Cómo el escándalo en la Corte Suprema de Brasil puede favorecer a Bolsonaro en las próximas elecciones municipales

Una primicia periodística reveló una serie de mensajes entre el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Morães y sus asistentes, tanto en el STF como en el Tribunal Superior Electoral

Maria Zuppello

Infobae

En las mismas horas en que Lula proponía nuevas elecciones en Venezuela, estallaba en Brasil un escándalo que, si no reescribe la historia del 8 de enero de 2023 -cuando el asalto de los bolsonaristas a los principales edificios institucionales de Brasilia hizo que el mundo entero clamara por una intentona golpista-, corre el riesgo de rebajarla. Una primicia periodística publicada en el diario Folha de São Paulo reveló una serie de mensajes entre el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes y sus asistentes, tanto en el STF como en el Tribunal Superior Electoral (TSE), del que Morães fue presidente hasta junio de este año. Los dos cargos en Brasil se pueden sumar y esto le permitió ser el juez en el juicio sobre los hechos del 8 de enero.

La primicia la firman el periodista de investigación británico Glenn Greenwald, ganador del premio Pulitzer por recopilar información del garganta profunda estadounidense Edward Snowden, y el periodista brasileño Fabio Serapião. Publicando transcripciones de conversaciones de WhatsApp como prueba, los dos periodistas revelaron que el juez solía encargar informes sobre bolsonaristas investigados por el STF a técnicos del grupo especial de Lucha Contra la Desinformación del TSE. Morães utilizaba luego esos informes, según el diario brasileño, como base para sus múltiples actuaciones, que incluían el bloqueo de los perfiles sociales de los bolsonaristas, la retirada de sus pasaportes y la emisión de citaciones judiciales. Sin embargo, los informes que encargó no aparecían como tales en los juicios, sino que eran hechos pasar por documentos del propio TSE o recibidos a través de denuncias anónimas. Entre los audios de conversaciones de WhatsApp denunciados por los dos periodistas, uno en particular creó polémica. Es el de Airton Vieira, juez instructor y una especie de mano derecha de Morães, que comentaba así el mecanismo articulado por el juez: «formalmente», había dicho, «si alguien hiciera preguntas, es una cosa muy descarada, por no decir otra cosa». Otros audios revelan la petición de Vieira a un perito para que revise las publicaciones de «todas estas revistas golpistas para que pierdan su monetización en la red». Cuando el perito le responde que sólo ha encontrado ‘publicaciones periodísticas’ que ‘no hablaban de nada’ y le pregunta qué escribir en sus informes, Vieira le responde ‘usa tu creatividad’. Varias revistas, como Revista Oeste, fueron desmonetizadas unas semanas más tarde. Morães comentó la investigación periodística diciendo que «como presidente (del TSE), tengo poder de policía y puedo por ley pedir informes». Pero si su petición era legítima, ¿por qué entonces ocultar su origen en los juicios?

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

Ya en 2022, Alexandre de Morães inspiró al New York Times un duro artículo titulado “Para defender la democracia, ¿el tribunal supremo de Brasil va demasiado lejos?”. El texto se refería a una orden de búsqueda y congelación de activos solicitada en julio de 2022 por Morães contra un grupo de destacados empresarios brasileños que en un chat privado de Whatsapp comentaron la próxima campaña electoral con memes, posts y una frase, “mejor un golpe de Estado que el regreso del Partido de los Trabajadores », publicada por la prensa local. Morães también mandó detener a cinco personas sin juicio previo por la supuesta publicación de posts en las redes sociales que, según él, atacaban a las instituciones brasileñas. También ordenó a los representantes brasileños de las plataformas más importantes, como Facebook, YouTube y Twitter (hoy X), que eliminaran miles de publicaciones y videos. Pero el caso más llamativo es el del diputado del Partido Laborista Brasileño (PLB) Daniel Silveira, condenado a casi nueve años por el STF por un livestream online en el que atacó duramente a Morães. Silveira fue indultado por Bolsonaro al día siguiente de su sentencia.

Durante la campaña presidencial de 2022, como presidente del TSE, Morães ordenó la supresión de una serie de reportajes y publicaciones de periódicos influyentes por interferir en el proceso electoral, siendo supuestamente incorrectos o inapropiados. Así, el TSE ordenó la retirada de 31 posts, entre ellos uno del diario La Gazeta do Povo que vinculaba a Lula con el dictador nicaragüense Daniel Ortega. De hecho, Ortega en un mensaje enviado al ex presidente le felicitó por su victoria en la primera vuelta. “Estamos contigo”, le escribió, sin que Lula se distanciara públicamente. Para la Asociación Nacional de Periódicos se trató de una “censura”, mientras que la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación expresó su preocupación porque esta medida coloca al “poder judicial en la posición de decidir lo que un medio de comunicación puede o no publicar”.

La tijera del TSE también arremetió contra el sitio Brasil Paralelo, culpable de haber hablado en un video sobre un escándalo de corrupción que involucraba a Lula y a su partido, el llamado Mensalão, un gigantesco esquema de compra de apoyo político con fondos públicos. La misma tijera tocó a la puerta del sitio web O Antagonista, culpable de publicar audios de la policía brasileña y sus transcripciones del criminal más importante de Brasil, Marco Willians Herbas Camacho, conocido como Marcola, jefe del principal grupo criminal del país, el Primer Comando Capital (PCC). Según Marcola, “para nosotros Bolsonaro es peor. Lula es un ladrón, pero no se puede comparar uno con otro”. También fueron censuradas las palabras de Mara Gabrilli en la emisora brasileña Jovem Pan. Según ella, Lula había pagado 12 millones de reales, cerca de 2,2 millones de dólares, a un empresario local para no ser acusado de estar detrás de la muerte de Celso Daniel, el alcalde del Partido de los Trabajadores (PT) de Santo André, asesinado misteriosamente en 2002. Gabrilli fue vice de Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), en la primera vuelta. Además, estos días el juez está chocando con los responsables de la plataforma X, a los que castigó con una multa de 1,4 millones de reales diarios, 260.000 dólares, por no eliminar siete perfiles de bolsonaristas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (EFE/ André Borges)

Como explica William Waack en el diario O Estado de São Paulo, esta primicia periodística abre la puerta a un problema más amplio. A saber, la implicación directa del Supremo Tribunal Federal en la política del país. “El ‘caso’ Morães es grave no por los actos del individuo, sino por la forma en que el STF es percibido hoy por la mayoría de los brasileños, como una institución que toma decisiones políticas, por razones políticas y con fines políticos”. Es desde cuando se intensificaron los ataques online de los bolsonaristas contra el STF, en 2019, que el Supremo Tribunal Federal a través del entonces presidente José Antonio Dias Toffoli se dio nuevas atribuciones. Estos poderes le permiten actuar al mismo tiempo como policía judicial, fiscalía y tribunal. En los últimos cinco años, el STF ha producido 505.000 sentencias, frente a los 100/150 casos anuales que maneja su homólogo estadounidense.

Este escándalo llega en el momento oportuno para animar la campaña electoral para las elecciones municipales previstas para el 6 de octubre y para distraer a la sociedad civil de otros asuntos aún más graves, como la aprobación el jueves en el Senado de la llamada “Amnistía PEC”. En efecto, ahora, gracias a esta propuesta de modificación de la Constitución, los partidos que hayan cometido irregularidades financieras serán indultados hasta 23.000 millones de reales, 4.208 millones de dólares. En cuanto a la oposición, no ha estado esperando más. El ex presidente Jair Bolsonaro, que dijo que aguarda que los periodistas publiquen pronto más material, comentó la revelación de estas acusaciones diciendo que “está claro que es algo personal que Alexandre de Morães tiene contra mí. Es evidente. Simplemente no ve quien no quiere ver”. Su Partido Liberal (PL) ha pedido la destitución de Morães y tiene previsto convocar una gran manifestación en la Avenida Paulista de San Pablo el 7 de septiembre, fecha simbólica por ser la de la independencia de Brasil. “Siempre hemos sospechado que el poder judicial brasileño, en particular el Tribunal Superior Electoral en la figura del ministro Alexandre de Morães como su presidente, nunca ha sido imparcial en sus decisiones. Y ahora estos audios revelan que la persecución contra los que son de derecha, conservadores y bolsonaristas es clara”, dijo el diputado del PL Sóstenes Cavalcante. El ex ministro de Infraestructura Tarcísio de Freitas, actual gobernador del estado de San Pablo, también se pronunció sobre el tema, calificando de grave el contenido de los mensajes publicados por Folha de São Paulo, añadiendo que estos hechos “deben ser investigados”.

Según el sitio de noticias O Antagonista, para intentar evitar el impeachment y mitigar la polémica, el STF estaría considerando cerrar la investigación sobre las Fake News que se arrastra desde 2019. Se trata de una investigación que abarca varios asuntos, como un caso de censura de la revista Crusoe, un registro en el domicilio del ex fiscal general Rodrigo Janot y la detención en flagrante delito del bolsonarista Daniel Silveira. Criticada desde el principio por haber sido abierta sin petición de la fiscalía y basada en una interpretación amplia del reglamento interno del Tribunal, la investigación ganó legitimidad a medida que el tono del entonces presidente Bolsonaro contra el Tribunal se endurecía. Sin embargo, su eliminación con un tirón de orejas confirmaría el uso cada vez más político del tribunal denunciado por muchos.