Fiscalía acusa formalmente a Jeanine Áñez por Senkata-Sacaba y pide 30 años de cárcel
Lanchipa indicó que, por la gravedad de los delitos, se está solicitando 30 años de cárcel para todos los implicados.
En estos casos, se investigaron los hechos de represión militar y policial contra manifestantes, cuando Jeanine Áñez era presidenta del Estado.
Según la versión de Lanchipa, Áñez asumió la presidencia el 12 de noviembre de 2019 sin haber seguido el hilo de sucesión constitucional, mientras que los manifestantes ejercieron su derecho a la protesta pacífica reclamando por el ultraje a la wiphala y en defensa de las mujeres de pollera.
En el caso Sacaba, se investigaron los hechos del 15 de noviembre de 2019, cuando la represión dejó 10 muertos por impacto de bala en el puente Huayllani, al intervenir una marcha de interculturales que se dirigía a Cochabamba.
En ese caso, la Fiscalía afirma que se ordenó la represión sin mediar circunstancia alguna que amerite esta intervención. Asimismo, señaló que Áñez tomó contacto con el alto mando de las Fuerzas Armadas, así como de la Policía, por lo cual infiere que "asumió el control absoluto" del operativo llevado a cabo.
En el caso Senkata, se investigaron los hechos del 19 de noviembre en El Alto, donde fallecieron 10 personas.
Según la Fiscalía, manifestantes bloquearon a la planta de Senkata, en demanda de respeto al voto ciudadano, rechazo a las ofensas vertidas a los símbolos patrios, además del "descontento generalizado por el ejercicio de las funciones de presidente del Estado de la señora Jeanina Áñez".
La represión armada se dio en este caso después de que las fuerzas del orden realizaron una operación de exfiltración, para abrir el paso a los combustibles desde la planta de Senkata. Se usó armas de guerra contra los manifestantes.
Según Lanchipa, "la operación de exfiltración fue ejecutada por los entonces ministros de Estado: Carlos Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio y Víctor Hugo Zamora Castedo, con la aquiescencia de Jeanine Añez.
Los acusados del caso Sacaba son Jeanine Añez Chávez, sus exministros Luis Fernando López, Arturo Murillo; Sergio Carlos Orellana, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Pablo Arturo Guerra, exjefe del Estado Mayor; Ciro Orlando Álvarez Guzmán, excomandante de la Fuerza Aérea; Moisés Orlando Mejía Heredia; excomandante de la Armada; Iván Patricio Inchauste Rioja, excomandante del Ejército; Aldo Bravo Méndez, exinspector de las Fuerzas Armadas; Alfredo Cuéllar, excomandante del SEO Central de Cochabamba; Fuad Ramos Espinoza, excomandante de la Séptima División de Ejército; Oscar Armando Caba, excomandante de la Segunda Brigada Aérea; Boris Christian Pastor, excomandante del Grupo Aéreo 92; France Vargas González, exsubcomandante del Grupo Aéreo 92; Osvaldo Cuadros Rojas, excomandante del regimiento 18 Victoria; Israel Rojas Valverde, exjefe de del equipo del grupo contra actos de interferencia ilícita; Rodolfo Antonio Montero, excomandante general de la Policía; Jaime Edwin Zurita Trujillo, excomandante departamental de la Policía boliviana.
En el caso Senkata se acusa a Jeanine Áñez Chávez, sus exministros Luis Fernando López, Arturo Murillo y Víctor Hugo Zamora; Luis Fernando Valverde, exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; Sergio Carlos Orellana, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Pablo Arturo Guerra, exjefe del Estado Mayor; Aldo Bravo Méndez, exinspector de las Fuerzas Armadas; Moisés Orlando Mejía Heredia, excomandante de la Armada; Ciro Orlando Álvarez Guzmán, excomandante de la Fuerza Aérea; Iván Patricio Inchauste Rioja, excomandante del Ejército; Franko Orlando Suárez González, excomandante de la Mecanizada; Julio César Tamayo Rivera, exsubjefe del Departamento Tercero Logística; Miguel Eduardo Santiesteban, subcomandante del regimiento de satinadores; Alfredo Mario Irrazabal, exsubcomandante de la Escuela de Cóndores; Rodolfo Antonio Montero, excomandante de la Policía; Julio William Cordero, excomandante departamental de La Paz; Iván Rojas, excomandante regional de la Policía.
