El Esequibo: las claves del conflicto territorial que enfrenta a Venezuela y Guyana desde hace más de un siglo
El régimen de Maduro convocó a un referendo no vinculante para reafirmar la soberanía venezolana sobre la zona, mientras que en la ex colonia británica esperan una decisión de la Corte Internacional de Justicia
La disputa se remonta al período colonial, cuando el territorio estuvo bajo el dominio de España, Holanda y Gran Bretaña, sin que se definieran claramente sus límites.
En 1777, el imperio español fundó la Capitanía General de Venezuela, que incluía el territorio del Esequibo. Tras la independencia de Venezuela en 1811, esta extensión territorial siguió siendo parte del país caribeño.
Sin embargo, en 1814, Gran Bretaña adquirió la Guayana Británica, mediante un tratado con los Países Bajos. Este acuerdo no especificaba la frontera occidental de la Guayana Británica, lo que generó un conflicto territorial con Venezuela.
En 1840, el Reino Unido encargó al alemán Robert Shomburgk, que había explorado y estudiado la flora de la región, a trazar un mapa con las fronteras de la Guayana británica y los países vecinos, entre ellos Venezuela.
Dicha línea fronteriza reclamaba cerca de 80.000 kilómetros cuadrados adicionales para la Guayana Británica. Venezuela, por su parte, rechazó esta demarcación y la consideró írrita, nula y una violación de su soberanía.
Un año después (1841), el presidente venezolano José Antonio Páez denunció una presunta expedición británica en el territorio venezolano desde Guyana y pidió la intervención de Estados Unidos que presionó a Gran Bretaña para que aceptara someter el caso a un arbitraje internacional. En 1897, ambos países se comprometieron a resolver la disputa en una corte en Francia.
Dos años más tarde, se dictó el Laudo Arbitral de París (1899), que adjudicó el Esequibo a Gran Bretaña, con el supuesto consentimiento de Venezuela. Sin embargo, en 1962, Venezuela presentó ante las Naciones Unidas (ONU) una demanda alegando que el laudo fue resuelto de manera fraudulenta, ya que hubo complicidad entre los delegados británicos y el juez ruso que determinó el fallo.
El Acuerdo de Ginebra firmado en 1966 sentó las bases para resolver pacífica y negociadamente el conflicto entre Venezuela y el Reino Unido, que se extendería a Guyana una vez que esta se independizara poco tiempo después. El acuerdo fijó un plazo de cuatro años para hallar una solución aceptable para las partes, pero este plazo se ha prorrogado indefinidamente.
Bajo la mediación del para entonces Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Eric Williams, Venezuela, Guyana y el Reino Unido formalizaron el 18 de junio de 1970 el Protocolo de Puerto España. Este acuerdo estableció un lapso de 12 años, a partir de la firma, en el cual “no se procedería con ninguna reclamación derivada de las disposiciones del artículo 1 del Acuerdo de Ginebra, y se suspendería el artículo 4 de dicho acuerdo”.
En 1986 ambas partes recurrieron nuevamente a las Naciones Unidas con el fin de resolver la disputa, llegando a un consenso sobre la designación de un mediador imparcial. En esta instancia, se nombraron tres mediadores sucesivos. El último de ellos, Norman Girvan, murió en 2014 sin haber logrado avances significativos en la resolución del conflicto territorial.
Años más tarde, durante el mandato del fallecido Hugo Chávez (1999-2013), el diferendo se congeló, debido a las buenas relaciones entre el “líder de la revolución bolivariana” y Georgetown, la capital de Guyana.
En 2004, Chávez sorprendió al declarar que Venezuela no se opondría a ningún proyecto de Guyana en beneficio de su pueblo, ni a que empresas extranjeras explotaran recursos en el Esequibo, lo que fue interpretado como una cesión del territorio por parte de Venezuela.
“El gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área”, dijo Chávez.
“El asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países”, afirmó.
El reclamo de Venezuela sobre el territorio del Esequibo también se debilitó en el año 2006 en la estrategia internacional del régimen de Chávez de buscar el respaldo de los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros foros regionales.
En 2015, las tensiones escalaron tras el descubrimiento de depósitos petrolíferos en la zona marítima del Esequibo por parte de la compañía estadounidense ExxonMobil, con el respaldo de Guyana. Venezuela protestó por esta acción y denunció una violación de su soberanía.
Ante la falta de avances en el mecanismo de buenos oficios de la ONU, el secretario general de este organismo, António Guterres, decidió en 2018 remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que esta se pronunciara sobre la validez del laudo de 1899.
Guyana aceptó la decisión de la ONU y presentó una demanda ante la CIJ, solicitando que se confirme la validez del laudo y que se declare la soberanía de Guyana sobre el Esequibo. Venezuela, en cambio, rechazó la decisión de la ONU y se negó a participar en el proceso ante la CIJ, alegando que este tribunal no tiene jurisdicción para conocer el caso, y que el único mecanismo válido es el acuerdo de 1966.
En 2020, la CIJ inició el proceso para determinar si tiene o no competencia para resolver el conflicto. En noviembre de ese año, se celebraron audiencias virtuales, en las que Guyana expuso sus argumentos a favor de la jurisdicción de la CIJ, y Venezuela presentó una carta reiterando su posición contraria.
Un mes después, la CIJ dictó una sentencia en la que se declaró competente para conocer el caso, basándose en la decisión del secretario general de la ONU y en el principio de la igualdad soberana de los estados.
También invitó a las partes a presentar sus alegatos escritos sobre el fondo de la controversia. Guyana celebró la decisión y anunció que presentaría sus alegatos en el plazo establecido. Venezuela anunció que no participaría en el proceso, al considerarlo ilegal e ilegítimo.
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En septiembre de este año, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo convocó a un referendo con el fin de consultar a los venezolanos si respaldan la reclamación del Esequibo y si rechazan la actuación de la CIJ.
“¿Apoya usted la defensa irrenunciable e indivisible de los derechos de soberanía de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba, y rechaza la pretensión de la Corte Internacional de Justicia de decidir sobre la controversia territorial entre Venezuela y Guyana, sin el consentimiento previo y expreso de ambas partes, tal como lo establece el Acuerdo de Ginebra de 1966?”, es una de las 5 preguntas del referendo no vinculante de este domingo.
La consulta ha sido cuestionada por diversos sectores de la oposición, que la consideran una maniobra política para distraer la atención de la crisis económica y social que vive el país, y para legitimar al régimen de Maduro, que no es reconocido por más de 50 países.
La líder de la oposición María Corina Machado, pidió el miércoles suspender el referendo consultivo sobre el Esequibo al considerar que podría dañar la posición de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
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“Quiero apelar a la sensatez de todos los venezolanos civiles y militares (…) el referendo sobre el Esequibo debe suspenderse”, dijo Machado en una rueda de prensa.
La candidata presidencial, que se enfrentará a Maduro en las elecciones previstas para el año que viene, propuso conformar un equipo de expertos de diversas disciplinas y nacionalidades para defender los derechos de Venezuela sobre el Esequibo ante la corte internacional.
“Si el régimen no sabe o no quiere defender el Esequibo, nosotros sí”, afirmó Machado.
Este viernes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó al régimen de Venezuela que se abstenga de tomar medidas que puedan agravar el conflicto fronterizo con Guyana por el Esequibo. La CIJ, que está estudiando la validez de un laudo arbitral de 1899 que otorgó el Esequibo a Guyana, emitió una sentencia provisional en la que instó a las partes a mantener el statu quo en el territorio.
“Por unanimidad, en espera de una decisión final en el caso, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de tomar cualquier acción que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio”, dijo la jueza Joan E. Donoghue, presidenta de la CIJ.
“Ambas partes se abstendrán de realizar cualquier acción que pueda agravar o prolongar el litigio ante el Tribunal o dificultar su resolución”, agregó.
