El régimen de Irán condenó a muerte a Varishe Moradi, activista política kurda y defensora de los derechos de las mujeres
En la sentencia presentada a sus abogados, las autoridades judiciales de la República Islámica no explicaron la razón por la que la acusan de “rebelión armada contra el Estado”
El mensaje destacó que Moradi recientemente realizó una huelga de hambre que duró 20 días, en protesta, precisamente, por las sentencias de muerte dictadas contra activistas.
Según algunas ONG proderechos humanos kurdo-iraníes, la sesión final en la que se abordaron los cargos contra la activista encarcelada en la prisión de Evin de Teherán tuvo lugar el 6 de octubre y la sentencia ha sido notificada este domingo a sus abogados por la sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán.
Sin embargo, no se precisa la razón por la que Moradi ha sido acusada de “rebelión armada contra el Estado”.
La activista kurda fue detenida el 1 de agosto de 2023, mientras viajaba de la ciudad de Marivan a Sanandaj, y desde agosto del año pasado se encuentra en la prisión de Evin. Su trabajo incluye proyectos comunitarios enfocados en la transformación social, a menudo en conflicto con la postura del régimen iraní sobre los derechos de las mujeres y la autonomía kurda.
El incremento en las condenas a muerte de mujeres coincide con la represión tras las protestas de 2022, desencadenadas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer kurda. Durante dichas protestas, el Kurdistán iraní fue escenario de duros enfrentamientos, y la región ha experimentado una continua persecución de activistas kurdos.
Organizaciones de derechos humanos como el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Nueva York, han denunciado las acusaciones de “rebelión armada” como infundadas. Según el abogado iraní Saeid Dehghan, las actividades de estas mujeres eran de naturaleza civil y no había armas involucradas, argumentando que el gobierno iraní emplea el cargo de rebelión para silenciar la disidencia.
En el 2023, al menos 345 personas han sido ejecutadas en Irán, según el grupo Derechos Humanos de Irán, con sede en Noruega, lo cual, según CHRI, refleja un uso desproporcionado de la pena de muerte contra minorías étnicas, particularmente los kurdos.
Además de Moradi, Pakhshan Azizi, trabajadora humanitaria, es una de cuatro mujeres acusadas de “rebelión armada” contra la República Islámica. La activista laboral Sharifeh Mohammadi también ha sido condenada a muerte, mientras que la manifestante Nasim Gholami Simiyari espera su sentencia.
La acusación de rebelión armada, que conlleva la pena de muerte, ha sido aplicada a estas mujeres, quienes en su mayoría pertenecen a la minoría kurda en Irán. Azizi y Moradi están vinculadas al Partido por una Vida Libre en Kurdistán (PJAK), una organización opositora al régimen iraní y considerada un grupo terrorista por Estados Unidos. Sin embargo, tanto Azizi como sus familiares niegan su participación en organizaciones políticas, afirmando que su labor se limitaba a ayuda humanitaria en regiones afectadas por el conflicto en Siria.
El fin de semana pasado la Premio Nobel Narges Mohammadi exigió al régimen poner fin a la represión y el acoso a las mujeres. “Hago un llamado por su libertad y por el fin de la represión y el acoso de todas las mujeres”, indicó en un mensaje emitido desde la prisión de Evin y publicado en la red social X.
La activista de derechos humanos aseveró que las mujeres iraníes “pagan el precio de la desobediencia, pero no se doblegan ante la fuerza”.
