Las mujeres de Afganistán sufren crímenes de lesa humanidad cometidos por los talibanes
Sometidas a un régimen absolutamente opresivo, las afganas se encuentran padeciendo un “apartheid de género”. Las restricciones impuestas hacia ellas siguen incrementando
El relator de la ONU sobre los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, afirmó este martes que los talibanes podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad contra las mujeres y niñas afganas, como el crimen de persecución por razones de género.
Además sostuvo que hay una responsabilidad colectiva, incluso de la comunidad internacional, en desmantelar este sistema perjudicial y represivo. Bennet cree que los responsables deberían ser sancionados por la justicia.
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La opresión hacia las mujeres se ha ido intensificando con los años. En diciembre de 2022, los talibanes vetaron a las afganas de estudiar en las universidades. En abril de 2023 se cerraron las academias privadas donde las niñas estudiaban distintas disciplinas, algunas de ellas consideradas “no aptas” para mujeres, según rescató el medio español El País.
Han pasado mil días desde que los talibanes declararon escuelas sólo para niños. Según The Guardian, lo que han padecido las adolescentes desde entonces ha sido catastrófico. Son sometidas a matrimonios forzados precoces, sufren violencia doméstica, angustia psicológica y muchas, sin ver un final optimista, se quitan la vida.
Desde el pasado año, 52 edictos promulgados por las autoridades afganas de facto no han hecho más que aumentar las restricciones impuestas a las mujeres.
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Entre las medidas más recientes, el régimen talibán anunció la semana pasada la rebaja al mínimo de los salarios de las funcionarias estatales, a las que previamente ya se les había prohibido acudir a sus puestos de trabajo.
Hibatullah Ajundzadá, líder supremo de los talibanes ordenó el jueves que, sin importar la edad, experiencia y formación académica de las trabajadoras, el límite del salario sería de 5.000 afganis (unos 65 euros).
En la sesión del congreso, se oyó la voz de Nada Al-Nashif, la alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, quien argumentó que “la eliminación de las mujeres de la función pública afecta aún más a su capacidad de ser vistas y escuchadas y de participar en los procesos de toma de decisiones que afectan directamente a sus vidas”.
Los talibanes también han negado el acceso a la educación a más de tres millones de niñas, apartándolas inicialmente del nivel secundario y más recientemente cerrando el acceso de las jóvenes a las universidades.
El informe de Bennett expone que esa privación del derecho de las mujeres al trabajo, sumada a las restricciones a la libertad de circulación, les ha despojado de su autonomía económica y las ha llevado a depender de sus parientes varones.
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Las mujeres afganas no solo deben privarse de recibir una educación y de ejercer una ocupación libremente, sino que además su circulación es restringida por el régimen. Tienen prohibido viajar sin un guardián masculino, lo que afecta también a sus hijos pequeños. Se les ha vetado la entrada a parques infantiles y naturales, y tampoco pueden acceder a gimnasios o baños públicos, ni siquiera salir al campo para hacer un picnic.
El régimen ha cerrado peluquerías y salones de belleza. Además se les ha prohibido llamar a programas radiofónicos. Según ha informado El País, el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, denunció en abril la detención de tres periodistas que habían sido detenidos por aceptar llamadas de oyentes femeninas.
Las mujeres en Afganistán no tienen el derecho a alzar la voz, a ser vistas y reclamar por su libertad, y las niñas no saben que tienen el derecho de dicha libertad.
Además de la persecución por motivos de género, Bennet también destacó la doble discriminación y violencia a la que se enfrentan las mujeres que pertenecen a grupos marginales, como aquellas con discapacidad, pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ o a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, entre otras.
