Un hombre que abusó sexualmente de un menor de 12 años podría ser condenado a la pena de muerte

Es la primera vez en la historia moderna de Florida que un fiscal busca la pena capital por un cargo distinto al asesinato.

Mariano Terranova, Infobae

En un caso sin precedentes en Florida (Estados Unidos), Joseph Andrew Giampa, de 36 años, podría convertirse en el primer individuo en enfrentar la pena de muerte por un delito sexual contra un menor. El caso se enmarca en una nueva ley impulsada por el gobernador Ron DeSantis que permite que los fiscales soliciten la pena capital en casos de abuso sexual a niños menores de 12 años.

Giampa fue acusado de agresión sexual a un menor después de presuntamente haber grabado un video mientras abusaba de un niño. La Oficina del Fiscal del Estado, William Gladson, presentó una notificación de intención de buscar la pena de muerte para Giampa, citando la “severidad del crimen y su impacto en la comunidad”, según reportó el Tampa Bay Times. La decisión del investigador implica la aplicación formal de la ley promovida por DeSantis.

La legislación, firmada en abril, establece que un jurado puede recomendar la pena de muerte para la agresión sexual a un niño menor de 12 años con un voto de al menos 8-4. Cuando en abril DeSantis promulgó la norma, afirmó que su gobierno estaba “autorizando la pena de muerte para violadores de niños. Mi punto de vista es que hay algunas personas que serán violadores seriales de niños de seis, siete años. Creo que la pena de muerte es el único castigo apropiado cuando tienes situaciones así”, dijo el candidato presidencial a una estación de radio en Orlando.

Ron DeSantis (REUTERS/Brian Snyder)

La ley, que entró en vigor el 1 de octubre, fue aprobada con apoyo tanto de republicanos como de demócratas y firmada poco después por DeSantis. Es la primera vez en la historia moderna de Florida que un fiscal busca la pena capital por un cargo distinto al asesinato.

“La decisión de perseguir la máxima pena refleja la gravedad de los cargos y el compromiso de la Oficina del Fiscal del Estado en responsabilizar a los criminales por sus acciones”, se lee en la declaración del fiscal. La oficina de Gladson citó cuatro circunstancias agravantes que, en su opinión, califican la muerte como un castigo apropiado para el presunto crimen de Giampa. Los fiscales argumentaron que el crimen se cometió por ganancia pecuniaria y que fue especialmente atroz y cruel.

Giampa fue arrestado en noviembre en el condado de Lake, Florida. Una declaración jurada del arresto indica que el abusador fue interrogado en su casa el 2 de noviembre por los agentes del Sheriff del condado de Lake. El presunto violador mostró a los agentes su computadora portátil, en la cual tenía un video que, según la declaración jurada, muestra a un hombre abusando sexualmente de un niño mientras grababa el acto. Parte del video mostró al hombre colocando la cámara y moviéndose frente a ella, lo que permitió a la policía identificar al sospechoso como Giampa. Ha estado detenido en la cárcel del condado de Lake desde su arresto el mes pasado.

En 1977, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que castigar la violación con la pena de muerte violaba los derechos de la Octava Enmienda de los criminales, que protege a los ciudadanos contra castigos crueles e inusuales. Nuevamente, en 2008, en un fallo de 5-4, la Corte Suprema estadounidense sostuvo que la prohibición de la Octava Enmienda sobre castigos crueles e inusuales impedía la pena de muerte para violadores de niños.

Sin embargo, DeSantis promulgó la ley como parte de su agenda de mano dura contra el crimen, que ha impulsado a lo largo de su campaña presidencial, en la que el principal candidato republicano es el ex presidente Donald Trump. El gobernador de Florida ha criticado las políticas de “mano blanda contra el crimen” y la “ideología woke” en otros estados mientras promueve su propia visión para Estados Unidos.