Desde VIH en órganos trasplantados hasta transfusiones contaminadas con dengue: crece el escándalo en la sanidad pública de Brasil
Las primeras investigaciones apuntan a una trama montada para obtener más beneficios sin prestar atención a los controles necesarios
Maria ZuppelloAdemás, las investigaciones tendrán que establecer si hay dolo detrás de los graves errores médicos cometidos en el examen de órganos para trasplante. El Consejo Regional Farmacéutico de Río de Janeiro afirmó que el laboratorio privado no figuraba en su registro, ni tampoco sus empleados farmacéuticos. Según el diario O Globo, a partir de los datos del portal de transparencia del estado hasta octubre de este año, el laboratorio tenía contratados servicios por valor de 21,58 millones de reales (3,79 millones de dólares). Según el periódico brasileño, la capacidad técnica para producir exámenes había sido cuestionada por un competidor durante el proceso de licitación. También se reveló que uno de los propietarios del laboratorio es primo del ex secretario de Salud del estado de Río de Janeiro, Doutor Luizinho, actualmente diputado federal por el partido Progresistas. El laboratorio fue contratado tres meses después de que el secretario dejara el cargo. El político declaró que conocía el laboratorio desde hacía más de treinta años y que espera que se castigue a los responsables. Muchos se preguntan ahora por qué no se utilizó el laboratorio público del Instituto Estatal de Hematología Arthur de Siqueira Cavalcanti, el llamado Hemorio de Río de Janeiro, considerado una excelencia en la medicina brasileña. En este laboratorio se están volviendo a analizar 286 muestras de donantes para ver si hay algún otro caso, y el centro se encargará por el momento del análisis de nuevos órganos para la red de trasplantes.
Un técnico del laboratorio de patología de la clínica Doutor Saleme cuya firma aparecía en las pruebas del VIH declaró al diario Folha de São Paulo que se utilizaba como testaferro, es decir, que no realizaba las pruebas y el certificado lo emitía después una filial en la que ni siquiera operaba. El laboratorio niega las acusaciones. Para la Policía Civil de San Pablo, “con el objetivo de obtener beneficios”, el laboratorio no comprobaba diariamente los reactivos, que indican posibles infecciones. “Con el fin de lucrarse más, el laboratorio había dado orden de realizarlos semanalmente”, declaró el secretario de la Policía Civil, Felipe Curi. El presidente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), Antônio Barra Torres, calificó la situación de “muy grave”, y añadió que “pone en riesgo la confianza de quien ya se encuentra en un estado de salud tan delicado, necesitado de un trasplante, lo que de por sí ya es una gran preocupación. Ahora, este suceso no hace sino aumentar aún más la angustia del paciente”, dijo.
Además, según el diario O Globo, este mismo laboratorio había sido contratado por la Fundación Salud, vinculada al gobierno de Rio de Janeiro, para realizar 1,7 millones de exámenes en 18 unidades de la red pública del estado. El Consejo Médico Federal (CMF) pidió al Ministerio de Salud que “asuma la responsabilidad de su misión y ofrezca respuestas para no comprometer la credibilidad del funcionamiento del sistema nacional de trasplante de órganos en todo el país”. El CMF también reiteró a las autoridades la necesidad de que los laboratorios de análisis clínicos, “especialmente los que prestan servicios al Sistema Público de Salud, el SUS, sean objeto de un control exhaustivo por parte de la Vigilancia Sanitaria, con la petición de que cumplan realmente los criterios y protocolos adecuados para su funcionamiento”. El texto del comunicado concluye afirmando que “se trata de una situación inaceptable que pone de manifiesto las deficiencias en la gestión de un sector sanitario de gran complejidad, poniendo en riesgo la vida de innumerables brasileños”. El Ministerio de Salud pidió una auditoría urgente de todo el sistema de trasplantes de Rio de Janeiro. Sin embargo, la ministra, Nísia Trindade, admitió que tuvo conocimiento de un caso de infección el 14 de septiembre, pero no alertó a la policía. “A partir del momento en que se verificaron nuevos casos y empezaron a surgir indicios, fue cuando avisé a la Policía Federal”, declaró.
El escándalo de los órganos contaminados con el virus VIH no ha sido el único que ha creado debate estos días. En Parelhas, localidad del estado nororiental brasileño de Rio Grande do Norte, al menos ocho pacientes perdieron un ojo en una operación pública de cataratas. De las 48 personas que se sometieron a la operación, 15 contrajeron una infección bacteriana llamada endoftalmitis que les provocó la pérdida de uno de sus ojos. El departamento de sanidad del municipio ha abierto una investigación pública para determinar lo ocurrido y las posibles responsabilidades.
Otro problema que surgió en los últimos días fue el de las vacunas anti-COVID-19, las adaptadas a la variante XBB del coronavirus. De los 12,5 millones de dosis compradas el pasado mes de mayo por 725 millones de reales, 4,2 millones no han llegado a su destino. 3 millones incluso han caducado y 1,2 millones se cambiarán por dosis con una vida útil más larga. El resultado es que el gobierno no dispone de vacunas para entrega inmediata. Además, de los 8,26 millones de dosis transferidas, sólo se aplicaron 3,1 millones. 8 de cada 10 personas no han sido vacunadas a pesar de que la bivalente contra el coronavirus está recomendada para los grupos más débiles e incluida en el calendario de vacunación infantil. Entre los estados con menor cobertura de vacunación contra el COVID-19 figuran los estados amazónicos de Mato Grosso (10,1%), Tocantins (12,1%), Acre (12,9%), Maranhão (13,2%) y Roraima (13,3%).
Alberto Chebabo, presidente de la Sociedad Brasileña de Infectología (SBI), declaró a CNN Brasil que “una de las mayores dificultades que tenemos es que la gente sea consciente de la necesidad de tomar estas dosis, de la importancia de vacunarse, porque la enfermedad sigue manifestándose de forma masiva y sigue matando; sólo este año hay más de 5 mil muertes por COVID-19 en Brasil”, dijo. En un comunicado, el Ministerio de Salud prometió que en los próximos días llegarían 1,2 millones de dosis centradas únicamente en los niños. Pero no sólo faltan vacunas contra el COVID-19. Un estudio de la Confederación Nacional de Municipios muestra que 6 de cada 10 ciudades informan de la falta de vacunas para niños contra enfermedades como la meningitis, el sarampión, la varicela y la rubeola, así como contra el COVID-19.
Y con la reanudación del calor, Brasil también tiene que hacer frente al dengue. En 2024, el país registró 5.661 muertes por esta enfermedad causada por el mosquito Aedes aegypti. Las infecciones ya ascienden a 6.546.063 casos probables, según la Base de Datos de Monitoreo de Arbovirus del Ministerio de Salud. Se trata del peor registro de la historia de Brasil. San Pablo lidera con 1.862 muertes, seguido de Minas Gerais con 1.055, Paraná con 682 y el Distrito Federal 440. Y para los próximos meses, con la llegada del verano, es probable que el escenario empeore.
Además, en los últimos días ha saltado la alarma por otro problema. El gobierno del estado de San Pablo está investigando tres casos de pacientes con dengue contaminados por transfusiones de sangre. En la actualidad, las directrices del Ministerio de Salud para las donaciones de sangre no incluyen pruebas para detectar el virus del dengue. Sin embargo, desde marzo, la Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y el Ministerio de Salud han publicado una nota técnica que actualiza las directrices sobre el dengue en las donaciones de sangre. En ella se recomienda que no se consideren aptas para donar las personas que lleven 30 días enfermas o que hayan mantenido relaciones sexuales con personas infectadas o vacunadas contra el dengue.
Por último, en Brasil está en marcha una carrera para ampliar la patente de algunos medicamentos extranjeros para el tratamiento de la diabetes y enfermedades autoinmunes, como la psoriasis. De hecho, se creó un embudo legislativo después de una sentencia del Tribunal Superior Electoral en 2021, según la cual ninguna molécula puede tener protección durante más de 20 años después de solicitar el registro en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Pero las empresas farmacéuticas, que todavía tenían una prórroga de validez de la patente en virtud de otra ley, la Ley de Propiedad Industrial de 1996, ahora han presentado demandas exigiendo mantener estos derechos hasta el final del período establecido anteriormente. Habrá que ver si tienen éxito.
