Las costas californianas son la nueva puerta de entrada de los inmigrantes ilegales a los Estados Unidos
Según cifras proporcionadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los intentos de cruce por el mar se han más que duplicado,alcanzando los 736 en el último año fiscal, en comparación con los 308 en el período anterior
La situación en San Diego, California, se ha vuelto particularmente caótica. Esta área se convirtió en el tramo más activo de migración ilegal a lo largo de la frontera, con más de 220.000 arrestos realizados por agentes federales desde el 1 de octubre y se anticipó que este año fiscal será el más ocupado en décadas.
La mayoría de los migrantes arrestados son solicitantes de asilo, y la capacidad de las estaciones de la Patrulla Fronteriza ha sido ampliamente superada. Esto ha llevado a la liberación de más de 100.000 personas en la ciudad desde octubre de 2023, a quienes se les ha ordenado presentarse ante un tribunal de inmigración en fechas posteriores.
Por otro lado, la sobrecarga en el sistema ha tenido repercusiones significativas en los recursos locales. La incapacidad para albergar a la creciente cantidad de migrantes llevó al cierre de un centro de bienvenida financiado por el condado a principios de este año, después de agotar sus fondos. No obstante, con la ayuda de una subvención federal destinada a asistir a los gobiernos locales en el manejo de la llegada de migrantes, se autorizó recientemente la apertura de un nuevo centro.
Desde el año 2020, casi 8.000 arrestos han sido realizados por incidencias relacionadas con el contrabando marítimo, según indican datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
La elección de la vía marítima por parte de los migrantes, plantea preocupaciones significativas sobre la seguridad y la gestión migratoria. “El gran problema para nosotros es que no tenemos absolutamente ninguna idea de quiénes son estas personas”, expresó Jim Desmond, Supervisor del Condado de San Diego al Wall Street Journal.
Analistas y expertos, como Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, sugieren que la mayoría de estas personas son probablemente nacionales mexicanos que han sido deportados previamente o tienen antecedentes penales en Estados Unidos. Esto los hace generalmente inelegibles para solicitar asilo, lo que, combinado con el temor a ser identificados y detenidos inmediatamente por las autoridades, complica aún más su situación.
La estrategia de entrar por el mar no es económica; los migrantes que optan por este método frecuentemente pagan las tarifas más altas de contrabando, que pueden alcanzar hasta los 30.000 dólares.
La política de California de 2017, que limita la colaboración de las autoridades locales con los agentes de inmigración federales, es citada por algunos, como Desmond, como un factor que podría estar incentivando estos arribos por la playa. Sin embargo, desde el gobierno del estado se argumenta que la ley todavía permite la cooperación en casos que involucren a criminales graves y que la responsabilidad última recae en el Congreso para actuar y mejorar tanto la seguridad fronteriza como el sistema de asilo.