Así llega el Día de la Libertad de Prensa: con 221 agresiones y un grueso porcentaje de periodistas ganando menos que el salario mínimo nacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe "Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia", en el que señala que la polarización política que afecta la libertad de expresión, denuncia hostigamiento y agresiones físicas y verbales, violencia contra periodistas durante marchas y protestas, exceso de la fuerza policial en estas coberturas, falta de diligencia en la investigación y de sanción contra los responsables de agresiones y amenazas para que se revelen las fuentes.
Estas afirmaciones se confirman con los datos que proporcionan representantes de gremios periodísticos. Por ejemplo, la presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, aseveró que el periodismo atraviesa un momento crítico en su ejercicio, “debido al incremento de los casos de vulneración y violencia ejercida contra trabajadores de la prensa en los últimos años. Eso se acrecentó en el último tiempo en Bolivia y pone en cuestionamiento las garantías que la Constitución y las leyes otorgan para el ejercicio de la libertad de prensa en el país”.
De acuerdo a los datos obtenidos por la ONG Unitas, en un estudio realizado en el marco de un convenio de cooperación con la APLB, explicó Alanes que “hemos terminado el 2023 con 221 vulneraciones a la libertad de prensa de diferente orden. Un importante porcentaje tiene que ver con actos de violencia directa ejercida contra personal de los medios durante coberturas”, informó.
Pero esas agresiones van más allá. “Por ejemplo, en el recuento está el amedrentamiento que sufrió el colega Guider Arancibia de EL DEBER, por difundir una investigación que vinculaba a la familia Lima Lobo con actividades ilícitas del narcotráfico. La vulneración escaló a tal nivel que la agresión se hizo manifiesta directamente con una visita a la redacción del periódico. Esas circunstancias antes no se registraban”.
Mencionó también casos como la convocatoria directa de un candidato a Defensor del Pueblo, con comprobados vínculos con el Movimiento al Socialismo (MAS), “que incentivaba directamente a quemar medios de comunicación como EL DEBER o el canal Unitel. Ese tipo de vulneraciones están registradas, además de ataques directos a periodistas en coberturas. Pareciera además que los medios se han convertido en blanco de ataques directos de los policías. Antes había protección, pero ahora pareciera que hay orden de reprimir a los comunicadores”.
La presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggy Talavera, consideró que el periodismo atraviesa una situación “muy complicada, lo vemos no sólo en Bolivia, sino en la región. Las amenazas son más directas. En cualquier rincón del país donde un periodista vaya puede estar en serio riesgo porque afines a los sectores divididos del MAS, están dispuestos a agredir a cualquier compañero que va en busca de noticias. Eso se hizo carne también con otros sectores políticos y de la población, en el ámbito vecinal o sindical. Hay un deterioro muy grande de las libertades, pero que nos afecta particularmente a nosotros por el tipo de trabajo que hacemos”.
Talavera complementó que los 221 casos conocidos de agresiones a periodistas “son solamente aquellos que se llegan a denunciar. Ocurren muchos otros hechos que no son denunciados. Muchos de ellos no tienen ni siquiera el respaldo del medio en el que trabajan nuestras víctimas y no se llegan a conocer públicamente”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Peñaranda, en contacto con este medio, consideró que hay muchos problemas que enfrenta la libertad de prensa en Bolivia. Mencionó como uno de ellos el acoso digital. “Varios medios perdieron temporalmente y algunos en forma definitiva su página de Facebook o de X (antes Twitter) porque hay guerreros digitales que empiezan a denunciar, y luego es muy difícil recuperar esas cuentas. Estamos en un momento en que los medios no impresos, los digitales, tienen en las redes sociales la mejor manera de llegar al público. Es como si a un impreso se le prohibiera el acceso al papel”.
El año pasado, resaltó, hubo escupitajos, “dispararon un petardo en contra de la humanidad de un colega que perdió como consecuencia parte de su capacidad auditiva. Hay temor de los reporteros que se enfrentan a marchas de sectores sociales, porque empiezan a gritarles ‘vendidos’. Hay una suma de problemas”. Mencionó el monitoreo de Unitas, “los 221 casos conforman un dato muy significativo y preocupante”.
Mencionó el hecho más reciente. Este jueves, la justicia reprogramó la declaración informativa de la periodista Ximena Galarza ante la Fiscalía de La Paz, hasta el próximo martes, 7 de mayo a las 12:00. El motivo de la postergación se debe a la carga procesal que tiene el policía investigador asignado al caso, según reza el documento con el que fue notificada la periodista. Ella fue convocada “en calidad de testigo” para brindar su declaración informativa en el caso que instauró Lorgia Lizeth Fuentes Betancur en contra de Álvaro Eduardo Coimbra (ex ministro de Justicia) y otros, por la presunta comisión del delito de acusación y denuncia falsa.
Peñaranda señaló que “se la convoca en un caso que ella ni siquiera había cubierto como periodista. Así que claramente tiene el objetivo de amedrentar a través de ella a todo el gremio”.
Condición laboral precaria
El 30 de abril se presentó un estudio realizado en base al informe sobre la “Situación de las condiciones de trabajo y de los derechos laborales de las/los periodistas”, elaborado por el Cedla en coordinación con la ANPB y con Unitas.
"Los periodistas bolivianos soportan una situación laboral muy precaria. Zulema Alanes advirtió que los medios atraviesan una severa crisis vinculada a las secuelas de la pandemia del Covid-19 y a los desafíos tecnológicos con el desarrollo del internet, que desencadenaron un momento muy delicado. Por ello redujeron personal y utilizan mecanismos de sobrevivencia, y todo ello se recarga sobre las condiciones laborales de sus periodistas.
Es un estudio cualitativo antes que cuantitativo. De 152 periodistas consultados en los nueve departamentos, solo 2 de cada 10 tiene empleo estable, mientras que 8 de cada 10 trabaja bajo contratos flexibles, por periodos cortos y sin ningún tipo de beneficios. El caso extremo lo sufren los que trabajan como freelancer y ganan por nota: el pago va de Bs 200 a Bs 15 (este último caso, reportado en Beni).
El tema salarial es contundente en el informe: 45% de los 152 consultados percibe ingresos inferiores al salario mínimo; 27% entre uno y dos salarios mínimos; y solo 3% gana entre 5 y 6 salarios mínimos. El salario mínimo era, al momento de la muestra, de Bs 2.362. "Hay mucha flexibilización en materia de contratos laborales, no hay política pública de cumplimiento a lo que establece la Ley General del Trabajo”.
Al respecto, Peñaranda comentó que “es una situación muy preocupante. El 20% tiene una relación de dependencia salarial y está protegido por la Ley General del Trabajo, mientras que el 80% trabaja en informalidad, con contratos, sin beneficios. Muchos de los colegas son independientes, contratan un espacio en una radio o canal, para financiar sus ingresos. Esta precarización hizo que haya menos periodistas en las redacciones y mal pagados. Eso afecta la calidad de nuestro trabajo y termina afectando la calidad de la democracia”.
Maggy Talavera señaló que esto es “realmente patético. En un conversatorio reciente la colega Amparo Canedo advirtió que aquí tenemos la culpa nosotros los periodistas y también los empresarios de medios, por no habernos puesto a trabajar en conjunto. Los medios enfrentan un terrible momento, y esperamos que los dueños hablen también. No creo que haya un medio que esté bien. Sin fortaleza, sin la seguridad de que recibirás tu suelto y de acceder a un seguro de salud, es más difícil que arriesgues tu pellejo, y eso le quita calidad al trabajo”.
Publicidad como premio
La CIDH, como informes realizados por Amnistia internacional, HRW denuncian que la otorgación de publicidad sin criterios preestablecidos y ausencia de mecanismos externos de control de la asignación de pauta publicitaria son un problema muy serio en Bolivia.
Gran cantidad de medios de comunicación administrados por el Estado tienen robusta inversión en publicidad, advierte la CIDH, que depende de la OEA. Por su parte, el Departamento de Estado de EEUU reseñó que el Gobierno tomó represalias contra medios que expresaron opiniones disidentes y presionó para que algunos medios informen favorablemente. De hecho, la publicidad es un mecanismo, como también el cobro de Impuestos elevados para los medios.
Ante eso, Raúl Peñaranda explicó que “además del uso de la publicidad como premio y castigo, el Gobierno ejerce presiones a inversionistas privados para que dejen de poner publicidad en medios incómodos".
Secreto de fuente
Por otra parte, el Departamento de Estado de EEUU, en un informe sobre DDHH, manifestó que en Bolivia hay presión hacia los periodistas para que revelen sus fuentes, y eso fue ratificado por Alanes. “Son recurrentes las conminatorias de autoridades gubernamentales de diferente jerarquía, jueces, fiscales y policías para que los periodistas revelen sus fuentes de información. El secreto de fuente está contenido y protegido por la Ley de Imprenta, que cumplirá 100 años en 2025 y es un principio básico para proteger a las personas que solamente bajo una garantía de confidencialidad se animan a revelar por ejemplo casos de corrupción”. Peñaranda también remarcó este hecho.
En este primer cuatrimestre de 2024, se repitieron casos, pero la magnitud ha disminuido en alguna medida, reportó la presidente Alanes.
Otras deficiencias
Informes de la CIDH y Human Rights Watch (HWR) advierten que el Estado no cuenta con un marco legislativo que garantice y reglamente el derecho al acceso a la información. De hecho en el país hay un proyecto de ley que está estancado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mientras que el último decreto fue emitido por el gobierno de Carlos Mesa, pero tampoco se lo cumple.
La CIDH señaló que la visión al interior del mismo gremio periodístico se caracteriza por acusaciones mutuas de sesgos y desacreditación que dificulta la autoevaluación y autocorrección, además que hay intentos de regulación de las redes sociales.
Citando a la Asociación Nacional de la Prensa, el Departamento de Estado de EEUU expresa que las amenazas a la prensa continúan impunes por la negligencia de las autoridades y genera autocensura de los medios por miedo a perder fuentes gubernamentales.
