La orden de arresto contra Benjamin Netanyahu tendrá grandes consecuencias
La estabilidad del primer ministro de Israel y la legitimidad de la Corte Penal Internacional están en juego en medio de crecientes presiones
Sin embargo, las acusaciones contra los funcionarios israelíes representan un terremoto político: un desastre diplomático para Netanyahu y un posible desafío para la CPI.
Las acusaciones contra Netanyahu y Gallant son más fáciles de probar que un cargo de genocidio contra Israel: se les acusa de usar el hambre como arma de guerra en Gaza y de dirigir ataques contra civiles en el territorio.
El panel rechazó un desafío procesal de Israel, que argumentaba que la corte no tiene jurisdicción en Gaza. Palestina, de la cual Gaza forma parte, es signataria del Estatuto de Roma, el marco legal de la CPI. Los jueces dictaminaron que eso les otorgaba autoridad para investigar crímenes cometidos allí.
La CPI se supone que es una corte de última instancia que interviene cuando los tribunales de un país no procesan abusos. El fiscal general de Israel dijo a Netanyahu este año que formar una comisión estatal de investigación podría frenar la investigación de la CPI.
Sin embargo, Netanyahu no la ha nombrado, y los jueces señalaron la falta de acción de Israel en su decisión. El fallo generó condenas casi universales de políticos israelíes.
Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas de extrema derecha, lo calificó como una “marca de Caín” sobre la CPI, mientras que Yair Golan, líder de un partido de izquierda, lo describió como una “decisión vergonzosa”.
Muchos israelíes argumentaron que se debía al antisemitismo: el propio Netanyahu lo llamó un “juicio Dreyfus moderno”, en referencia al injusto enjuiciamiento de un oficial judío en el ejército francés en 1894.
Sin embargo, la acusación de antisemitismo banaliza el término. Nada en la historia de la corte sugiere una fijación con los judíos. Desde su fundación en 2002, la CPI ha procesado principalmente a señores de la guerra y déspotas africanos, como Omar al-Bashir, dictador de Sudán, y Saif al-Islam Gaddafi, hijo del antiguo tirano libio.
En los últimos dos años, ha emitido órdenes contra varios funcionarios rusos, incluido Vladimir Putin, por la invasión de Ucrania. Esta es la primera vez que se acusa a israelíes.
Además de Netanyahu y Gallant, la CPI emitió una orden contra Muhammad Deif, jefe militar de Hamas desde hace tiempo. Se le acusa de dirigir el asesinato, tortura y violación de civiles el 7 de octubre de 2023, entre otros delitos.
Probablemente, no pueda ser juzgado: Israel cree que murió en un ataque aéreo en julio (la corte emitió la orden porque no pudo confirmar su destino). Khan también solicitó órdenes contra Yahya Sinwar, arquitecto de la masacre, e Ismail Haniyeh, líder de Hamas en ese momento.
Estas solicitudes fueron retiradas porque ambos murieron este año a manos de Israel. No hay riesgo de que Israel extradite a Netanyahu o Gallant a La Haya, ya que el país no es miembro de la CPI.
Sin embargo, 124 países sí lo son, incluyendo muchos de los aliados más cercanos de Israel. La consecuencia más inmediata del fallo es que ambos hombres no podrán viajar a esos países por temor a ser arrestados.
Josep Borrell, jefe de política exterior de la Unión Europea, afirmó que la decisión de la corte es vinculante para todos los miembros de la UE. “Netanyahu ha terminado su camino como líder legítimo en la arena internacional”, escribió Eran Etzion, ex asesor de seguridad nacional adjunto de Netanyahu.
La principal excepción, por supuesto, es Estados Unidos, que no es miembro de la corte. La decisión ha lanzado una bomba en la transición presidencial estadounidense.
Avergonzará a la administración saliente de Joe Biden, dividirá a los demócratas y enfurecerá a los republicanos mientras se preparan para asumir el control de la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso en enero.
Los principales republicanos han advertido que Estados Unidos impondrá sanciones contra la CPI, con el apoyo de los demócratas si es posible, o sin él si es necesario. Mike Waltz, a quien Donald Trump ha elegido como asesor de seguridad nacional, prometió una “respuesta contundente” contra el “sesgo antisemita” de la corte.
John Thune, líder entrante de la mayoría en el Senado, calificó el movimiento de la CPI como “indignante, ilegal y peligroso”. Aseguró que sus acciones, si no se controlan, “podrían representar una amenaza para Estados Unidos en el futuro”.
Thune instó a Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, a abordar un proyecto de ley aprobado por la Cámara controlada por los republicanos en junio, que aplicaría amplias sanciones económicas y restricciones de visa a jueces y otros vinculados a la CPI, incluidos sus familiares.
Si no lo hace, advirtió, los republicanos lo priorizarán en enero. Los demócratas, por su parte, están cada vez más divididos sobre la guerra en Medio Oriente. El 20 de noviembre, el Senado rechazó firmemente tres mociones que pedían a Biden detener envíos de armas a Israel, pero 17 de los 47 demócratas, y dos independientes que los apoyan, votaron a favor de al menos una de las mociones críticas.
La administración Biden se encuentra en un dilema. Ha rechazado acciones legales contra Israel, pero ha apoyado a la corte en la emisión de una orden de arresto contra Putin y ha resistido el proyecto de sanciones de la Cámara por considerarlo excesivo.
Irónicamente, la corte podría sufrir las consecuencias más inmediatas en forma de sanciones impuestas por Estados Unidos. Netanyahu no terminará en el banquillo, ni Israel detendrá su guerra en Gaza. Pero el fallo tendrá consecuencias a largo plazo: tanto Netanyahu como el país que lidera estarán más aislados y más dependientes de Estados Unidos.
