alta uno de los documentos que le habían entregado. Tradujo para el resto de los pasajeros: estarían detenidos durante al menos un año en El Salvador.
Algunos migrantes se negaron a bajar del avión. De acuerdo con Basulto, un guardia golpeó a una pasajera. Los gritos inundaron el avión. Finalmente, dijeron Basulto y otros detenidos, los patearon, empujaron, golpearon y obligaron a bajar. Dos oficiales salvadoreños le sujetaron los brazos.
“¡Túmbenlos!”, gritaban los agentes mientras los detenidos eran golpeados y arrastrados hasta los autobuses, según relató Miguel Rojas Mendoza, otro detenido. Dijo haber visto a un hombre ser golpeado tan fuerte contra un autobús que le empezó a salir sangre de la cara.
Molina, el refugiado que había sido evaluado para reasentarse en Estados Unidos, pidió a los oficiales una explicación.“Por favor, no entiendo qué hago aquí”, dijo Molina. “No he cometido ningún delito. Por favor, déjenme hablar con alguien”. Empezó a rezar. Entonces, un oficial salvadoreño lo agarró del cuello. “Corre, hijo de p…”, le ordenó, según Molina, y le metió la punta de un rifle en las costillas.
Hernández, el maquillista, observó cómo las mujeres eran trasladadas de regreso a Estados Unidos. Los salvadoreños, dijo, se negaron a aceptarlas. Los autobuses, llenos de hombres, comenzaron su camino.
“Bienvenidos a El Salvador”, les gritaron agentes encapuchados durante el viaje, dijeron seis detenidos. “Bienvenidos al infierno”.
En el CECOT, dijo Basulto, los guardias le afeitaron la cabeza, le quitaron la ropa, su teléfono, 700 dólares en efectivo y el colgante de oro que usaba para la buena suerte.
Hernández llamó a gritos a su madre. “¿Por qué me cortan el pelo?”, preguntó. “No soy pandillero. Soy gay, soy maquillista”.
Los hombres fueron reunidos en un almacén, rodeados de fotógrafos y guardias, y obligados a arrodillarse. El director de la prisión les habló.
Aquí, les dijo, no tendrían ningún derecho: ni a un abogado, ni acceso al sol. No comerían pollo ni carne por el resto de sus vidas.
Según varios detenidos, agregó: “La única forma en la que saldrán de aquí va a ser en una bolsa negra”.
‘La forma de humillación más perversa ’
El CECOT, inaugurado por Bukele en 2023 como parte de su ofensiva contra las pandillas salvadoreñas, fue diseñado para aterrorizar a los criminales más violentos. Su gobierno lo presume como la prisión más grande de América e inicialmente anunció que tendría una capacidad para 20,000 detenidos, cifra que luego duplicaría. La imponente fortaleza a las afueras de San Salvador se extiende por 116 hectáreas, rodeada por una cerca perimetral electrificada y 19 torres de vigilancia. El techo de cada pabellón es de malla romboidal con bordes afilados.
Los venezolanos fueron colocados en celdas: hasta 20 hombres en cada una. Un detenido recordó que las paredes de concreto tenían manchas de sudor, gotas de sangre seca y lo que parecían ser arañazos de uñas humanas.
Cada celda albergaba 80 camas metálicas apiladas en hileras de cuatro, según los detenidos e imágenes del CECOT compartidas previamente por el gobierno de Bukele. El uso de los tanques de agua y los sanitarios estaba controlado por los guardias y restringido a ciertas horas del día. Sin ventanas ni ventiladores, los detenidos vivían y comían entre el hedor de sus propias cloacas.
Los detenidos solo podían calcular el paso del tiempo por el calor que los hacía sudar durante el día y el frío que enfriaba sus camas metálicas por la noche. No podían ver el sol, dijeron, pero a veces oían la lluvia.
El CECOT “parecía hecho para animales”, dijo el detenido Julio Fernández Sánchez, de 35 años. “Fue diseñado para que te vuelvas loco o te suicides”.
Basulto dijo que a los detenidos se les permitía ocasionalmente salir de sus celdas para jugar al fútbol durante 20 minutos o asistir a una breve lectura de la Biblia, pero el tiempo parecía alargarse. Los hombres de una de las celdas contaban los días haciendo marcas en la pared.
Los detenidos con problemas de salud solían ser alojados en la celda número 8, dijo Fernández, quien estuvo allí por una lesión en el hombro causada por una paliza. Había hombres con diabetes, problemas de piel y ataques de pánico. Un día, a un detenido con diabetes le administraron la insulina equivocada y empezó a convulsionar después de que le fue inyectada, recordó Fernández. Los guardias tardaron casi media hora en ayudarlo.
