“Persona no grata” en su tierra natal: Evo Morales fue repudiado en Oruro por los bloqueos de carretera de sus seguidores

Las instituciones cívicas del departamento donde nació el líder del MAS consideran que las protestas que llevan 10 afectan a la economía y a la cultura de la región, donde se celebra uno de los carnavales más tradicionales de Sudamérica

Infobae

Las instituciones cívicas del departamento de Oruro, del que es oriundo el ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), declararon al líder político “persona no grata” al considerar que los bloqueos que sostienen sus afines hace 10 días afectan la economía y cultura de esa región.

Oruro está a pocos días de comenzar los festejos del carnaval, declarado Patrimonio de la Humanidad y uno de los más importantes de Sudamérica, aquejada por la protesta que ha dejado prácticamente aislados al oriente y occidente del país.

“Declarar persona no grata al Sr. Juan Evo Morales Ayma; cuya ambición no mide ni formas ni consecuencias”, señala un pronunciamiento firmado por los representantes del Comité Cívico, el Bloque de Unidad Oruro y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), entre otras.

Los bloqueos de los seguidores de Morales son para exigir elecciones judiciales, y se suma la molestia de la Sentencia Constitucional que dicta que la reelección no es indefinida y “no es un derecho humano”. Esta fallo inhabilita al ex mandatario para buscar la presidencia en 2025.

El texto apunta al jefe del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) por afectar “gravemente” la economía, identidad, cultura y patrimonio de los orureños.

Fotografía de un bloqueo durante una protesta que pide la renuncia de los altos magistrados del país que extendieron su mandato luego de la postergación de los comicios judiciales en Cochabamba (EFE/Jorge Abrego)

La nota enfatiza que el Carnaval de Oruro es “uno de los mayores polos de economía” local, puesto que el año pasado generó alrededor de 260 millones de bolivianos (37,7 millones de dólares) en hotelería, gastronomía, comercio y transporte, cuando en ese departamento el 85 % de la población depende de la economía informal.

El carnaval debe comenzar este sábado con el “Festival de bandas”, que reúne a miles de músicos que interpretan al unísono los ritmos típicos del país, y tendrá su máximo esplendor una semana después con la gran entrada folclórica que finaliza en el santuario de la Virgen del Socavón, a la que asisten decenas de miles de visitantes.

Las organizaciones cívicas de Oruro pidieron a la Fiscalía que inicie procesos “penales y civiles” para que se respete el derecho al libre tránsito de la población y las actividades del carnaval no sufran contratiempos.

“¡La reelección indefinida no es un derecho humano! ¡Evo Morales Ayma es enemigo de los orureños y de la patria!”, finaliza el comunicado.

Morales nació en la comunidad indígena de Orinoca, en Oruro, aunque vivió y desarrolló gran parte de su vida política en el Trópico de Cochabamba.

Pasajeros en las terminales de buses afectados por los bloqueos (EFE)

Crisis judicial

Los bloqueos de caminos que hace 10 días se concentran el departamento central de Cochabamba, exigen la renuncia de los magistrados y consejeros de los principales tribunales del país y que el Parlamento convoque a las elecciones judiciales.

El Gobierno de Luis Arce señaló que la obstrucción de carreteras generaron hasta el momento unos 680 millones de pérdidas.

En diciembre pasado, los jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ampliaron su mandato y el de los magistrados y consejeros de las principales cortes del país para evitar un “vacío de poder” hasta que se realice una nueva elección judicial.

La molestia de los seguidores de Morales también se debe a que el Constitucional dictó, a finales de 2023, una sentencia que establece que la reelección indefinida “no es un derecho humano” y solo se aplica en Bolivia por “una única vez”, lo que afecta a Evo Morales en su intención de ser candidato en 2025.

Morales gobernó Bolivia en 2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019.

Actualmente, una comisión del Legislativo conformada por las fuerzas del oficialismo y la oposición trabajan para consensuar una ley que llame a los comicios judiciales.

La Constitución establece las elecciones judiciales por voto popular cada seis años, con postulantes previamente seleccionados por la Asamblea Legislativa.