Cámaras de seguridad captaron cómo varios hombres con uniformes militares se llevaron a dos menores en Ecuador
La desaparición el pasado 8 de diciembre de cuatro menores, uno de 11 años, dos de 14 y uno de 15, aumentó la presión sobre el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa
Cámaras de videovigilancia registraron el momento en que un grupo de sujetos vestidos de militar se llevaron a cuatro jóvenes en el sur de Guayaquil, que permanecen desaparecidos desde hace 15 días, sin que las autoridades hayan dado una respuesta clara sobre lo ocurrido hasta ahora.
Noboa declaró el lunes que es prematuro hablar de una “desaparición forzada”, como la familia de los jóvenes, organizaciones y opositores están calificando el caso, mientras la Asamblea llamó a comparecer al ministro de Defensa y dos mandos de las Fuerzas Armadas para esclarecer lo ocurrido.
Según la versión a los medios locales del padre de dos de ellos, Luis Arroyo, dos vehículos con personas que llevaban uniforme militar llegaron a la zona, ante lo cual varios de los jóvenes huyeron y cuatro fueron alcanzados y llevados en los autos, sin que se conozca hasta el momento su paradero.
La agencia de noticias AP revisó una decena de videos y, en particular, una secuencia de 48 segundos que muestra el momento en que fueron capturados, al menos, dos menores y subidos al balde de la camioneta: uno con camiseta naranja y pantalón negro corto y otro niño con camiseta azul y pantalón corto azul.
Ambos menores son puestos boca abajo en la camioneta y a uno de ellos, un militar le da un puñetazo en la cabeza.
Los uniformados armados se trasladan en una camioneta blanca, doble cabina (Chevrolet Luv), de vidrios polarizados, sin placas, y con la luz-sirena bicolor (azul y rojo) activada y parpadeante.
Los sujetos están vestidos con botas, cascos, ropa de camuflaje y armas largas tipo fusiles. Todos llevan además en sus hombros un distintivo muy parecido al de los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
En el balde trasero de la camioneta se ve una banqueta negra, idéntica a las usadas en patrullas militares para ubicar a su personal armado y que puedan ir sentados.
Las imágenes revisadas por AP fueron entregadas a la Fiscalía, a la Unidad Antisecuestros de la Policía y a la Asamblea Nacional por la empresa pública municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil. Proceden de una cámara de seguridad que captó lo ocurrido en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, al sur de Guayaquil.
Esa zona está justamente al frente del hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social, cerca del popular sector de Las Malvinas, donde vivían los niños desaparecidos con sus familias.
En la avenida 25 de julio hay un paso elevado y justo debajo se puede observar a 11 menores de edad que entran y salen de ese espacio. No se aprecia con claridad qué hacen los niños. No aparece armados.
Entre las 20:43:30 y las 20:44:18, se ve a unos niños corriendo. Uno es agarrado fuertemente por un militar —el menor de camiseta naranja— y otro —de camiseta azul— es entregado por un civil a los uniformados. En ese lapso de tiempo, pasa un patrullero policial que no se detiene y sigue su curso por la avenida.
No se puede observar si hay otros menores detenidos dentro del vehículo: solo se aprecia lo que ocurre en el balde de la camioneta.
Las grabaciones coinciden parcialmente con lo afirmado el lunes por el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, quien aseveró que, según un informe militar, los menores fueron detenidos por una patrulla con 16 agentes que “observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer”. El presunto robo no queda captado en la secuencia revisada por la AP.
Según el ministro, los jóvenes luego fueron “neutralizados y aprehendidas tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía”, dijo en declaraciones a radio City.
Loffredo agregó que, tras la captura, los militares dejaron libres a los menores y no los entregaron a la Policía. “Imagino yo”, infirió el ministro, porque “no han hecho nada grave (…) nadie iba a poner una denuncia”.
Sin embargo, AP pudo revisar las imágenes del trayecto de la camioneta militar y de otra más, también de las mismas características de las Fuerzas Armadas. Estas grabaciones —asimismo captadas por el sistema de Segura EP y entregadas a la Fiscalía- muestran en los minutos posteriores a los militares atravesando varias avenidas, hasta el norte de Guayaquil y límite con el cantón Samborondón (Av. Pedro Menéndez Gilbert).
Allí se pierde el rastro de los dos vehículos, dado que inicia la jurisdicción del sistema de videovigilancia del Ecu-911, adscrito directamente al poder ejecutivo (Segura EP es municipal).
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró el lunes que el Estado no encubrirá a quienes hayan participado en el caso de la desaparición, mientras organismos de defensa de derechos humanos y ciudadanos exigen en un plantón que el caso se investigue como desaparición forzada.
“Estamos del lado de la justicia y haya sido un civil, un cura, un policía, un militar involucrado, al final del día, la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie”, aseguró el mandatario ecuatoriano en una entrevista con radio Democracia.
Consultado sobre si se puede calificar al caso como una desaparición forzada, aseguró que es prematuro mientras la fiscalía investiga, a la que solicitó que tome declaración “a todas las personas que estuvieron directa o indirectamente involucrados en esos días y en esas horas” en operativos.
La Fiscalía confirmó a la AP que hubo un allanamiento la madrugada del lunes en la Base Aérea de Taura, a las afueras de Guayaquil, que es la sede en la zona costera de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Decomisaron los celulares de los 16 militares que participaron en el operativo e incautaron las dos camionetas blancas.
En los exteriores de la fiscalía en Guayaquil, decenas de personas se convocaron para reclamar respuestas sobre la ubicación de los niños, pero también para exigir que se investigue el caso como desaparición forzada, dijo a la AP, Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente para la defensa de los Derechos Humanos.
Esto implica, señaló el activista, que estamos frente a “una grave violación de derechos humanos y que se debe procesar penalmente a los militares involucrados”.
