Jueces, república y democracia en las elecciones de Panamá
En cierto modo, el fallo ya había sido anticipado por quienes decían que era lo que iría a suceder, ya que los cuestionamientos tenían una base legal, pero no había prohibición constitucional para aquello que se le acusaba. La pregunta es porque se demoraron tanto los jueces, toda vez que Panamá figura como una de las economías y democracias de mejor desempeño en América Latina, según conocidos indicadores internacionales.
El peligro mayor es que esta elección sea cuestionada y no cumpa el rol usual en democracia, de conferir una legitimidad que no esté sujeta a sospecha, que no había ocurrido en ninguna elección después de la intervención militar de Estados Unidos (1989-1990), muchas veces destacada por el Departamento de Estado, al ser un raro ejemplo de haber legado una democracia mejor que lo que existía.
La democracia por vez primera fue acuñada como término por los atenienses hacia fines del siglo VI a.C. y república por los romanos el 509 a.C., y no son sinónimos, desde el momento que Estados Unidos nació a la vida como el primer ejemplo de democracia representativa, pero no de democracia electoral, desde el momento que hasta hoy presidente y vicepresidente son electos por un Colegio Electoral, donde una mayoría de votos electorales de los Estados decide la elección y no una mayoría de votos de los ciudadanos.
Una definición aceptada de democracia la define como una forma de gobierno del Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones, mientras que la república es la cosa pública (res pública) que sobre todo requiere igualdad ante la ley, que los gobernantes sean responsables ante ella como condición para serlo ante el pueblo que los eligió, por lo que los actos deben ser trasparentes y no secretos.
Aplicado al caso en cuestión, la democracia tiene que ver con la legitimidad del proceso electoral, mientras que la república garantiza la institucionalidad que permite el disfrute de los derechos y garantías democráticas, por lo que se habla de institucionalidad republicana, a través del funcionamiento de las instituciones.
En otras palabras, el proceso electoral debe ser impecable en su legitimidad, pero también se combina con una institucionalidad constitucional donde existen tres poderes y se reconocen otras instancias no electas, que conviven y que garantizan que se respete el estado de derecho como también el disfrute de los derechos humanos, donde jueces independientes tienen poder para determinar quienes cumplen con los requisitos para competir electoralmente, por lo que no solo el presidente toma decisiones, sino también el poder judicial manda, prohíbe y permite, aunque no generen las leyes.
Por lo tanto, un fallo judicial puede cumplir un rol clave para una buena institucionalidad republicana, pero por sí solo no reemplaza ni puede hacerlo a la ciudadanía, por lo que democracia y república se complementan, pero no son sustituto una de la otra. Limitar a cada poder del Estado al rol que le corresponde es tarea de una buena institucionalidad republicana, para sobre todo evitar que la democracia se desnaturalice con una de sus peores desviaciones que es la llamada “república de los jueces”, es decir, que un grupo de personas no electas aprovecha su ubicación institucional, para tomar decisiones que niegan las atribuciones de aquellos electos por la voluntad popular, y que también se manifiestan cuando jueces menores tienen su propia agenda personal y en vez de aplicar la ley o interpretarla, la crean, sustituyendo el rol del Congreso.
Todo indica que ello no ha ocurrido en esta ocasión, que los jueces estuvieron dentro de su rol constitucional, pero Panamá debe tener una adecuada lectura de lo que ocurrió, ya que es indudable que la decisión de fallar a solo 48 horas de los escrutinios es desafortunada, y genera nubarrones en momentos que la realidad actual tiene una parte halagüeña, pero otra, introduce inseguridades para el futuro cercano.
Si el intercambio de ideas entre los candidatos fue pobre, conviene preguntarse ¿cuán bien o cuan mal está el país?, respuesta a la que se le ayuda presentando el desempeño panameño en relación consigo mismo en años previos y también, al medirlo con la región a la que pertenece, es decir, América Latina y el Caribe, para no comparar peras con manzanas.
De acuerdo con ello, la parte positiva nos dice que, según la CEPAL, Panamá fue el país que más creció el 2023 en la región con una tase del 6,1%, y el Banco Mundial nos agrega que su ingreso per cápita ha sido y es más alto que el promedio de la región. En lo que a democracia se refiere, el ranking anual de The Economist hace figurar al país entre aquellas más sólidas del continente, toda vez que en el informe publicado en los primeros días de este 2024, hay 4 países entre los primeros 50 de un total de 167, y donde solo dos, Uruguay (14 ) y Costa Rica (17) serían “democracias plenas”, mientras que el número de cuatro se completa con Chile (25 y bajando) y Panamá, que también serían democracias, pero “deficientes”, lo que da una idea donde el país se encuentra, y por lo mismo, de lo que le falta para seguir mejorando, debate donde los candidatos entregaron pocas luces, acerca de cómo hacerlo.
En la parte buena, aunque hay un sector a la izquierda del espectro, que habla de la necesidad de una Asamblea Constituyente, asegurando que debió haberse constituido después del retiro de las tropas de EE.UU, sin embargo, al ser pequeño, prima la confianza básica que no hay denuncias graves ni abundan los cuestionamientos al sistema electoral, por lo que no se esperan interferencias de la voluntad popular el día del escrutinio.
¿Dónde aparece el país en forma negativa a nivel internacional? Lo más preocupante es lo mal que figura en los índices de corrupción, ya que según el ranking de Transparencia Internacional ocupa el puesto 108 entre 180 naciones, tanto el 2022 como el 2023, lo que seguramente fue agravado por este proceso electoral, ya que a pesar de su condena e inhabilitación, el expresidente Martinelli tuvo siempre buena figuración en las encuestas electorales, lo que demostraba que no había castigo social a la corrupción, razón adicional de que la sentencia debió haberse conocido antes, para reducir la incertidumbre.
Además, dos problemas nunca adquirieron la importancia que merecían ni en la campaña electoral ni en las decisiones del actual gobierno, la llamada trampa del ingreso medio que podría estancar el crecimiento económico y el ya mencionado daño que la corrupción le hace a la democracia.
La trampa del ingreso o renta media es un obstáculo muy difícil de superar, y en la región, ha resultado particularmente complicado para países que parecían estar haciéndolo menos mal o mejor que otros, por ejemplo, fue el caso de Chile, pero también de otras naciones. Al respecto, existe evidencia de cuan dañina es, cuando las sociedades suponen que pueden abandonar el subdesarrollo, pero la trampa aparece al alcanzarse un cierto nivel de ingresos, gracias a hacer las cosas bien, pero entonces, las personas y el país se estancan y ya no pueden superar la renta media.
Las razones que explican esta situación son numerosas y variadas, y no existe una explicación única o un consenso entre los especialistas, lo que hace difícil tanto superarla como ponerse de acuerdo en políticas que además puedan ser explicadas a quienes allí viven. Fue grave la ausencia del tema en el actual proceso eleccionario a pesar de su relevancia, quizás por la dificultad de hacer campaña o pedagogía política en términos que puedan ser entendidos por todos los electores.
Parece probable que Panamá puede ser afectado, a pesar de que ha crecido y al mismo tiempo reducido la pobreza, pero es posible que los índices de desigualdad todavía serían muy altos. No hay duda de que se ha avanzado en la dirección correcta, siendo el mayor problema que si esta trampa estanca al país y no se siguen haciendo reformas, luego de caer en la trampa, podría ser extremadamente difícil retomar el impulso.
Se supone que en democracia las campañas presidenciales cumplen el rol de definir las grandes avenidas por las que las reformas deben transitar, toda vez que para eludir la trampa se necesita, no solo obtener financiamiento, sino también, y en paralelo, trabajar áreas como la social y lo institucional, necesarias para que exista la suficiente motivación en la población, sobre todo, que no se sabe el momento del futuro cercano en que va a llegar la desaceleración.
Como segundo problema, la corrupción ya fue mencionada, y es igualmente grave o aún peor, y en este proceso electoral se ha discutido y conversado mucho al respecto, pero como problemática sin propuestas de solución, ya que, en común, los candidatos no dejaron para nada claro lo que Panamá y sus ciudadanos debieran hacer para corregir este flagelo.
Y eso es grave, toda vez que se necesita una política de mejor calidad para enfrentar el retroceso presente en el hecho que no se haya considerado ni necesario ni urgente un gran acuerdo sobre la modernización de la economía de mercado. Por su parte, la falta de intercambio de ideas sobre la trampa del ingreso medio también mostró que era un tema más bien poco conocido para la mayoría de los candidatos, analistas y medios de comunicación.
Como conclusión, el peligro para Panamá radica en que no logre evitar el síndrome de la rana hervida, por ejemplo, el acostumbramiento lento a la corrupción, lo que impide una reacción oportuna y solo produce acostumbramiento. Para avanzar se necesita diálogo y búsqueda del consenso que permita obtener acuerdos básicos tales como que se llega al poder para servir a la comunidad y no para utilizarlo ilegítimamente para el enriquecimiento personal, del círculo familiar y de amigos cercanos, única convicción que le permitiría a Panamá continuar la buena senda y evitar lo que ha impedido que algún país de América Latina y el Caribe logre alguna vez llegar al ansiado desarrollo.