Crece la especulación inmobiliaria en Brasil con un nuevo plan urbanístico que amenaza la arquitectura de Brasilia
El “Plan de Preservación del Conjunto Urbano” corre el riesgo de transformar para siempre y, según los críticos, destruir la esencia arquitectónica de la capital
Mientras el nuevo presidente quería aplicar un artículo de la Constitución largamente olvidado, que estipulaba que la capital debía trasladarse de Río de Janeiro, Niemeyer vio en la nueva ciudad la oportunidad perfecta para dar contenido a sus ideas arquitectónicas y a su visión del mundo, fuertemente influenciadas por el comunismo del que era seguidor. Costa no era comunista, sino más bien un humanista, y no quería participar del proyecto por la depresión que tenía después de lamerte de su esposa, pero fue convencido por el entusiasmo de Niemeyer, su ex alumno más talentoso. De este conjunto de intenciones surgió un prototipo de ciudad que aún hoy se considera vanguardista. Esencial en sus formas y pura en su geometría, Brasilia fue clasificada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Amada por su diseño, sin embargo, no se ha librado de las críticas a lo largo de los años, especialmente por la idea soviética, ya históricamente superada, de que el peatón/individuo desaparece en la grandeza geométrica de los edificios de las instituciones. Es decir, del Estado. Sin embargo, la historia de esta increíble experimentación arquitectónica representa un capítulo importante para Brasil y para la evolución de la arquitectura moderna. Por esta razón, muchos edificios tienen una limitación urbanística y, como en Europa, no es posible modificar su volumen y forma a voluntad.
Sin embargo, esta certeza está ahora a punto de derrumbarse a causa de este nuevo proyecto urbanístico, hijo -según los críticos, que son muchos- de la especulación edilicia más que de la genialidad arquitectónica. El plan fue aprobado por la Cámara Legislativa del Distrito Federal a finales de junio y autoriza el cambio de uso de cinco terrenos, actualmente cubiertos de vegetación, en las inmediaciones de algunos clubes, lo que significa que aumentarán enormemente de valor, pasando de los 150 millones de reales actuales (26,8 millones de dólares) a 1.400 millones de reales (250,3 millones de dólares). De hecho, con este nuevo proyecto urbanístico se podrán construir hoteles y residencias a pocos metros del Palacio de la Alvorada, donde vive el presidente de la República, mientras que se podrán construir hasta 9.000 pisos a orillas del lago Paranoá, prácticamente un nuevo barrio para 27.000 habitantes. Además, el plan también prevé un aumento del volumen de los 16 hoteles existentes, que pasarían de tres a doce plantas.
La propia forma elegida por Lúcio Costa para construir la nueva ciudad corre el riesgo de ser destruida. Al principio, recordamos, era la de una simple cruz. Para el urbanista el proyecto nació “del gesto primario de alguien que marca un lugar para tomar posesión de él: dos ejes que se cruzan en ángulo recto, el signo mismo de la cruz”. La cruz se transformaría más tarde en un avión, adaptándose así a la topografía del lugar, que incluía también el lago artificial Paranoá. El plan urbanístico original, tal y como se ha mantenido hasta hoy, incluía también una división de la ciudad en zonas: hospitales, bancos, comercios y residencial. El fuselaje de este avión contiene los ministerios, el Palacio de Planalto, el Senado y la Cámara de Diputados, la sede del STF (la Corte Suprema) y una catedral futurista, diseñada por Oscar Niemeyer. Las alas del avión son el Ala Norte y el Ala Sur, respectivamente. Cada una de ellas mide unos 7 km de largo. Un amplio boulevar de alta velocidad, llamado “Eixo Rodoviário” o “Eixão”, conecta las dos alas a través de un subterráneo.
64 años después, estas mismas líneas y formas, además de guardar los secretos de la política del país, luchan cada vez más por contener a sus habitantes. Prevista para 500.000, hoy viven allí 2.817.381 brasileños, según el Censo de 2022. Pero todo esto, según los expertos, no justifica “los estragos”, como se ha dado en llamar a los que pretende autorizar este nuevo plan, que ha desatado las iras de expertos en arquitectura y amantes de la historia como José Roberto Arruda, ex gobernador del Distrito Federal en el que se encuentra Brasilia. “Mantener el plan original significa respetar la historia, preservar la Ciudad Jardín y dar ejemplo de urbanidad. No podemos permitir que Brasilia repita los mismos errores de otras grandes ciudades brasileñas, con la especulación inmobiliaria que quiere aumentar el tamaño o construir edificios en zonas de clubes”, declaró Arruda al sitio de noticias Metrópoles.
Fue durante su gobierno en 2007, cuando se demolió el esqueleto de un hotel de lujo de 13 plantas, que superaba en 38 metros los nueve permitidos. Además, a 20 km de Brasilia, la ciudad de Águas Claras es un recordatorio para todos de lo que significa construir sin una planificación adecuada. Edificada para acoger edificios de 12 plantas, los volúmenes se aumentaron posteriormente sin que se construyeran paralelamente las infraestructuras adecuadas. “Por eso el tráfico en la ciudad es hoy un caos. Hemos duplicado el número de habitantes previsto inicialmente, pero las calles son las mismas”, afirmó Arruda.
Tras las protestas, el actual gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), prometió que prohibirá algunos puntos de este nuevo plan. Entre ellos, la construcción de un camping y de moteles. En sus redes sociales, el gobernador afirmó que “todas las intervenciones serán pensadas, teniendo en cuenta las necesidades de la población. Otros vetos podrán realizarse tras el análisis detallado por parte de los técnicos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del Estado”. Concluyó que “lo más importante es el desarrollo de Brasilia y la adaptación necesaria para que la ciudad crezca junto con la población y acoja a todos con comodidad y calidad”.
Ciertamente, el temor es que suceda en Brasilia lo que los brasileños ya están viendo ocurrir en otras metrópolis brasileñas. San Pablo es el ejemplo más dramático. En los dos últimos años, cientos de edificios de una media de 15 plantas han brotado tan rápido y por todas partes, sacrificando barrios históricos y antiguas vilas, pequeños condominios de casas de principios del siglo XX, pero sobre todo destruyendo una calidad de vida a escala humana, con los habitantes expulsados y los pequeños comercios en quiebra. Detrás de muchos de estos contratos está la presencia de inversores, entre ellos italianos, ya conocidos en Europa por sus actividades de blanqueo de dinero.
Incluso el centro histórico de la ciudad, que en los últimos años ha sufrido una lenta destrucción debido a la expansión de los usuarios de crack, es objeto en los últimos meses de un nuevo proyecto de revitalización. A finales de abril, el alcalde de San Pablo, Ricardo Nunes, firmó una nueva normativa para el área de intervención urbana del sector central. Hasta ahora, los resultados han sido decepcionantes. Otro programa municipal denominado “Requalifica Centro” (Recalificar Centro), que pretende restaurar edificios antiguos, sólo ha recibido tres propuestas, pero ninguna para construir las tan necesarias viviendas sociales. El pasado mes de abril, la Secretaría de Sociedades de Inversión del Estado de San Pablo publicó la Consulta Pública nº 01/2024 con el objetivo de recoger aportaciones al proyecto de concesión administrativa de inversiones y servicios, destinado a la regeneración urbana del centro histórico de la ciudad de San Pablo. El proyecto de concesión implica inversiones de 2.400 millones de reales (429 millones de dólares) y una financiación de 600 millones de reales (107 millones de dólares) por parte del Estado de San Pablo. Durante un período de 15 años, el futuro concesionario será responsable de la construcción de 6.135 pisos, de los cuales 5.046 serán nuevos y 1.089 creados en edificios antiguos. Además de las obligaciones de construcción y renovación de edificios, el concesionario deberá encargarse de desarrollar actividades educativas con los nuevos residentes. El temor es que estos edificios se sumen a los cientos que quedan sin vender.
Aunque las constructoras comercializan agresivamente sus pisos, incluso en los periódicos, basta darse un paseo por la ciudad para comprobar que la realidad es bien distinta. Hay muchos edificios vacíos, con pisos sin vender lo que, sin embargo, también ha provocado la crisis del mercado de los edificios ya existentes. Por no hablar del hecho de que no se ha reforzado ninguna infraestructura, con la posibilidad de sobrecargar las redes eléctricas y de alcantarillado, así como de una explosión del tráfico. El riesgo es de una burbuja inmobiliaria sin precedentes acentuada también por el excesivo endeudamiento de los brasileños. El porcentaje de hogares endeudados pasó del 78,5% en abril al 78,8% en mayo, tercer mes consecutivo de crecimiento, según datos de la Búsqueda de Deuda y de la Impago del Consumidor. ¿Qué escenarios se pueden prever entonces? En el estado de Rio Grande do Sul, el gobierno decidió comprar los pisos de los edificios no vendidos pagando una media de 200.000 reales, 35.755 dólares, por cada uno. El objetivo era proporcionar vivienda a quienes lo perdieron todo durante las inundaciones. Pero el propio Lula insinuó que la intervención gubernamental también podría tener lugar en otras ciudades. En marzo, el presidente prometió ampliar también a la llamada clase media el programa de vivienda “Mi casa, mi vida”, que concede créditos subvencionados para la compra de una vivienda: “Seguiremos cuidando de los más pobres, seguiremos haciendo casas para la gente que gana menos. Pero también debemos construir casas para la gente que quiere ser propietaria y no es ni rica ni pobre”, declaró Lula.