Ecuador, país en guerra

El incremento sostenido de la violencia en las principales ciudades ha obligado al gobierno a declarar el estado de excepción, suspender cuatro derechos constitucionales y desplegar las fuerzas armadas

Patricio Haro Ayerve, Infobae

El incremento sostenido de la violencia en las principales ciudades de Ecuador, especialmente en las ciudades portuarias, ha diseñado un mapa de inseguridad que en los últimos días llegó a su punto culminante, de tal manera que al gobierno nacional, presidido por Daniel Noboa, no le quedó otra alternativa que declarar el estado de excepción con el cual se suspendieron cuatro derechos constitucionales y se dispuso el empleo de las fuerzas armadas para controlar la acción de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).

El estado de excepción se decretó también con la finalidad de dar con el paradero de alias “Fito”, un líder de varias organizaciones criminales, preso en una cárcel de alta seguridad de la cual se fugó sin dejar rastro. La respuesta de los GDO controlados por Fito no se dejó esperar e inmediatamente, en seis centro penitenciarios del país ubicados en las principales ciudades y que recluyen a delincuentes de alta peligrosidad, hubo amotinamientos con toma de rehenes, acciones simultáneas en todas las cárceles en las que se dio lectura al mismo comunicado por parte de los delincuentes amotinados.

La toma violenta de un canal de televisión estatal en la ciudad de Guayaquil, por trece encapuchados armados, fue el detonante que obligó al gobierno a considerar la situación de guerra interna que vive el país. La guerra interna, como la guerra convencional, no requiere de un estado de excepción para que las fuerzas armadas se empleen en defensa de la soberanía y de la integridad territorial que es su mandato constitucional. El estado de guerra que vive el país está sujeto al cumplimiento del marco legal que regula los conflictos armados, los Convenios de Ginebra, el Derecho internacional en los Conflictos Armados y el Derecho Internacional Humanitario.

Al reconocerse la existencia de un conflicto armado en Ecuador, las fuerzas armadas se emplean bajo la vigencia de los principios de la guerra (Ministerio Defensa Ecuador/Handout via REUTERS)

La guerra que vive Ecuador tiene un objetivo político y varios objetivos militares. El objetivo que busca alcanzar el representante del poder político del Estado ecuatoriano está claramente especificado en la misión entregada a las Fuerzas Armadas: “...ejecutar operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos, para neutralizar a los grupos identificados en el artículo 4 del presente Decreto Ejecutivo”. Las fuerzas armadas emplearán toda su capacidad bélica para cumplir la misión encomendada por el Presidente de la República, y así se convierten en el actor estatal protagonista de esta guerra declarada.

El actor no estatal, mencionado en el decreto ejecutivo, que enfrenta al Estado ecuatoriano, son los 22 GDO tienen como objetivo cooptar al Estado. Estos grupos están vinculados con las 462 organizaciones delictivas identificadas que actúan en todo el mundo y como tales, se fortalecen y multiplican permanentemente, constituyéndose en parte del crimen internacional organizado y en una amenaza para el Estado ecuatoriano, calificada así por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), la máxima autoridad en asuntos de seguridad, en abril del pasado año.

Al reconocerse la existencia de un conflicto armado en Ecuador, las fuerzas armadas se emplean bajo la vigencia de los principios de la guerra y no bajo norma que regula el uso progresivo de la fuerza; por lo tanto, ellas tienen la obligación de emplear toda su capacidad de combate para cumplir la misión dada por el Presidente de la República en beneficio de la seguridad de los ecuatorianos, de la región y del mundo.

Ante la situación vivida en Ecuador, el Cuerpo Diplomático acreditado en el país presentó su respaldo al Presidente Noboa y ofreció, en algunos casos, todo el apoyo necesario para librar esta guerra. Sin embargo, no es solo un conflicto que amenaza al país, es una amenaza que atenta contra todos, por lo que la responsabilidad de todos los Estados afectados por el tráfico ilícito de drogas es enfrentarla, y la única forma de hacerlo es mediante la organización y conformación de una coalición internacional, ya que para amenazas comunes, respuestas comunes.

Cumpliendo su responsabilidad con su población, con la de la región y la del mundo, Ecuador, hoy, es un país en guerra.