Tras el escándalo, la Corte Suprema de Chile dio marcha atrás con la compra de 22 autos de lujo para sus jueces

Cuando se hizo pública la decisión de adquirir vehículos Lexus por un total de USD 1,3 millón se había generado una gran polémica en el país

Mauricio Palazzo

Infobae

(Desde Santiago, Chile) Tras una intensa polémica en que llovieron críticas desde todos los sectores políticos, el Poder Judicial chileno decidió finalmente suspender la compra de 22 vehículos marca Lexus para los jueces de la Corte Suprema, avaluados en $57 millones cada uno (USD 59 mil). Es decir, en total, la entidad planeaba desembolsar la friolera cifra de $1.253 millones (USD$1,3 millones).

Mediante un comunicado público, la Corte Suprema confirmó la información, asegurando que “el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto, en el ámbito administrativo y de gestión” y que “toma sus decisiones en lo relativo a la adquisición de bienes y servicios, ponderando y analizando en su mérito los antecedentes de que se dispone al momento de adoptarlas”, según consigna una nota de BíoBíoChile.

Debido a lo anterior, señalaron que “se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de veintidós automóviles Toyota Lexus modelo ES300H, que se tomó por la mayoría de los miembros que concurrieron a esa decisión”.

Desde el principal tribunal del país, aseguraron que no son ajenos a la contingencia y al contexto “de los acontecimientos que preocupan al país”.

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“La decisión de renovar los vehículos institucionales asignados a la Corte Suprema en el año 2014, se funda en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental. Son esas y no otras consideraciones las que se tuvieron a la vista para, adoptar en su momento, la aprobación de la renovación de los vehículos”, remata el comunicado leído por el secretario de la corte Suprema, Jorge Sáez.

Los automóviles iban a ser para uso exclusivo de los 21 magistrados y el fiscal judicial.

El “fallo”

El polémico “fallo” se dictó el pasado 2 de febrero, en una sesión extraordinaria, donde el Pleno de la Corte Suprema aprobó la compra por 11 votos a favor. Solo votaron en contra de la moción el presidente, Ricardo Blanco, y la ministra Andrea Muñoz.

Cabe destacar que las críticas nacieron desde algunos de los mismos jueces, quienes al ir a probar los automóviles advirtieron que se trataba de una compra desproporcionada, puesto que se trataba de vehículos de alta gama que serían considerados “como un lujo” y, por ello, preferían seguir con los más modestos Toyota Camry comprados en 2014 por el máximo tribunal.

“Nos parece poco oportuno que se gasten más de mil doscientos millones de pesos en 22 autos, hecho que es contrario al carácter austero de la judicatura”, indicaron también desde la Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales (OTJ) en una declaración pública.

Tras ello, vino el aluvión de críticas. El ex presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, dijo que se trataba de una “mala señal”, sobre todo en tiempos en que los servidores públicos chilenos son blanco de serios cuestionamientos en torno a los destinos de los recursos fiscales.

“Parte del trabajo de la Corte Suprema es cuidar la imagen del Poder Judicial, y este tipo de decisiones no ayudan”, explicó Lerturia.

“Si no hay respeto hacia la Justicia, nada funciona. La confianza no se puede imponer, es un sentimiento que hay que trabajar. Y parte del trabajo de la Corte Suprema es precisamente cuidar la imagen del Poder Judicial”, recalcó.

Desde la Comisión de Hacienda del Parlamento también pidieron revocar a la brevedad el acuerdo, teniendo en cuenta sobre todo el mal momento económico que atraviesa el país tras los incendios forestales que afectaron a diversas regiones del país y se ensañaron con ciudades como Viña del Mar y Quilpué.

La diputada de Renovación nacional, Sofia Cid, señaló que “debería existir una regulación más específica y que se compren vehículos a un precio razonable”. El diputado socialista, Jaime Naranjo, agregó por su parte que “sería más prudente que los mismos miembros de la Corte Suprema revoquen esta decisión porque ante los ojos de la opinión pública aparece como un escándalo”.

Incluso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aprovechó de lanzar un sutil dardo, al señalar a la prensa: “yo tengo un auto del 2015 y funciona bien”.