Un fallo judicial restableció la orden de captura contra Evo Morales por la denuncia de trata de personas

Un juez de La Paz suspendió temporalmente una resolución previa que trasladaba el caso a la ciudad de Cochabamba, bastión político y sindical del ex mandatario boliviano

Infobae

La orden de captura contra el ex presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) por un caso de presunta trata agravada de personas se mantiene activa, luego de que este viernes un juez de La Paz, Bolivia, suspendiera temporalmente una decisión judicial previa que anulaba esa disposición y trasladaba el caso a la ciudad de Cochabamba, bastión político y sindical del ex mandatario.

Según un documento atribuido al juez Franz Zabaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y difundido por medios locales, “como medida cautelar se ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada” en el caso. La resolución indica que esta suspensión se mantendrá vigente “entre tanto no se resuelva la presente queja”.

La decisión contradice el fallo emitido el miércoles por la jueza Lilian Moreno, del departamento de Santa Cruz, quien había concedido lo que la defensa de Morales describió como “libertad irrestricta”, al considerar improcedente la orden de captura. Esa determinación, según los abogados, también establecía el traslado del caso desde Tarija a Cochabamba.

El abogado Wilfredo Chávez, miembro del equipo defensor de Morales, declaró a medios locales que la resolución del juez Zabaleta “no tiene valor legal” y constituye una “superposición de funciones”. Aseguró que no puede dictarse una “acción de libertad sobre otra” y denunció que la decisión obedece a “presiones políticas”.

“Obviamente deben darse las vías para que quede anulada esta decisión por ilegal, por inconstitucional”, señaló Chávez, advirtiendo sobre un posible “caos jurídico” si se desconoce el fallo de la jueza Moreno.

Otro abogado defensor, Nelson Cox, afirmó días atrás a la agencia EFE que la orden judicial de Santa Cruz no podía ser apelada y reiteró que el caso debía trasladarse a Cochabamba, donde la defensa insiste en que el proceso fue cerrado en 2020 y luego reabierto con una nueva tipificación penal.

Foto de archivo de Wilfredo Chávez, ex procurador General del Estado de Bolivia y abogado de Evo Morales (EFE/ Martin Alipaz)

En octubre de 2024, la fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez emitió una orden de captura contra Morales por supuestamente haber tenido un hijo con una menor de edad durante su presidencia. La denuncia fue confirmada por un juzgado de ese departamento.

Por esta causa, un tribunal de Tarija declaró en rebeldía a Morales a inicios de 2025, tras su inasistencia a dos audiencias, en las que alegó problemas de salud. La Justicia también dictó medidas cautelares que incluyen la prohibición de salida del país, la anotación preventiva de bienes, el congelamiento de cuentas bancarias y la ejecución de una orden de aprehensión.

En respuesta, los seguidores del ex mandatario bloquearon carreteras durante 24 días para evitar su captura. Desde entonces, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su centro de influencia sindical y política, resguardado por simpatizantes.

Pese al fallo constitucional que prohíbe la reelección continua o discontinua por más de una vez, Morales ha anunciado su intención de competir en las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto. Junto a sus seguidores, planea marchar el 16 de mayo hacia La Paz para inscribir su postulación, sin haber revelado aún el partido con el que se presentará, luego de haber sido apartado de la dirigencia del Movimiento al Socialismo (MAS), organización que fundó y lideró durante casi 30 años.

El ex presidente se encuentra enfrentado con el actual mandatario, Luis Arce, por diferencias en la conducción del Ejecutivo y del MAS. Arce fue proclamado este lunes como el candidato oficialista para los próximos comicios.