La justicia de Brasil condenó a tres empresas a pagar 9.700 millones de dólares por la rotura de una presa en 2015

El colapso de la presa provocó una gigantesca avalancha de lodo que mató a 19 personas y contaminó gravemente el río Doce en el sureste del país

Infobae

Un juez brasileño dictaminó que las mineras Vale VALE3.SA y BHP BHP.AX, y su empresa conjunta Samarco, deben pagar 47.600 millones de reales (9.670 millones de dólares) en concepto de reparación de daños por la rotura de una presa de relaves en 2015, según un fallo judicial del jueves al que accedió Reuters.

Vale y Samarco no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. BHP dijo que no había sido informada por el poder judicial sobre la decisión.

El colapso de la presa en el municipio de Mariana, en el sureste de Brasil, provocó una gigantesca avalancha de lodo que mató a 19 personas y contaminó gravemente el río Doce, comprometiendo la vía fluvial hasta su desembocadura en el océano Atlántico.

La represa, construida para albergar los lodos resultantes de la extracción de óxidos de hierro de las grandes minas de la región, se conocía como el “Fundão” y estaba gestionada por Samarco Mineração SA, una empresa conjunta de los gigantes Vale SA y BHP Billiton.

No quedó claro de inmediato qué parte del total debe cada empresa.

La fundación Renova, utilizada por las empresas para pagar parte de las reparaciones, había pagado hasta septiembre de 2023 33.400 millones de reales, según declararon previamente las empresas.

Pasaron ocho años cuando toneladas de barro sepultaron un pueblo entero, el de Bento Rodrigues, en el estado de Minas Gerais. (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)

Desastre de Mariana

El accidente que ha pasado a la historia como el desastre de Mariana - llamado así por la localidad donde se encontraba la mina - fue la mayor catástrofe medioambiental de la historia de Brasil. En total, cerca de 1,5 millones de personas se vieron afectadas directa o indirectamente por el mar de barro, y 19 perdieron la vida. En la actualidad, 700.000 víctimas luchan en los tribunales para obtener una indemnización completa por los daños sufridos.

El Movimiento de Afectados por Represas (MAB) lideró la campaña Revida Mariana, cuyo objetivo es que este trágico crimen medioambiental no caiga en el olvido.

“La gran mayoría de la sociedad cree que el problema está resuelto, que ya no es una cuestión socioambiental central en Brasil. Estamos hablando del mayor crimen minero de la historia del mundo, un crimen ambiental sin precedentes que prácticamente ha destruido toda la quinta cuenca hidrográfica de nuestro país”, afirmó Heiter Boza, coordinador nacional del MAB y uno de los portavoces de la campaña Revida Mariana.

FOTO DE ARCHIVO: Un rescatista toca la cara de un caballo mientras intenta salvarlo en el distrito de Bento Rodrigues, que quedó cubierto de barro después de que una presa propiedad de Vale SA y BHP Billiton Ltd explotara en Mariana, Brasil, el 6 de noviembre de 2015. REUTERS/Ricardo Moraes/Foto de archivo

Las cifras de los distintos informes a lo largo de los años son alarmantes. El derrumbe de la represa liberó más de 50 millones de metros cúbicos de material tóxico, residuos de mineral de hierro y sílice en 41 poblaciones y tres reservas indígenas, en una superficie equivalente a más de 220 campos de fútbol.

Además de las personas que lo perdieron todo, también sufrieron la flora y la fauna. Se calcula que unas 400 especies se vieron afectadas por el impacto del lodo tóxico.

En 2019, un desastre similar arrasó la ciudad de Brumadinho, también en Minas Gerais. El balance fue aún más trágico, 272 muertos y 22 desaparecidos. Vale, que gestionaba el lugar, pagó 7 millones de dólares en indemnizaciones.

Según una investigación realizada por el Ministerio Público de Minas Gerais, el estado cuenta con 352 presas, el 39% de todas las estructuras registradas en Brasil. Una ley con el emblemático nombre de “Mar de Barro Nunca Más” estipulaba que las presas construidas con el método aguas arriba, es decir, apoyadas sobre los mismos escombros depositados, debían desmantelarse antes de febrero de 2022, pero la mayoría no respetó el plazo. El incumplimiento masivo de la ley llevó al gobierno de Minas Gerais y al Ministerio Público a firmar un acuerdo de compromiso que flexibilizó el calendario. Se convirtió en el programa de “no desmantelamiento”.